Polémica en Pilar: intendente K modificó código para construir a la vera de la Panamericana
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Fueron varias horas de debate en la Legislatura pilarense hasta que Federicho Achával, alcalde del Frente de Todos, logró la sanción de la ley, con 14 votos positivos y 7 negativos.
Un nuevo código urbanístico que impondrá modificaciones a la anterior norma impulsada por el macrista Nicolás Ducoté y que se traducirán en una rezonificación de todo el suelo del enorme partido bonaerense de zona norte, con cambios en las vías de ingreso desde la Panamericana, permisos de construcción a su vera y la aprobación de proyectos especiales a orillas del río Luján.
Hubo polémica por la inclusión de la palabra "expropiación" que aparecía redactada en el ante proyecto presentado en sociedad.
La denuncia de los concejales y pre candidatos a la intendencia de Pilar del Pro, Adriana Cáceres y Sebastián Neuspiller, generó polémica y, finalmente, el gobierno de Federico Achával decidió eliminar la palabra expropiación de su articulado para que la iniciativa comience a ser tratada esta semana en la Legislatura local con un motivo menos de polémica.
Porque existen otras iniciativas que preocupan a los vecinos de la localidad.
El nuevo Código que busca terminar con el sancionado por el antecesor en el cargo de Achával, el macrista Nicolás Ducoté, prevé que se podrá adicionar una gran superficie para uso industrial en el corredor formado por el Parque Industrial de Pilar y la ruta 6 y promoverá el crecimiento comercial, de servicios y la construcción de viviendas en las proximidades de autopistas y rutas.
Para el intendente pilarense, Federico Achával, "…este código resuelve los problemas del que está vigente en la actualidad y que beneficia a unos pocos" y afirmó que "es necesaria una reorganización territorial para generar oportunidades de inversión".
Críticas por "gatopardismo" en Pilar
Pero la recepción de la propuesta de reforma del Código de Planeamiento Urbano, que fuera sancionado en medio de una sesión escandalosa, el 1° de marzo de 2018, por el oficialismo de entonces que respondía al ex intendente del PRO, Nicolás Ducoté, también fue criticada por las mismas y por nuevas voces que alertan, en un primer caso, que se trata de gatopardismo, cambiar para que nada cambie, mientras que, en una segunda opinión, se advirtió por la posible expropiación de tierras que hubiera posibilitado la violación del derecho constitucional a la propiedad.
La respuesta a la visión de gatopardismo llegó desde el subsecretario de Planificación y Desarrollo Urbano Sostenible de la Comuna, Alejandro García, quien afirmó la necesidad de cambio del Código actual, porque "…es un Código pensando en un Pilar a futuro, a 20 y 30 años, con un crecimiento ordenado y equilibrado. Uno de los cambios propuestos es concentrar la actividad industrial de manera exclusiva en el actual Parque Industrial de la localidad y sus alrededores, con eje en las rutas 8 y 6".
Sin embargo, en la reciente audiencia pública realizada con los vecinos del partido, se puso en cuestión el permiso que tienen varios industriales para radicar sus fábricas en Almirante Irízar, Parada el Gallo y la ruta 25, en Villa Rosa, poblada por una gran cantidad de habitantes.
Cuando se aprobó el Código del macrista Ducoté, en 2018, la tensión del encuentro tuvo su punto más álgido cuando los vecinos de la zona fueron expulsados del lugar y no lograron dejar asentada su preocupación por la contaminación ambiental que producen esas factorías con las que conviven a diario.
Cambiemos no permitió que se leyera una moción de los pobladores de esas localidades y la oposición a Ducoté, encabezada por el actual intendente Achával, advirtió que recurriría a la Justicia.
Pues bien, cinco años después, el gobierno del ahora intendente Achával debió admitir que las industrias actualmente ubicadas en esas zonas seguirán funcionando en su sitio actual, como el caso de las radicadas en el corredor de la ruta 25 en Villa Rosa o las de Parada el Gallo, en Villa Astolfi.
"Todas las industrias que están radicadas en cualquier parte del distrito tienen un derecho adquirido porque son preexistentes a los cambios, y ese derecho se respeta, los cambios son para adelante", explicó el subsecretario Alejandro García.
Lo que ha llevado a señalar a la dirigente del partido Obrero, Jesica Miranda, a afirmar, "…esconden este nuevo código de planeamiento urbano porque sigue beneficiando al sector privado, porque siguen permitiendo la existencia de fábricas de categoría 2 y 3 en la zona ahora llamada "Industrias Exclusivas" que contaminan el ambiente y perjudican la salud de los vecinos, porque no hay ningún freno a la construcción indiscriminada de countries y barrios privados y porque no restringen las actuales construcciones y destrucción en las zonas del Río Luján".
Para la militante ecologista Érica Hahn, las formas de la convocatoria también importan, porque cayeron en el mismo pecado que Ducoté. El trámite exprés de la propuesta.
"Desde vecinos autoconvocados por el medio ambiente, impugnamos la audiencia púbica porque no fue convocada según los plazos legales. Se habían anotado 55 oradores, todo realizado a las apuradas para cumplir con la formalidad de la ley de llamar a una audiencia pública previo tratamiento en el recinto legislativo local, pero menos de la mitad se presentó a hacer uso de la palabra".
En ese contexto, otros vecinos solicitaron convocar a una nueva audiencia antes de iniciar el tratamiento legislativo solicitud que fue desdeñada por las autoridades explicando que el proyecto llegará a la Legislatura con 1.731 cambios originados por los reclamos oídos en la audiencia pública.
Una de las objeciones que más llamaron la atención ha sido la expresada por la concejala del PRO, Adriana Cáceres, en el sentido que el proyecto alienta las expropiaciones estatales.
Un posible avance del poder del Estado sobre la propiedad privada de los ciudadanos que tiene en el artículo 17° de la Constitución Nacional su principal barrera.
"La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada", se lee en la Carta Magna.
Una nueva norma sin el término "expropiación"
Frente a la polémica, que se volvió de interés provincial, el gobierno pilarense decidió que el tema de las expropiaciones no aparezca en la redacción de la nueva norma y se remite, por la cuestión, a lo establecido por ley de Hábitat de la provincia de Buenos Aires Nª 14.449, reglamentada por el decreto 1062 del año 2013, que otorga a los municipios facultades y obligaciones para actuar sobre edificaciones abandonadas o derruidas y terrenos baldíos en zonas de utilidad urbana.
Ahora bien, la expropiación es un instrumento que está contemplado en la ley de facto 8.912, vigente en la provincia de Buenos Aires, desde 1977.
El Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la Provincia de Buenos Aires, ha cumplido 46 años desde su sanción y las administraciones provinciales democráticas y sus respectivas Legislaturas que se sucedieron desde 1983, sólo retocaron algunos de sus artículos.
Desde entonces, la clase política no se ha cuestionado acerca de la actualidad de esta norma frente a las nuevas formas de entender los procesos de planeamiento y en un contexto histórico completamente distinto al de la fecha de su sanción.
Para el funcionario Alejandro García se trata de evitar expropiaciones y generar tierra urbana para desarrollos residenciales.
Con nuevo Código, nuevos edificios en Pilar
"Pilar es un distrito muy grande, tiene 352 kilómetros cuadrados, y con toda esa extensión hoy no tiene suficiente cantidad de tierra disponible para la ampliación de centros urbanos y no hay oportunidades de acceso a la tierra y a la vivienda, porque se genera una distorsión en el mercado por la falta de oferta. Este código aumenta la superficie de tierra en los centros urbanos, mediante cambios de zonificación, siempre donde se pueda y se haga de una manera ordenada, acompañado con la extensión de servicios", explicó a medios locales.
Por ese motivo, la propuesta del nuevo Código introduce una serie de modificaciones a varias áreas ubicadas a la vera de la Panamericana.
"En algunas parcelas del corredor de la Panamericana se podrán erigir edificios de hasta 7 y 9 plantas, aunque el cambio más sustancial, es el de homogeneizar el destino de la tierra ubicada al costado de la autopista y afianzar allí el perfil comercial y de servicios, para atraer inversiones, por ejemplo, en hotelería, centros comerciales y complejos de oficinas", puntualizó el funcionario local.