La violencia en Jujuy pone en riesgo la extracción futura de 40.000 toneladas de carbonato de litio
Las protestas violentas registradas en San Salvador de Jujuy entre militantes de izquierda, ambientalistas, miembros de organizaciones sociales y sindicales hicieron encender las alarmas en las sedes de las principales compañías mineras cuyos ejecutivos están observando la deriva de un conflicto que, de no solucionarse, puede congelar la llegada de importantes inversiones para la explotación del litio, mineral que es fundamental para la transición energética que encabezan las principales naciones industrializadas en medio del desarrollo de la cuarta revolución industrial.
Desde luego que los reclamos de representantes de los pueblos originarios y miembros de sindicatos estatales no se detienen solamente en el dominio de los territorios donde se habilitarán las explotaciones mineras sino que además protestan por las modificaciones en la Corte Suprema de Justicia provincial y la limitación de los escenarios de marchas y movilizaciones que prohíben los cortes de rutas nacionales y calles en la provincia del norte.
Sin embargo, el trasfondo de las protestas en la provincia administrada por el gobernador y titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, está relacionado con la actividad minera y la posibilidad de desarrollo de la sociedad jujeña a partir de la extracción de carbonato de litio.
Declaraciones realizadas a la prensa por la diputada nacional del Frente de Todos por Jujuy Carolina Moisés no hacen más que reafirmar esta hipótesis.
La legisladora alineada con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, sostuvo que "el trasfondo de la reforma constitucional provincial pasa por el manejo de la industria del litio" y acusó a Gerardo Morales, "de manejarse con la lógica de la extorsión".
Otros referentes de agrupaciones de izquierda expresaron a este medio que "…todo lo que hace Morales es producto de la extorsión. El trasfondo de la reforma es el manejo de la industria del litio en una provincia donde la gente de Morales cree tener la suma del poder público. Se bajaron algunos artículos, pero no se cambia en nada la explotación de los recursos naturales ni otros atropellos", aseguraron luego de las pedradas contra la Legislatura local.
Violencia en Jujuy: ¿está en riesgo la extracción de litio?
Una situación violenta que recuerda los graves incidentes de fines de 2021 en la ciudad de Rawson, capital de la provincia de Chubut, cuando grupos de activistas anti mineros lograron torcer las normas sancionadas legítimamente para regular la actividad.
Tras días de protestas, el gobernador chubutense, Mariano Arcioni, debió enviar a la Legislatura provincial la derogación de una ley minera que el mismo cuerpo legislativo había aprobado cinco días antes.
Durante esas tensas jornadas se produjeron hechos vandálicos contra las sedes de las instituciones republicanas en la capital provincial que incluyeron la toma y quema de la casa de gobierno en Rawson y el incendio de la redacción del diario El Chubut.
Hubo choques entre ambientalistas y efectivos policiales, balas de goma y heridos. Pero, finalmente, el lobby anti minero se impuso en esa zona de la Patagonia.
Este hecho guarda similitud con la fiebre que despertó el denominado "oro blanco": el litio en la provincia de Jujuy.
La reforma que la administración de Morales promocionó como "parcial" terminó modificando 193 de los 212 artículos de la Constitución promulgada en 1986 tras el regreso de la democracia.
Los cambios que generaron resistencia
A pesar de acceder a retirar dos artículos, el 50 y el 36, por el que los miembros de los pueblos originarios tenían dudas acerca de su aplicación y que estaban relacionados con la posesión de las tierras donde se encuentran recursos naturales preciados como el litio, pero, también, el cobre, los activistas decidieron intentar copar la sesión llevada adelante por los constituyentes para hacerla fracasar.
Precisamente, ese intento de copamiento desencadenó el accionar de las fuerzas policiales que derivó en una verdadera batalla campal con piedras, balas de gomas, gases lacrimógenos y enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre manifestantes y policías.
Uno de los puntos que más malestar ha causado entre los violentos militantes fueron las definiciones acerca de las tierras fiscales y su destino.
La nueva Constitución deja asentado en su artículo 74 que "la tierra es un bien de trabajo y de producción". Y, en el inciso segundo de ese artículo, se puntualiza que "la ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo al efecto, regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la Provincia".
El planteo de las comunidades indígenas, que vienen protagonizando protestas desde el fin de semana pasado, es que consideran muchas tierras fiscales como territorios propios no reconocidos como tales.
A propósito de quienes serán los encargados de administrar los recursos mineros la nueva Constitución es taxativa.
"Dominio originario de los recursos naturales"
Al referirse al "dominio originario de los recursos naturales", se "ratifica el pleno dominio y la titularidad exclusiva de la Provincia sobre los recursos naturales, biodiversidad, recursos genéticos y demás bienes ambientales comunes existentes en su territorio".
Además, "asegura la protección de los recursos naturales existentes en su territorio frente a cualquier injerencia indebida de la Nación, o de otras provincias".
Son estos artículos constitucionales los que más irritan a una militancia anti minera que está íntimamente ligada al Instituto Patria que conduce Cristina Kirchner.
Basta con recordar parte de su discurso del pasado 25 de mayo cuando señaló acerca del litio, "…debemos tener una mirada estratégica para que vengan a explotarlo. No digo que los autos los hagan acá. Eléctricos, pero por lo menos una parte de la batería, hacela acá", exigió Cristina Kirchner.
Luego, rodeado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, apuntó contra los que celebran lo que consideran "restricciones" a las normativas impulsadas en Chile y Bolivia para que empresas privadas puedan acceder a la explotación de ese mineral.
"Cuando escucho a algunos dirigentes, a los cuales respeto porque son dirigentes votados por su pueblo, ponerse contentos porque en Bolivia han sacado, y en Chile han sacado legislaciones que cuidan el litio, porque dicen, ‘bueno, como les tienen muchas exigencias allá, van a venir acá’", apuntó y fue contundente: "Qué vocación de colonia hermano, qué vocación de volver a ser Potosí".
El conflicto está lejos de resolverse
De la deriva de este conflicto que está lejos de resolverse y del resultado de las próximas elecciones por cargos ejecutivos y legislativos en el país se desprenderá la posibilidad de efectivizar inversiones millonarias de empresas multinacionales mineras
Un extraño paraje, que en el pasado resultaba prácticamente invivible, aguarda por una normativa que tenga el mayor consenso político posible.
A 3.900 metros sobre el nivel del mar, en la enorme meseta de la Puna jujeña, aguarda el Solar de Olaroz. Allí, las corporaciones mineras esperan extraer el mineral más necesario para el correcto funcionamiento de las baterías de los autos eléctricos y de los actuales y futuros smartphones.
Empresas como Allkem, de capitales australianos, y Toyota, de Japón, ya han armado una empresa, Allkem Sales de Jujuy junto a la compañía provincial Jemse, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado. La primera parte del proyecto de Sales de Jujuy implicó una inversión cercana a los u$ss520 millones y una segunda etapa de otros u$s400 millones.
Es tan sólo un ejemplo del verdadero interés económico que está operando detrás de una violencia desatada que parece difícil de comprender en una provincia que concentra la atención política de todo el país y las miradas atentas en los centros de gobernanza mundial.