Distribuidoras de luz no podrán endeudarse con el Estado para financiar gastos
A fines del año pasado, el Gobierno y las distribuidoras de electricidad de todo el país firmaron un convenio para regularizar la deuda que compañías como Edenor y Edesur tienen con CAMMESA, la sociedad del Estado encargada de controlar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), maximizando su seguridad y calidad del suministro y minimizando los precios mayoristas del Mercado Spot.
Con ese convenio, firmado por la Secretaría de Energía de la Nación, se logró regularizar el 70% del total de la deuda de las distribuidoras con el ente oficial que se vino acumulando en los últimos años y actualmente asciende a $210.946 millones.
La medida forma parte de las decisiones adoptadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, para mantener un orden fiscal y la sostenibilidad del sistema energético nacional.
La norma estableció una serie de beneficios para las distribuidoras que adhirieron como tasas diferenciales, descuento de intereses y una moratoria de 96 cuotas para resolver el estado de deuda.
En el caso de Edesur y Edenor les permitirá saldar algo así como $80.000 millones en ocho años, teniendo en cuenta que, después de los descuentos otorgados, la distribuidora propiedad del grupo italiano debe $47.225 millones y la controlada por los empresarios Daniel Vila; José Luis Manzano y Mauricio Filibertti otros $32.985 millones.
Pero también impuso una obligación que en el mercado consideran difícil de cumplir por la falta de actualización de los ingresos que reciben a partir de los aumentos tarifarios. Primero que nada, en enero y febrero tendrán la obligación de pagar al menos un 60% de la transacción.
Distribuidoras de luz no podrán endeudarse con el Estado
Además, se verán obligadas, a partir de marzo, a cancelar el monto pleno generado por la compra de energía al sistema. Es decir, no podrán volver a contraer deuda, a dejar parte de la factura impaga. Lo mismo ocurre con el pago, a partir de este año, del costo de generación hacia la sociedad estatal.
Hasta ahora, todas las distribuidoras, incluyendo Edesur y Edenor, venían financiando sus operaciones con los fondos que no giraban a CAMMESA precisamente porque el eterno congelamiento de tarifas y la falta de ingresos adicionales producto de las últimas subas de las facturas no les permitía enfrentar las subas salariales, los mayores costos producto de la inflación galopante y las inversiones.
De hecho, una nota publicada por el portal especializado Ecojournal recorría el índice de cobrabilidad que había alcanzado CAMMESA durante la gestión del presidente Alberto Fernández y que alcanzó un pico de 91% en 2019, se derrumbó al 69% en 2020 con la pandemia y siguió cayendo y en noviembre de 2022 cuando llegó al 44%, obligando a que la diferencia que dejaba de cobrar CAMMESA se cubra con aportes del Tesoro que deterioran aún más las cuentas públicas.
A pesar de este escenario, en la última audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a fines de enero, se actualizaron las tarifas pero a partir de una reducción de los subsidios que el Gobierno otorga al costo que abonan los diferentes usuarios repartidos en tres segmentos. Pero no se modificó el valor del llamado Valor Agregado de Distribución (VAD), el único ingreso que tienen las empresas para cumplir con sus obligaciones.
Esta determinación también impactará en el pago de la deuda acumulada por las compañías desde el 31 de agosto del año pasado hasta la actualidad se ubicaba en torno a los $620.000 millones.
Dicha deuda no fue incluida en el acuerdo y que se debe negociar en el marco del artículo 89 del Presupuesto 2023 aprobado por el Congreso que en su tercer párrafo, dispone que "dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales deberán publicar, en un período no mayor a 90 días, cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones resultantes del párrafo anterior".
El Gobierno aclara que dicho párrafo regula cuestiones vinculadas con los cuadros tarifarios, las cuales no se ajustan a los marcos regulatorios vigentes, y agregó que "la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de energía resulta potestad del Poder Ejecutivo Nacional".
Del mismo modo, aclara que la redacción de ese artículo "podría ser considerado como una intromisión en el ámbito provincial, ya que la regulación en el sistema de distribución de la energía eléctrica es de competencia provincial/municipal, excediendo las facultades delegadas a la Nación".
Mensaje a las que no firmaron
En la edición de este martes 7 de febrero, el ente que conduce Flavia Royón publica la Resolución 56/2023 que mayormente apunta a las distribuidoras que todavía no firmaron el convenio y les da un plazo que vence a fines de febrero para sumarse.
Por eso recuerda los beneficios otorgados para las empresas en el artículo 87 de la Ley N° 27.591 del Presupuesto 2021 que estableció dos regímenes especiales "con el objetivo de garantizar a la población el derecho de acceso al servicio de energía eléctrica y, al mismo tiempo, sostener la solvencia del MEM en el marco de la emergencia económica y sanitaria imperante en ese momento".
La norma también estableció, con relación al reconocimiento de créditos del Régimen de regularización de las obligaciones, la consideración de criterios diferenciados que contemplen el origen y trayectoria de la deuda de cada distribuidora; la situación social de los usuarios y la priorización en la obtención de un grado equivalente de desarrollo entre regiones, provincias y municipios, así como el mejor impacto en el servicio público.
Hace mención además a que se dispuso prorrogar hasta el 31 de diciembre pasado la instrumentación del régimen de regularización y el reconocimiento de los créditos a las distribuidoras que, a la fecha de publicación de la medida, no hubieran celebrado los acuerdos para abonar sus deudas.
La resolución señala además que son el Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y los municipios los que deberán controlar el cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía y potencia por parte de las compañías, estableciéndose un período de seis meses para elaborar un mecanismo para el pago de las facturas emitidas y que en un futuro emita CAMMESA.
Para llevarlo a cabo, la Secretaría de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a las transacciones por consumos que asegure el valor del crédito e implementará un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales.
En diciembre de 2020 se aprobó la ley 27.591 de Presupuesto para el año próximo que en su artículo 87 estableció un Régimen Especial de Regularización de Obligaciones de las distribuidoras, luego prorrogado con algunos cambios hasta el 31 de diciembre de 2022 a través del decreto 88/22. El plan contemplaba un plan de pagos de hasta 96 cuotas para las deudas remanentes, con un plazo de 6 meses de gracia y una tasa de interés equivalente de hasta el 50% de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
La resolución 642/22 que reglamentó el decreto 88/22 se publicó en septiembre de este año y se agregó que en los acuerdos podrían reconocerse créditos equivalentes de hasta 2 veces la factura media mensual del año 2020 de Cammesa, no pudiendo superar los cinco créditos totales de la factura media mensual. Si bien se habla de créditos no es un giro de dinero a las distribuidoras sino un monto de la deuda que se les condona equivalente a una determinada cantidad de facturas de Cammesa. A su vez, en ese decreto reglamentador se precisó que las deudas remanentes se negociarían al 31 de agosto de 2022.