El Gobierno rechaza fallo internacional contra la estatización de autopistas
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El 24 de octubre pasado, el grupo español Abertis logró un fallo favorable de un tribunal internacional para que el Gobierno se abstenga de avanzar en el objetivo de anular las concesiones que opera en el negocio de las autopistas en Argentina.
La medida fue dictada por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en el marco del pedido de arbitraje presentado por sus subsidiarias locales Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) para evitar que el Estado vuelva a operar las autopistas Panamericana y el Acceso Oeste bajo control de ambas sociedades.
Se trata de una organización nacida en 1919 que tiene el estatus de organismo de consulta ante la ONU y que se encarga de brindar protección a las empresas de los diferentes países del mundo en lo que se refiere a operaciones comerciales.
La decisión dispuesta por ese tribunal internacional le pide a la administración del presidente Alberto Fernández que se abstenga "de solicitar o impulsar, por sí o a través de la Dirección Nacional de Vialidad o de cualquiera de sus órganos u organismos dependientes, cualquier acción o demanda de nulidad o lesividad, o medida cautelar accesoria de dicha acción judicial ante los tribunales argentinos".
Autopistas: el Gobierno no reconoce la competencia del ICC
Sin embargo, fuentes oficiales informaron a iProfesional que las autoridades locales no harán caso a la decisión y seguirán adelante con el reclamo hecho ante la justicia argentina para reestatizar las concesiones en poder de Ausol y GCO.
"El Poder Ejecutivo no reconoce la competencia del ICC para hacer o dejar de hacer algo", respondieron de manera tajante fuentes cercanas al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien lidera el reclamo ante los tribunales para declarar la nulidad de los contratos que las empresas de Abertis firmaron en el 2018 con el entonces gobierno de Cambiemos.
La presentación judicial fue radicada el 11 de octubre ante la justicia con el objetivo de "que se declare nulo el Acuerdo Integral de Renegociación que establecía, entre otros, una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años".
La demanda también recuerda que "para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el 2018, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte perjudicando a los argentinos y argentinas."
El contraataque del Gobierno
En ese marco, el gobierno argentino también interpuso una "acción de lesividad que permita modificar el Acuerdo Integral de Renegociación" celebrado con GCO y Ausol tras un largo proceso de negociación que comenzó en el 2002 y culminó en 2018 cuando Abertis informó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que, gracias a la renegociación contractual, daba por finalizada la demanda presentada contra la Argentina en el 2015 por el congelamiento de las tarifas durante 14 años.
En su momento, el reclamo contenía un pedido de indemnización por u$s1.100 millones por el supuesto daño que le causó esa medida tomada por el entonces gobierno kirchnerista.
Sin embargo, ahora el holding español, considerado el mayor operador de autopistas privadas del mundo, volvió a recurrir a una corte internacional para demandar al gobierno local para defender la continuidad de las concesiones que operan Ausol y GCO.
Busca evitar que avance la demanda por el ministro Katopodis por instrucción expresa del Poder Ejecutivo Nacional, el que también solicitó a la Justicia con carácter urgente el dictado de una medida cautelar inaudita parte (conf. art. 16 de la Ley No 26.854) a fin de que el Estado Nacional se haga cargo de la gestión de las autopistas. Las causas quedaron bajo la órbita del Juzgado N 6 a cargo de Enrique Valerio Lavie Pico, quien está a punto de definir si acepta o rechaza el reclamo oficial. De concederlo, la Panamericana y el Acceso Norte quedarán a cargo de Vialidad Nacional.
Resguardar derechos
Tanto Ausol como GCO vienen ratificando los términos del acuerdo firmado con el ex presidente Mauricio Macri, asegurando que se trata de un acuerdo ar derechos"plenamente legítimo" que fue aprobado por las máximas autoridades del Estado Nacional "siendo el resultado de un proceso de renegociación que se extendió por 1 años".
Las empresas recuerdan que el proceso se inició en el 2002, con un acuerdo parcial aprobado en el 2008 y que se completó en el 2018 con la firma del llamado Acuerdo Integral, "habiéndose cumplido con todas instancias de control establecidas en la normativa aplicable".
Ambas sociedades ya habían enviado otras notas a la CNV para rechazar la avanzada estatizadora y cuestionar la decisión presidencial de solicitar a la justicia un recurso de amparo para declarar la nulidad de los contratos y devolver al Estado ambas concesiones.
Del mismo modo, venían anticipando que iniciarían "las presentaciones conducentes para el resguardo de sus derechos" y defendían "la plena legitimidad" de los contratos de concesión que el gobierno de Alberto Fernández pretende anular por entender que ambos contratos "comprometen al Estado con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios y cuya existencia no se encuentra comprobada".
También cuestiona la dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años y el compromiso de suba de los peajes para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos en promedio, 20 veces en el Acceso Norte.
Considera además que son contratos "contrarios al interés nacional" que comprometen al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) algo mayor a los u$s813 millones, de los cuales u$s540 millones corresponden a Ausol y los otros u$s272 millones a GCO.
Otro de los cuestionamientos se refiere a la cláusula de cancelación en cuotas anuales de la deuda, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual, capitalizable y que si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda a u$s1.161 millones.
Se estableció, además, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el tributo debía ser abonado a través de las tarifas. Es decir, para cumplir con esas obligaciones, que comprendían afrontar el capital, los intereses o el Impuesto a las Ganancias, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario en la Panamericana y el Acceso Norte.
"Además, la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que el ordenamiento jurídico vigente así se lo prohibía, generando subas aún mucho mayores", asegura un informe oficial elaborado por la Procuración del Tesoro de la Nación.
A la vez, cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en el 2018 aumentó a valores cercanos a los u$s2.000 millones.
Renta asegurada
El informe oficial destaca también que, de manera adicional a esos ingresos esperados, "las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos accesos".
En este sentido, se estableció que esos fondos no iban a contar para cancelar la deuda asumida por el Estado, "lo cual significan además un ingreso adicional que aumenta la renta asegurada a las concesionarias".
El documento destaca que todas las obras ejecutadas actualmente no se financian con la tarifa actual sino con un fondo público que por los mencionados acuerdos paso a manos de Ausol y GCO.
"De esta manera, la tarifa pretendida por ambas concesionarias en su casi totalidad es en beneficio propio, no para brindar servicios al usuario", cuestiona el trabajo oficial.