Energéticas estatizadas: tras incluir a ENARSA ahora Nación sumó a IMPSA para disponer el destino de las hidroeléctricas
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En la recta final del vencimiento de las concesiones privadas, el Gobierno nacional sigue moviendo las fichas y continúa colocando empresas con participación del Estado con vistas a asegurarse el control de al menos 17 concesiones que empezarán a vencer a partir del mes de agosto. Tras incluir a ENARSA en el futuro manejo de los complejos hidroeléctricos de Piedra del Águila y El Chocón, Nación ahora convocó a IMPSA para que participe de la evaluación de las centrales que en breve volverán al control estatal. La firma evaluará la situación operativa de, precisamente, ocho hidroeléctricas.
La decisión de integrar a dicha empresa corrió por cuenta de las secretarías de Industria y Desarrollo Productivo y de Energía. Según se informó de forma oficial, ENARSA e IMPSA iniciarán un "relevamiento estratégico" para "tener un panorama del estado de situación de los equipos de generación de energía y determinar las acciones a llevar adelante para optimizar su mantenimiento".
Durante la jornada del martes, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, la secretaria de Energía, Flavia Royon, y los presidentes de Enarsa, Agustín Gerez, y de IMPSA, Gabriel Vienni, mantuvieron una reunión en la que ultimaron detalles respecto de cómo se abordará la situación de las hidroeléctricas que volverán al Estado.
Hidroeléctricas: los contratos que vencen
El resultado del relevamiento de ENARSA e IMPSA, que toma como base los criterios conocidos y aplicados desde hace más de 20 años, otorgará una calificación comparativa entre equipamientos y centrales, y aportará registros comparables que permitirán actualizar futuras tareas de mantenimiento y rehabilitación.
De acuerdo a medios patagónicos, la labor de ambas empresas se combinará con el trabajo que el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (ETAHC) de la Secretaría de Energía viene realizando desde principios del año pasado.
Según datos aportados a iProfesional por fuentes ligadas a este proceso, antes de que concluya 2023 vencerán las concesiones de Alicurá, controlada hasta ahora por AES Alicurá, Planicie Banderita, bajo dominio de Orazul Energy, Piedra del Águila, operada por Central Puerto, y las centrales de El Chocón y Arroyito, ambas bajo control de Enel Generación.
Cronograma de vencimientos:
Si bien estos complejos ya fueron relevados, la decisión de Nación es profundizar la revisión y, en simultáneo, someter a evaluación las concesiones que concluirán ya en 2024. Esto es, las hidroeléctricas Los Nihuiles I, II y III, y Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, todas hoy bajo control de Pampa Energía.
También el año próximo vencerán las concesiones de Río Hondo y Los Quiroga, operadas hasta ahora por Apuaye.
Una disputa millonaria con Río Negro y Neuquén
Las provincias de Río Negro y Neuquén pretenden asumir el control de estas instalaciones con vistas a acceder a un negocio de explotación estimado en 800 millones de dólares anuales.
Desde hace meses, Río Negro reclama a la Secretaría de Energía casi 900 millones de pesos en concepto de regalías mal liquidadas. Neuquén, en tanto, señala que se le deben 1.164 millones. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en tanto, exige otros 1.000 millones de pesos, todos por deuda por el mismo concepto.
En la vereda de enfrente, el oficialismo argumenta que en tanto las represas "las pagó Nación en su momento", corresponde que la explotación de cada complejo regrese a ese actor.
En el transcurso de los próximos dos años, el sector hidroeléctrico transitará el vencimiento masivo de las concesiones otorgadas durante el período menemista. Hoy por hoy, se estima que la generación hidroeléctrica representa al menos el 20 por ciento del total del Mercado Eléctrico Mayorista.
Los contratos que vencen a partir de agosto suman 17 y en el oficialismo señalan que la vuelta al Estado también es consecuencia de la pronunciada falta de inversiones privadas en ese segmento.
"A lo largo de estos 30 años de concesiones, las empresas privadas no han reinvertido un solo peso para generar más energía hidráulica en Neuquén. Estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares de rentabilidades", afirmó a principios de año Oscar Parrilli, senador neuquino por el Frente de Todos y uno de los funcionarios que más presiona a favor de la estatización.