Garbarino: al menos 2.800 cesanteados, debe casi $20.000 millones y el dueño quiere vender sus plantas en el Sur
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El derrumbe comercial de Garbarino Compumundo sigue sin acercarles soluciones a los miles de trabajadores afectados por los despidos y el cierre multiplicado de locales. El proceso judicial que se le sigue a la compañía, aún encabezada por Carlos Rosales, sumó un nuevo capítulo la semana pasada vía una audiencia en la que se expuso que el número de empleados despedidos o considerados de esa forma suman casi 2.800 –en el período que va de marzo de 2021 a octubre de este año–, la deuda acumulada del grupo de empresas bajo control del empresario mencionado merodea los 20.000 millones de pesos, y se propuso la venta de plantas industriales en Sur para reducir los montos a pagar.
Según indicaron a iProfesional delegados de los empleados de Garbarino, Rosales bajó la persiana de 200 locales en todo el país pero Garbarino aún mantiene en funcionamiento cinco sucursales e, incluso, acaba de abrir un nuevo punto de ventas en torno al Parque Avellaneda Shopping.
Los delegados reconocen haber detectado situaciones de "desvíos de fondos de la recaudación" y denuncian una "facturación a nombre de otras personas y empresas, de modo tal que el dinero no termina de llegar a los trabajadores".
Los cesanteados por el empresario y la cúpula de la firma sobreviven a fuerza de changas y en los últimos días trascendió el caso de Fabián de la Fuente, un vendedor de 60 años que supo combatir en la Guerra de Malvinas y que, tras resultar despedido de la cadena de electrodomésticos, hasta tuvo que juntar y vender cartones y metales para garantizar un mínimo sustento.
Rosales propone vender en el Sur para cubrir algunas indemnizaciones
"La mayoría hace trabajos eventuales, changas, para poder sostener la comida de sus familias. De los despedidos muy pocos pudieron reinsertarse en el mercado laboral. Rosales, mientras tanto, fue a la audiencia acompañado por una patota del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) para amedrentar a los compañeros despedidos que reclaman una solución", comentó a este medio otra voz de los cesanteados.
"Cuando salió del juzgado, Rosales recibió una larga lista de insultos. El juez desestimó la propuesta del empresario de vender las fábricas que todavía posee en el Sur para afrontar las deudas que tiene. El juez (Fernando D'Alessandro) consideró que los montos que propone Rosales para la venta son muy bajos", agregó.
Los representantes de los trabajadores que tomaron parte de la audiencia indicaron a iProfesional que Rosales propuso desprenderse de las firmas Digital Fueguina y Tecnosur, ambas instaladas en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, por un monto cercano a los 6 millones de dólares.
"Se descartó la propuesta por el precio, que es insuficiente. También se rechazó el objetivo que se le iba a dar a ese dinero. Rosales pretendía pagar parte de la deuda de los trabajadores con el 50 por ciento de esos 6 millones. La realidad es que en lugar de esa cantidad se necesitan casi 10 millones de dólares para saldar la deuda y establecer inversiones para volver a hacer crecer la empresa", sostuvo un delegado.
Los afectados por Garbarino, sin definiciones hasta 2023
Por lo pronto, la cercanía de la feria judicial demorará, una vez más, cualquier definición hasta la primera parte de 2023.
De acuerdo a lo que expuso la síndica Susana Paz, entre despedidos y personas que renunciaron, Garbarino redujo su plantel en 2.800 trabajadores en el último año y medio.
Según los datos cargados en la base de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la cadena acumulaba a septiembre de este año 3.827 cheques rechazados por un monto total de 5.910 millones de pesos.
La cúpula de la firma, siempre según la base de datos de la entidad, no ha dejado de librar cheques sin fondos desde el 24 de enero de 2020 a esta parte.
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La convocatoria de acreedores vigente comprende tanto a la cadena de electrodomésticos Garbarino como a Compumundo y Garbarino Viajes. Los representantes de los empleados del retail sostienen que la resolución del proceso judicial que se le lleva a Rosales y sus socios podría demorar al menos tres años.