Alquileres, imposibles: salto récord en octubre, pronóstico de más subas y críticas de inmobiliarias a Senadores
Los cambios al proyecto de modificación de la ley de alquileres aprobados recientemente en la Cámara de Senadores concentran el rechazo de los comercializadores, quienes entienden que mantener el régimen de contratos por tres años y un índice de actualización ligado a la inflación continuará complicando las posibilidades de que la oferta de inmuebles exhiba algún tipo de recuperación. En medio de las críticas por esos aspectos, octubre inició con un incremento en las actualizaciones del orden del 116 por ciento, pero en el sector anticipan subas más potentes a partir de la inflación predominante. En las inmobiliarias sólo se cierran prórrogas de tres a seis meses con actualizaciones de los valores de los contratos.
CUCICBA, el colegio que integra a los corredores inmobiliarios de Capital Federal, salió fuerte a rechazar los cambios avalados en Senadores señalando que mantener un régimen similar al actual no cambiará el escenario de salida de propiedades del mercado locativo que predomina a nivel país.
Las inmobiliarias demandan acortar plazos y libre pactación
A través de un comunicado al que accedió iProfesional, la entidad sostuvo que el proyecto de modificación "no brinda una solución a la problemática, y, de efectivizarse, provocaría una situación aún peor que la generada por el actual ordenamiento legal del mercado".
"Manteniendo los contratos con un plazo mínimo de tres años y determinando un índice de actualización que es la mitad de la inflación real, la norma provocaría una caída aún mayor de la oferta, profundizando la actual crisis, que ya es la peor en la historia del sector", afirmó Marta Liotto, titular de la organización.
"Apelamos a todos los diputados a que hagan valer el proyecto al que ellos mismos le brindaron aprobación, a fin de poder avanzar, de una vez por todas, con una reforma de la ley de alquileres que efectivamente brinde una solución a la terrible crisis que estamos viviendo", añadió.
La semana pasada, Senadores aprobó una propuesta del oficialismo que mantiene en tres años la duración de los contratos y establece el ajuste de valores a partir de la fórmula Casa Propia, el mecanismo de actualización que rige para los Procrear.
En la vereda de enfrente, el sector inmobiliario pide acortar los contratos a un lapso de dos años y ajustes cuatrimestrales de los valores. Demanda, también, la pactación de los montos entre propietarios e inquilinos sin intervención del Estado.
Octubre inició con otro aumento récord
En simultáneo a esta situación, octubre dio comienzo con un salto en el valor de las actualizaciones que marcó un nuevo récord en la escala de subas: 116 por ciento, según indicaron a iProfesional fuentes del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI).
"El inconveniente también está en que no hay viviendas para aquellos inquilinos que desean mudarse. A quienes se les vence el contrato prácticamente no les queda otra opción que pedir una prórroga", dijo Liotto a este medio.
"La prórroga es una herramienta legal que está siendo muy utilizada en estos tiempos. Sobre todo, en aquellos casos en que los ocurren contratos que finalizan y los inquilinos deben encontrar como sea otra propiedad. En general, este tipo de extensiones, que también implican una actualización del valor del contrato, se realizan por períodos de tres o seis meses", explicó.
La directiva remarcó que el contexto de dificultades que atraviesan los inquilinos es hijo directo de la desaparición de la oferta que provocó el marco legal vigente.
"Desde el Colegio Inmobiliario siempre advertimos que la pérdida del stock, que hoy es prácticamente nulo, sería la consecuencia lógica de la norma. Esta situación que se agravó a la par de una situación económica agravada y que presenta índices de actualización de los alquileres cada vez más altos", sostuvo Liotto.
La entrevista expuso como salida a esta instancia de oferta prácticamente inexistente el impulso a un "shock de oferta" a partir de, como plantea todo el sector de las inmobiliarias, el acortamiento de los plazos de contratos y la pactación liberada fijada en el proyecto de modificación de la ley que obtuvo su aval en la Cámara de Diputados y luego chocó de frente con la decisión en Senadores.