El resultado electoral condiciona el futuro de las mayores concesiones de autopistas
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Más allá de haber recurrido a dos tribunales internacionales para defender la continuidad de dos de sus empresas controladas en la Argentina, Abertis apuesta a un cambio de gobierno en el país para evitar tener que litigar nuevamente en contra de la Argentina.
El holding de infraestructuras español es propietario de Autopistas del Sol (Ausol) y de Grupo Concesionario del Oeste (GCO) que operan las principales autopistas del país como son la Panamericana; el Acceso Oeste y también la Avenida General Paz.
¿Qué pasará con las autopistas si gana Bullrich o Milei?
En agosto pasado, Abertis dio un nuevo paso en la batalla legal que la enfrenta al gobierno de Alberto Fernández sobre la validez del contrato firmado en el 2018 con el ex presidente Mauricio Macri para extender el plazo de concesión por otros 10 años.
La administración kirchnerista siempre se opuso al acuerdo y, por orden del propio Presidente, presentó un pedido judicial para anular ambas concesiones para que sean reestatizadas.
En tanto, el grupo español no sólo se está defendiendo en los tribunales locales sino que también recurrió a foros judiciales extranjeros como la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Lo hizo el año pasado para reclamar que se reconociera la validez del contrato y se condenase a la Argentina a cumplirlo y pagar las sumas adeudadas.
Luego, en agosto pasado hizo lo mismo ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputas sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, porque el actual gobierno declaró nulos los contratos que dolarizaban las tarifas de los peajes, al alegar que le generaron un daño económico al Estado Nacional y a los usuarios calculado en u$s2.000 millones.
Incertidumbre electoral
La solicitud de arbitraje ya fue registrada por Abertis ante el organismo con sede en Washington. Pero la continuidad del juicio ahora quedó bajo la dependencia de los resultados de las elecciones presidenciales de próximo 22 de octubre.
En especial si gana Cambiemos y Patricia Bullrich reemplaza a Alberto Fernández para ocupar el sillón de Rivadavia, más que nada teniendo en cuenta que fue con esta fuerza política con la que Ausol y GCO acordaron los términos de la continuidad de sus concesiones hasta el 2030, además de otras cláusulas establecidas en el nuevo contrato.
En Estados Unidos, Abertis es representando legalmente por el bufete de abogados neoyorquino Freshfields Bruckhaus Deringer y el argentino Marval, O’Farrell & Mairal, mientras que Argentina se defiende a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.
El basamento de la denuncia es que Abertis considera que las actuales autoridades nacionales violaron el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina firmado por ambos países en 1991.
Existe un antecedente favorable a las dos compañías de Abertis cuando, el 30 de octubre del año pasado, el árbitro de emergencia designado por la CCI aceptó aplicar la medida solicitada por las concesionarias y ordenó al Gobierno argentino desistir en sus pretensiones de anular el contrato renegociado.
Está claro que más allá de este impacto judicial positivo, un eventual gobierno de Cambiemos debería anunciar que desiste de la demanda y acepta los términos del contrato que firmaron con Mauricio Macri.
Ahora bien, si los resultados electorales entregan un triunfo de Javier Milei está claro que el juicio también podría caducar, ya que el candidato del partido La Libertad Avanza es proclive a reducir el peso del Estado en todos los sectores de la economía, incluida la distribución de energía, la operación de carreteras y los servicios hídricos, que los entregaría al sector privado.
Como en este caso ya están en manos de operadores privados, las opiniones en el mercado son favorables al mantenimiento de Ausol y GCO en sus actividades.
Diferente será el casi improbable caso de que Sergio Massa pueda revertir los malos resultados de las PASO de agosto pasado y cambie en Ministerio de Economía por la Casa Rosada.
Está claro que el funcionario "no sacará los pies del plato" y mantendrá la demanda que impulsa el sector kirchnerista contra ambas sociedades europeas.
¿Otro caso YPF?
Lo grave de esta posibilidad es que el caso se convierta en algo similar al juicio que el Estado argentino perdió en Nueva York por la expropiación de las acciones minoritarias y la intervención del fondo Burford en contra de YPF y que llevará a que se tengan que pagar casi u$s16.000 millones a los demandantes.
En este caso cabe recordar que si bien la Argentina apelaría el fallo o pedir su suspensión hasta que asuma el nuevo gobierno, la jueza Loretta Preska cerró la demanda en su tribunal.
La magistrada determinó que al violar el estatuto de YPF, que establece que cualquier oferta por la mayoría accionaria de la compañía debía ser extensible a todos los accionistas, la Argentina violó también la ley de Nueva York, pues el estatuto está inscripto ante la Comisión de Valores de EEUU, lo que le permite cotizar en Wall Street.
Algo similar a lo que Abertis ya había reclamado ante el Ciadi en el 2015 contra la Argentina cuando recurrió al tribunal del Banco Mundial por el desequilibrio financiero que acumulaban las concesionarias ante la decisión oficial de congelar las tarifas, establecida en aquel momento por los sucesivos gobiernos kirchneristas.
De hecho, lo que permitió cerrar ese arbitraje fue la renegociación de los contratos del 2018, cuando Macri amplió las concesiones 12 años, hasta el 2030; reconocer los reequilibrios pendientes por u$s247 millones; reclamar un plan de inversiones adicional para mejorar la red por u$s250 millones; aplicar un nuevo esquema de revisión de tarifas y el cese de los procedimientos entre las partes.
Resultados financieros del grupo Abertis
Mientras tanto, ambas sociedades siguen operando sus concesiones y en lo que va del año han logrado revertir varios períodos de pérdidas que venían arrastrando e informando en sendos documentos enviados a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Por caso, en lo que va del primer semestre de este año GCO reportó una ganancia neta de $766 millones contra $516 de igual lapso del año pasado.
La empresa evidenció un aumento del tránsito equivalente pagante, logrando superar los niveles registrados durante el mismo período del 2022, 2021 y 2019 en un 7,40%, 36,5% y 25,8%, respectivamente.
El total de vehículos que abonaron peaje entre enero y junio pasados ascendió a 55,5 millones, de los cuales el 87,8% fueron livianos (categoría 2). Por otra parte, el uso del peaje dinámico aumentó un 3,7%, alcanzando en promedio el 69,5% de la recaudación total.
De todos modos, los ingresos por peaje comparados en moneda homogénea con el mismo período del año anterior registraron una disminución de un 38%, lo que para Ausol pone en evidencia, el no cumplimiento del régimen tarifario y el impacto de la inflación registrada en el período.
Ni siquiera con los aumentos tarifarios definidos por el Gobierno en mayo pasado con nuevos cuadros tarifarios para el Acceso Norte en dos tramos. El primero de un 50% y el segundo en agosto de otro 40% respecto del cuadro tarifario de mayo pasado.
"Los cuadros tarifarios propuestos son inferiores a los que habría debido aplicar en virtud de lo previsto en el Acuerdo Integral, reconociendo, incluso, un marcado retraso respecto de la inflación registrada en el mismo período. Al igual que los anteriores aumentos tarifarios, la Sociedad considerará los nuevos cuadros tarifarios como ajustes parciales a cuenta de lo que correspondería bajo la aplicación el Acuerdo Integral", detalla el informe de GCO.
Por su parte, en el mismo período Ausol ganó $2.126 millones contra los $321 millones del primer semestre del año pasado, con una importante recuperación del tránsito equivalente pagante, logrando superar los niveles registrados durante el mismo período del 2022, 2021 y 2019 en un 7,61%, 31,24% y 18,3%, respectivamente.
El total de vehículos físicos que abonaron peaje durante el presente ejercicio ascendió a 67,7 millones, de los cuales el 87,9% fueron livianos (categoría 2).
Pero, al igual que GCO, los ingresos por peaje comparados en moneda homogénea con el mismo período del año anterior registraron una disminución de un 38,82%.
Reclamos a futuro
Tanto desde Ausol como desde GCO anticipan que para los próximos meses pondrán el foco en continuar realizando todas las presentaciones necesarias en defensa de sus derechos tanto en el ámbito de la causa judicial por lesividad iniciada por el Estado Nacional como en el proceso de arbitraje ante el CCI.
"Teniendo en consideración el actual contexto en el que la Sociedad se encuentra obligada a operar, gran parte de los esfuerzos del ejercicio en curso se centrarán en la obtención y aplicación de los nuevos incrementos en la tarifa de peaje que, hasta tanto se acuerden los remedios contractuales, permitan ir recomponiendo el equilibrio de la ecuación económica contractual y, en cierta medida, paliar los efectos inflacionarios sufridos hasta la fecha", agrega el informe.