Soberanía en el mar: pese a queja de empresas y gobernadores, Milei insiste con abrir la pesca a firmas extranjeras
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La polémica en torno a la decisión del gobierno de Javier Milei de quitarle exclusividad a las compañías pesqueras locales en el Mar Argentino sigue ganando altura. Ocurre que, tras los dichos del ministro del Interior Guillermo Francos respecto de revisar los puntos de la Ley ómnibus que, precisamente, borraba por completo la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y abría esa área a los capitales foráneos –incluida la controvertida flota china que hoy saquea calamares y otras especies en el Atlántico Sur–, Presidencia ratificó que "no ha cambiado nada" de lo propuesto en el proyecto presentado al Congreso.
Fue a través de Manuel Adorni, vocero de Milei, que el Ejecutivo reafirmó su postura de sostener la apertura de la pesca en aguas nacionales a compañías de capital extranjero. El funcionario sostuvo que el Gobierno "no ha cambiado nada" respecto de las modificaciones a la Ley de Pesca. Y que se mantendrá el "espíritu" de "promover la libertad, la competencia y que aumente la producción" del sector.
El portavoz se refirió a la reunión que el ministro Guillermo mantuvo con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, respecto de las preocupaciones expresadas sobre las modificaciones al Régimen Federal de Pesca contempladas en el proyecto de ley "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".
En ese sentido, sostuvo que hubo una "mala interpretación que el ministro Francos se ha encargado de despejar". "Estamos en contra de la pesca ilegal, pero estamos a favor del orden, la competencia y que la producción aumente", dijo Adorni.
Milei propone el fin de la Zona Económica Exclusiva
La propuesta del Gobierno de Milei para atraer a los capitales internacionales desintegra el régimen que establece 200 millas de pesca exclusiva para compañías argentinas. Semejante cambio encendió las críticas y la oposición de gobernadores y empresarios locales, que entienden a la propuesta del oficialismo como una puerta al saqueo de los recursos ya dentro del Mar Argentino y la pulverización de la actividad pesquera doméstica.
Esta semana, el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, y sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck, de Santa Cruz, Claudio Vidal, de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Neuquén, Rolando Figueroa, emitieron un comunicado conjunto señalando que las modificaciones pautadas en la Ley Ómnibus "afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros".
Se pronunciaron en contra de aspectos como la "modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos, (lo cual generaría) competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina".
Los mandatarios señalaron que el marco previo a los cambios impulsados en la Ley Ómnibus fija, en el artículo 25° del Régimen Federal de Pesca de la Ley 24.922, la obligación de "descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo argentino".
"Hoy por hoy hay miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística, pero con la derogación de dicho artículo nuestros recursos se podrían descargar fuera del país, lo que afectaría considerablemente a la industria nacional en términos laborales y económicos", explicaron.
Los artículos que preocupan a los gobernadores
Otra modificación que propone el Gobierno refiere al artículo 27° del Régimen de Pesca. Dicho marco señala que, para acceder a los distintos cupos de especies, debe considerarse el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos.
"La modificación propuesta en la nueva ley indica que nada de todo esto tendría ya valor, sino que quedaría sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, dando lugar así a una competencia absolutamente desigual", afirmaron los gobernadores.
Finalmente, otro artículo que se propone dar de baja es el 40° de la Ley 24.922, el cual establece que el 75 por ciento del personal embarcado debe ser de nacionalidad argentina o acumular diez años de residencia en el país.
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"A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, quienes no estarían alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, y esto afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región", concluyeron los mandatarios provinciales.