Empresarios reclaman menos presión fiscal para mantener inversiones: el resto de los pedidos
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En el 2020, el Banco Mundial elaboró un informe titulado Doing Bussiness, en el cual la Argentina se encontraba liderando el podio de los países con mayor carga fiscal sobre el sector formal de la economía en todo el mundo.
El país tiene más de 100 tributos vigentes, de los cuales solo 11 concentran el 90% de la carga impositiva, evidenciando un preocupante problema que, además de afectar al sector trabajador en un contexto donde los ingresos no alcanzan para cubrir todas las necesidades, también incide en el sector empresario a la hora de analizar donde invertir.
Concretamente, en el Doing Business 2020 del Banco Mundial, que estudia a 190 países, el sistema tributario argentino está ubicado en el puesto 170.
Expertos en sistema fiscal aseguran que si se considera la tasa total de imposición sobre la utilidad -la cual en Argentina es del 106%- los números del país son los más altos. De hecho, el porcentaje es más del doble que el promedio regional y hasta que Brasil.
La consecuencia inmediata es que semejante carga tributaria genera falta de competitividad del sistema tributario argentino para las empresas, además de que los consumidores se ven afectados en sus bolsillos porque, en definitiva, esa presión se traslada a los precios de la economía.
En este contexto, una reciente encuesta elaborada por KPMG identifica un escenario aún más preocupante para este año ya que la mayoría de los consultados considera que la carga fiscal aumentará en el 2023.
La presión fiscal
Para el 83,93 % de los consultados, en 2023 la presión fiscal aumentará sobre los negocios de las empresas.
Se trata de una mirada pesimista de los encuestados en cuanto al agravamiento de la presión fiscal en la economía que se ha mantenido muy alta en los últimos cinco años.
Pero en este caso se suma el elevado porcentaje de encuestados que señalaron que ya en 2022 la presión fiscal los había llevado a una situación de desinversión que se potenciará este año y que marcará una potente señal de alerta para las autoridades como para los equipos económicos de aquellos que apunten a ser elegidos en funciones ejecutivas en el proceso electoral de este año.
De todos modos, el 64,29% de los encuestados prevé mantener su inversión en el país pero otro 30,36% manifestó su intención de disminuirla.
En el interior, el 98 % de los encuestados cree que hay poco o ningún interés por parte de las provincias para utilizar incentivos impositivos para atraer inversiones productivas a sus territorios.
Qué reclaman los empresarios para mantener inversiones en el país
Con relación a posibles iniciativas fiscales gubernamentales en 2023 que podrían favores las inversiones, los encuestados ranquearon las siguientes prioridades:
- Establecer un marco de previsibilidad fiscal por 10 años sin aumentos de gravámenes nacionales y provinciales:
- Atenuación significativa de alícuotas de Impuesto sobre los Ingresos Brutos
- Rebajas de costos patronales
- Consideración total del Impuesto a los Débitos y Créditos como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias e IVA
- Contar con mayor objetividad de las autoridades fiscales provinciales y la justicia provincial en el ámbito fiscal
- Simplificación tributaria en trámites, inscripciones, registros y demás aspectos formales ante las autoridades fiscales
- Rebaja de costos impositivos al acceso al financiamiento local e internacional
- Sumar Convenios para evitar la doble imposición con otros países
La iniciativa más votada por los encuestados para facilitar la inversión en la Argentina no implica necesariamente una rebaja impositiva sino al menos tener un horizonte de previsibilidad de 10 años sin aumentos de gravámenes nacionales y provinciales. En segundo término, los encuestados votaron como iniciativa relevante la atenuación significativa de alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Y tercer lugar expresaron la necesidad de reducir los costos patronales para ampliar su nómina de personal.
Además, coinciden en la importancia de tener un marco de previsibilidad fiscal por 10 años sin aumentos de gravámenes nacionales y provinciales.
Un pedido que se repite año tras año a los diferentes colores políticos que se turnan en el Gobierno y que, sin embargo, no es escuchado. Todo lo contrario, hay cada vez más impuestos y las reglas de juego se modifican de manera constante.
Para determinar este contexto, en su encuesta de impuestos titulada "Impacto de los impuestos en la actividad económica y en los negocios desde la visión de las empresas", KPMG pidió la opinión de CFO´s y especialistas de empresas medianas y grandes de todo el país dedicados exclusivamente al manejo de temas fiscales de su organización. Es decir, de referentes de compañías de primera línea cuyas decisiones de inversión suelen resultar significativas en el crecimiento, empleo y formalización económica.
Las opiniones hacen foco en la percepción fiscal del 2022 y la perspectiva sobre inversiones, financiamiento y actividad económica que proyectan los especialistas para los próximos 12 meses.
"En 2022 se ha debatido mucho acerca de la presión fiscal y la sustentabilidad del sistema tributario argentino. En un año electoral como es 2023 es de esperar que ese debate aumente y enriquezca a la sociedad", señala Fernando Quiroga Lafargue, Socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina y responsable de la encuesta.
Para el experto, de las respuestas recogidas cada año se desprende que es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal que haga foco en la productividad y en el desarrollo sin que se haga una readecuación de este gravamen y reduzcan fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales.
Las respuestas de los hombres de negocios a la consulta también profundizan la percepción que tienen las empresas en cuanto al desempeño de las autoridades fiscales y la justicia en el ámbito tributario.
Tres temáticas
La muestra tiene tres capítulos temáticos que van desde la presión fiscal receptada con incidencia en precios y planes de inversión de las empresas, pasando por el rol de organismos administrativos y judiciales y concluyendo con las perspectivas para 2023.
En el primer caso, el 52 % de los encuestados respondió que Ingresos Brutos continúa siendo el impuesto que más impactó en los precios de los productos y servicios en 2022, seguido por Ganancias (19.64%).
De esta manera Ingresos Brutos se consolida año a año en el liderazgo absoluto de los tributos que encarecen de manera determinante los precios y servicios de las empresas.
En la opinión mayoritaria de los encuestados (96,43%) se observa que el marco fiscal argentino o bien los obligó a desinvertir o en el mejor de los casos les permitió "mantener" las inversiones ya efectuadas. Sólo un 3,57% manifestó haber desarrollado en el 2022 algún plan de expansión en términos de inversión.
"En línea con las últimas encuestas continúa muy alto y constante el porcentaje de aquellos que manifiestan haberse visto obligados a desinvertir como consecuencia del marco fiscal que se ubica en el 50%", destaca el trabajo.
Con respecto a Ganancias y descontando el efecto de la inflación, un tercio (34%) de los consultados prevé tener un resultado sujeto a impuesto mayor a 2021 en la próxima Declaración Jurada de 2022 que se hace en mayo próximo para los cierres diciembre. Otro tercio cree determinar un resultado impositivo menor que el del año pasado (32%) y un 9% estima presentar una utilidad impositiva igual que en 2021.
Finalmente, un 25% de los consultados manifestó reportar pérdidas impositivas por el ejercicio 2022. De este grupo, un 21% venía de declarar utilidades en el 2021.
En cuanto a las normas tributarias, más del 90% de las respuestas coincidió en que las normas tributarias no son publicadas con un suficiente nivel de estudio y consenso previo entre organismos públicos y las cámaras empresariales para su implementación adecuada, tanto en el ámbito nacional como en el provincial.
"Una mayor articulación entre funcionarios y Cámaras Empresariales y asociaciones profesionales podría ayudar a revertir esta problemática que incide hoy en la certidumbre con que debería contar quien pretende cumplir con sus obligaciones fiscales", explica Quiroga Lafargue.
Precios provinciales
En la encuesta de KPMG también se le preguntó a los ejecutivos, si fuera posible fijar precios diferenciales por jurisdicción, en que provincias debería vender más caros sus productos y servicios dado el marco fiscal de cada una.
Y la Provincia de Buenos Aires sigue encabezando la lista de la presión fiscal que incide en la determinación de los precios de productos y servicios. Le sigue CABA. La novedad en la encuesta de este año ha sido la irrupción de Misiones y Tucumán.
Si bien los dos estados ya venían liderando el grupo de provincias detrás de las tres primeras, este año incluso han desplazado a Córdoba al quinto puesto.
Frente a la pregunta de si con la presión fiscal provincial la empresa restringió operaciones de venta de bienes o prestaciones de servicios en alguna jurisdicción, el 80% de las respuestas fueron negativas, con Misiones a la cabeza.
"Este es un ejemplo de cómo la presión fiscal provincial termina limitando la oferta de bienes y servicios a la que acceden sus propios residentes", agrega el experto de KPMG, quien además informa que un 82% de los consultados posee saldos a favor de impuestos provinciales de magnitudes diversas.
En este punto, la encuesta señala que la generalización de este tipo de inmovilización financiera para las empresas es altamente perjudicial.
"De acuerdo a los resultados que vemos año a año se vienen profundizando y hasta naturalizando la existencia de estas problemáticas. La multiplicidad de regímenes de recaudación provinciales sobre transacciones, muchas veces duplicados al aplicarse también sobre las acreditaciones bancarias, ha generalizado lo que para muchas empresas constituye una de las principales problemáticas del régimen tributario del país", detalla el ejecutivo.
Por eso se les preguntó en la consulta sobre qué medidas impositivas de incentivo sirvieron para el desarrollo económico. Y la Industria del Conocimiento fue la más reconocida con un 57%.
En la actividad industrial y en aquellas vinculadas a las exportaciones la identificación de este tipo de medida hecha por los encuestados es baja, 18 % y 17 %, respectivamente.
Más baja aún es la mirada a la hora de identificar medidas impositivas que actúen como incentivo para objetivos de inclusión financiera de la población con un 5,36%.
Un 94,64% manifiesta concretamente que no reconoce medidas de incentivo. "Tratándose de actividades claves en el desarrollo sustentable de la economía del país, estas opiniones muestran lo mucho por hacer en estos aspectos de cara al futuro", explica Quiroga Lafargue.
Justicia y Estado
Como todos los años se relevaron las opiniones de los organismos fiscales o tribunales administrativos o judiciales (AFIP, AGIP, ARBA, Tribunal Fiscal de la Nación (FN), Justicia Provincial y Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)) en materia de objetividad y con un rango de calificación de 1 al 10.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación logró la más alta calificación con un 6,64, seguida por el Tribunal Fiscal de la Nación con 6,09. En el otro extremo la justicia en el ámbito tributario de las provincias fue ponderada con un 4,70.
En cuanto a las opiniones acerca del rol de la AFIP por la objetividad de sus funcionarios muestra una evolución gradual dentro de una calificación intermedia. En el 2019 fue de 4,44; en el 2020 de 4,64; en el 2021 de 5,06 y en el 2022 de 5,25.
La AGIP (Rentas de la Ciudad de Buenos Aires) se mantuvo desde el año pasado en un rango intermedio (5,18) mientras que en el caso de ARBA (Rentas de Provincia de Buenos Aires) la apreciación de objetividad por parte de las empresas continúa siendo más baja con una calificación de 4,07.