Concesionarias de autopistas piden mayores aumentos de los peajes

Luego de los aumentos otorgados por el Gobierno a los peajes, el mayor operador privado de autopistas de la Argentina salió a reclamar incrementos mayores al 90% otorgado por las autoridades para este año.

Se trata del holding español Abertis, que en la Argentina controla las sociedades Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que a la vez gestionan las autopistas Panamericana y Acceso Oeste, además de la Avenida General Paz.

A la vez, ambos mantienen un litigio con el Poder Ejecutivo Nacional por la legalidad de los contratos de concesión que el presidente Alberto Fernández ordenó rescindir mediante la presentación de sendas acciones judiciales para dar de baja los contratos que habían sido renegociados en el 2002 y que finalizó con la celebración y aprobación del llamado Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión durante el 2018.

De acuerdo a lo dispuesto por ese convenio, tanto Ausol como GCO tienen derecho a una redeterminación tarifaria anual que refleje la incidencia en el precio de los peajes de la variación de ciertos índices de costos que afectan a la concesión, así como a actualizaciones tarifarias mediante la aplicación del CER.

Según documentos presentados por ambas sociedades ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), tras la entrada en vigencia del Acuerdo Integral, "comenzaron a registrarse importantes incumplimientos del Régimen Tarifario por parte del Concedente, al negársele a las empresas la aplicación de los cuadros tarifarios que correspondían".

Al desarrollarse la primera redeterminación en diciembre del 2018, y que entró en vigencia el 5 de enero del 2019, el Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas aprobó un incremento tarifario significativamente inferior al que hubiese correspondido según el Acuerdo Integral.

Para las empresas, los ajustes fueron inferiores a los porcentajes de aumento contractualmente establecidos

Las empresas agregan que luego, en virtud de la política de congelamiento total de las tarifas de peaje impuesta a partir de abril del 2019 y que se mantuvo hasta el primer semestre del 2021, Ausol y GCO se vieron impedidas de aplicar los incrementos de tarifas contractualmente establecidos.

A ello se añade que, entre marzo y mayo de 2020, durante casi dos meses, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dispuso la suspensión total del cobro de las tarifas por la situación sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19, sin disponerse compensaciones a las empresas por la pérdida de ingresos sufrida en ese período.

Recién el 28 de junio del 2021, luego de dos años y medio de congelamiento tarifario total, la DNV aprobó un ajuste inferior al 9,9%.

Más adelante, el 17 de febrero de 2022, entró en vigencia un nuevo ajuste, que implicó un incremento del orden del 26,4%.

Según las empresas, "dichos ajustes fueron inferiores a los porcentajes de aumento contractualmente establecidos y a las variaciones de precios acumuladas".

Por ese motivo, Ausol y GCO efectuaron varias presentaciones y formularon las correspondientes reservas de derechos, "reafirmando y ratificando en cada una de ellas la necesidad de que se respete lo convenido en el Acuerdo Integral y exponiendo su rechazo y falta de consentimiento a las medidas oficiales, a través de las solicitudes y planteos necesarios para la defensa de los derechos de la Sociedad".

Subas en dos tramos

Los incrementos tarifarios se encuentran muy por debajo de la inflación registrada en el mismo período

Luego, el 5 de abril pasado se declaró la apertura del procedimiento de consulta ciudadana para la aprobación de nuevos cuadros tarifarios que contemplan un incremento en dos tramos, a partir de mayo de 2023, un 50% sobre los valores vigentes desde febrero de 2022; y a partir de agosto, un 40% sobre los cuadros que empezarían a regir en mayo.

Asimismo, se contemplan, entre otras cosas, el redondeo de tarifas a múltiplos de $50 y la unificación de los valores de las tarifas al público de las modalidades de pago automático a los del modo manual.

Para ambas sociedades, se trata de subas insuficientes si se tiene en cuenta que, entre enero del 2019 y fin de febrero pasado la inflación superó el 576%, mientras que los incrementos tarifarios aprobados por la DNV en ese mismo período, en conjunto, no alcanzaron el 40%.

"En consecuencia, si bien el incremento previsto traerá alivio a la situación económico-financiera, aún con el impacto de los nuevos cuadros tarifarios antes descriptos, los incrementos tarifarios se encuentran muy por debajo de la inflación registrada en el mismo período, así como por debajo de los incrementos que hubiesen correspondido bajo el Acuerdo Integral", aseguran desde ambas compañías en el documento enviado a la CNV.

Déficit de ingresos

Ante la imposibilidad de actualizar los cuadros tarifarios de conformidad con el Régimen Tarifario del Acuerdo Integral, ambas sociedades solicitaron al Gobierno que abone las compensaciones correspondientes, sin haber obtenido resultados favorables al pedido.

A partir de este escenario de atraso tarifario y falta de pago de las compensaciones, los ingresos percibidos por ambas sociedades se vieron directamente afectados, advierten desde ambas compañías que, además de tener que atender la complicada situación financiera que sufren, están atentas al desarrollo de la causa iniciada por el Presidente Fernández, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis en el 2022.

El presidente Alberto Fernandéz impulsa la rescisión de los contratos de ambas operadoras ante la Justicia

Se trata de una acción de lesividad ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que se declare la nulidad de los Decretos PEN N° 607/2018 y 608/2018, aprobatorios de los Acuerdo Integrales de Renegociación de Ausol y GCO.

En ese marco, también se declararon lesivos al interés general los Decretos PEN N° 607/2018 y 608/2018, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad de Buenos Aires y se instruyó a la DNV a interponer una acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de tales actos.

Es decir, para que se declaren terminados ambos contratos de concesión y se traspasen las operaciones a Corredores Viales S.A, una sociedad estatal.

Tanto Ausol como GCO rechazaron el reclamo ante la Justicia y también ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

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