La mayor distribuidora de luz del país acumula pérdidas superiores a $60.000 millones
La acumulación de balances negativos durante la última década, sirven para entender el preocupante escenario que vino atravesando no sólo Edesur sino el resto de las distribuidoras de electricidad y gas cuyo negocio depende de los vaivenes de la política oficial.
Esta pelea, y los años de congelamientos y aumentos restringidos ha desgastado las estrategias comerciales de las empresas que deben aceptar competir en un negocio donde las ganancias se encuentran reguladas pero los costos crecen a la misma velocidad que la inflación.
En el caso de Edesur esta política oficial la llevó a convertirse en la distribuidora que mayor dinero perdió en la Argentina, que tiene las tarifas más bajas de la Argentina y de Latinoamérica y la que más cortes de luz ha generado en su zona de influencia, como el de principios de febrero que volvió a causar una fuerte disputa con el Gobierno que llegó hasta la amenaza de anular la concesión de la compañía.
Un combo que, además de la difícil relación que sus ejecutivos mantuvieron históricamente con el Gobierno, llevó a su grupo controlante, el grupo italiano Enel, a ponerle el "cartel de venta" a la que es la distribuidora de energía más grande de la Argentina ya que ofrece sus servicios a cerca de 2,5 millones de clientes, llegando a más de dos millones de hogares y abasteciendo a comercios y a grandes empresas.
Su área de concesión es de 3.300 km2 y abarca la zona sur de Capital Federal y 12 partidos de la provincia de Buenos Aires.
Desde el año 2000, sus estados contables reflejan nada más que tres períodos positivos y otros siete negativos. Con una importante salvedad vinculada al del 2019, cuando informó ganancias por $12.600 millones. Producto de un asiento contable vinculado al intercambio de deudas cruzadas con el Estado nacional para la resolución de los asuntos regulatorios pendientes relacionados con el período 2006-2017.
Balances en rojo
La distribuidora también sintió los efectos de la recesión y la crisis económica, ya que sus ingresos siguieron cayendo debido a una menor demanda de energía como resultado del contexto macroeconómico adverso.
De hecho, solamente en el 2018 y el 2015 repitió balances positivos, con ganancias por $3087 millones y $1330 millones, respectivamente. El resto de los estados financieros de los años que componen la última década fueron escritos en rojo.
En el 2010 perdió $52,7 millones; en el 2011 otros $461 millones, mientras que en el 2012 su rojo fue de $1066 millones. Un año después, pasó a pérdidas por $1160 millones; en el 2014 a $1358 millones.
Luego del resultado positivo del 2015, en el 2016 volvió a la senda negativa con una pérdida por $276 millones. El 2017 lo cerró también en rojo, con $1.046 millones, para lograr nuevamente un resultado positivo en el 2018, al igual que el balance del 2019 con el ajuste contable explicado más arriba de esta nota.
El cierre de la década, lo da el estado de resultados del 2020, cuando retomó el sendero de complicaciones y cerró el año otra vez en rojo. Es más, casi todos los datos de este período fueron negativos, perdiendo $18.790 millones en comparación del rojo del 2021 que había llegado a los $36.601 millones.
Con este escenario, la empresa debió además financiar costos de obras y mantenimiento que no dejan de aumentar, así como los gastos de materiales, contratos con terceros y las subas salariales pactadas con el gremio del sector.
Es más, Edesur fue asistida financieramente por la casa matriz europea que llegó a girar cerca de $10.000 millones en los últimos años con el fin de sostener la operatividad de la compañía y afrontar el cierre presupuestario de cada período.
De hecho, en los últimos tres años la compañía lleva invertidos más de u$s450 millones, a pesar de la fuerte caída de sus ingresos frente a la inflación, como en el caso del 2022 cuando se ajustaron un 8%, muy por debajo de la suba del costo de vida, llegando a ser insuficientes para cubrir sus costos fijos.
Reclamo sin respuesta
Tal como lo expresa Claudio Cunha, Country Manager de Enel Argentina, para quien "Argentina necesita previsibilidad de reglas y una normalización estructural y completa de las tarifas de distribución (VAD), para así tener un sistema más robusto y resiliente", Precisamente, un reclamo que no es tenido en cuenta por las autoridades nacionales y que en parte llevó a que en el 2022 la distribuidora también evidenciara cifras negativas, con ingresos que cayeron un 5%, como consecuencia, principalmente, del atraso tarifario en relación con la inflación interanual, mientras que las ventas de energía, en términos físicos, presentaron una mejora del orden del 5%.
En el caso del resultado extraordinario del ejercicio, dio positivo pero debido al acuerdo que el 29 de diciembre, Edesur firmó con el Gobierno para recomponer las deudas cruzadas en el contexto del artículo 87 de la Ley 27.591.
Ese convenio le permitió a la empresa reconocer ingresos extraordinarios y por única vez de aproximadamente $52.000 millones cuyos efectos impactaron en los resultados de la sociedad.
Por ejemplo, con el reconocimiento de ingresos operativos por $38.979,9 millones, de los cuales, $43.445,3 millones están expuestos en la línea "Otros ingresos operativos netos" y $4.465,4 millones, como menores o "Ingresos por servicios".
En el caso de la deuda neta, mejoró con respecto a la de diciembre de 2021, debido a los mayores saldos de efectivo e inversiones corrientes junto con menores saldos de deuda financiera.
Las inversiones ascendieron a $30.951 millones y según la empresa, con ese dinero y a partir de la gestión realizadas durante los últimos años se ha logrado una mejora del 53% en el tiempo medio de duración de los cortes por usuario (SAIDI).
Es posible que, el del 2022 sea el último balance general de Edesur en manos de Enel si es que el grupo italiano consigue comprador para la distribuidora en el marco de su proceso de salida de la Argentina.
Una salida que combina los malos resultados de sus activos con la irreconciliable relación que sus ejecutivos mantienen con las autoridades nacionales que se niegan a aplicar una política comercial como la que piden desde la distribuidora, por dos razones, una ideológica y una de sentido común electoral.
La primera tiene que ver con las banderas levantadas por el kirchnerismo dentro de la alianza oficial del Frente de Todos desde el primer mandato de Néstor Kirchner, cuando la emergencia económica desatada tras el 2002 obligó a congelar las tarifas para evitar injusticias sociales.
Esta política se mantuvo durante 12 años y fue generando un cepo tarifario tan grande que en la actualidad es imposible destrabar en su totalidad.