En plena caída del consumo, las empresas le ponen una fecha límite a Sergio Massa
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A diferencia de otros traspiés que sufre la economía, la caída en el consumo masivo no sorprendió a los funcionarios del gabinete económico. El menor volumen de ventas en los comercios luce comprensible y lógico en medio de la sensible caída del poder adquisitivo de la población.
De acuerdo al último monitoreo de la consultora Scentia, el consumo masivo -productos de la canasta básica- cayó 1,1% en febrero respecto del mismo mes del año pasado. El cotejo del primer bimestre de 2023 da cuenta de una contracción del 1,4%.
La tendencia recesiva se evidencia con mucha fuerza en los pequeños comercios de barrio -autoservicios y almacenes-, en los cuales las ventas muestran un deterioro de 8,9% respecto de hace un año.
Los consumidores se trasladaron hacia los supermercados, que disponen en sus góndolas los productos de "Precios Justos", el único programa de control que maneja el Gobierno. Por esta cuestión, las grandes cadenas venden los mismos artículos hasta un 50% más barato que los pequeños negocios.
La aceleración inflacionaria hizo que esa diferencia se fuera agrandando con el correr de los meses. Lo que sucede es que las empresas que fabrican alimentos deben cumplir con el corredor de aumentos acordado con el Gobierno -de hasta un 3,2% mensual- mientras que ese tope no existe en los denominados comercios tradicionales, donde no rigen los controles oficiales.
Esa cuestión está muy tensionada ahora.
Empresas, en alerta por la inflación
Hace un par de semanas, las fabricantes de alimentos dejaron la primera alerta en el despacho de Matías Tombolini. Le advirtieron al secretario de Comercio que no podrían cumplir con el tope de aumentos del 3,2% si el Gobierno no cumplía con su promesa de habilitar importaciones por el canal del dólar oficial de forma fluida.
En las últimas semanas se sucedieron los reclamos: los empresarios aseguran que el Gobierno está bloqueando importaciones.
Y advierten que, si esa dinámica persiste, entonces no podrán cumplir con lo firmado cuando se relanzó "Precios Justos". El reclamo refiere a que, así como en diciembre y enero se notaba una buena dinámica importadora, las trabas habían vuelto con fuerza desde finales de febrero.
En las compañías hay convencimiento de que las próximas semanas serán claves.
Algunas empresas líderes trabajan con la idea de que después de Semana Santa se abre una nueva instancia con el Gobierno.
En concreto, que si la dinámica inflacionaria no se enfría y que si Sergio Massa no le da más fluidez a las importaciones, no habrá demasiado espacio para sostener los acuerdos de precios.
El Gobierno ya adelantó que marzo viene con una fuerte suba de precios, sobre todo en servicios que habían quedado sin aumentos en el comienzo de año. En el inicio de este mes hubo ajustes en el transporte, en las tarifas de luz, en las prepagas y en los colegios privados. Todo este combo, sumado al aumento en los alimentos daría un IPC en torno al 7%.
El último informe de Eco Go, que semanalmente monitorea la evolución de los precios, prevé una inflación del 7,6% en alimentos para este mes. Por encima del 7,0% que la consultora estima como inflación de marzo.
Frente a esta realidad, los empresarios argumentan que no pueden continuar con un programa que prevé un ajuste mensual de precios del 3,2% cuando la inflación en ese mismo sector más que duplica lo autorizado por el Gobierno. "Fue un acuerdo para otra economía", asevera en diálogo con iProfesional el ejecutivo de una empresa alimenticia líder.
Nuevo escenario económico: revisiones con empresarios y banqueros
En las últimas semanas quedó en claro que hay un nuevo escenario económico. La aceleración inflacionaria en medio de la pérdida de dólares ejerce una presión adicional sobre una economía que ya venía golpeada.
Los últimos registros de la sequía obligan a una revisión total. Son, hasta acá, unos u$s20.000 millones de pérdida en exportaciones que serán imposibles de compensar.
El escenario económico cambió. No es el mismo que hasta el de hace algunas semanas, cuando ya se computaban los efectos de la sequía, pero no con los daños que está provocando.
No habrá prestador de última instancia que salve semejante quebranto. Ni los acuerdos con China ni con Brasil ni el propio Fondo Monetario, que hasta el momento sólo accedió a una flexibilización de las metas de reservas del BCRA, a cambio de una profundización del ajuste.
El FMI no está dispuesto a ofrecer ningún dólar adicional que ayude a la Argentina a paliar semejante sofocón. Al menos, por el momento.
La incertidumbre es total porque ya no se trata de un "plan llegar" (hasta fin de año sin una crisis cambiaria), sino de cómo se gestiona semejante faltante de divisas sin que las expectativas se desplomen y, con ellas, tomen vuelo los peores pronósticos.
El propio Massa lanzó en las últimas horas una convocatoria a banqueros para intentar una salida a la sequía de dólares y la acumulación de deuda en poder de esas instituciones.
Lo propio hará con las empresas líderes de la alimentación.
Se acercan definiciones que depararán los próximos tiempos económicos, siempre difíciles, de la Argentina.