Panaderos en pie de guerra con Tombolini: por qué cuestionan las decisiones del secretario de Comercio
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La decisión tomada por la Secretaría de Comercio de dar de baja el llamado "Fideicomiso Triguero" amenaza con desatar una guerra entre el titular del organismo y el sector panadero.
Ocurre que en las últimas horas se profundizaron las críticas a Matías Tombolini por haber tomado esta medida que, entre otros aspectos, redirecciona el dinero recaudado para su conformación hacia la industria elaboradora, manteniendo el objetivo original de controlar el aumento de precios de los productos panificados.
La decisión causó malestar entre los panaderos quienes aseguran que el funcionario designado por el ministro de Economía, Sergio Massa, de evidenciar una fuerte "insensibilidad social" por haber discontinuado el llamado Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).
El instrumento había sido creado durante la gestión de Roberto Feletti en la Secretaria de Comercio Interior. Era administrado por el BICE y se nutría de fondos recaudados por una suba adicional de las retenciones al aceite y la harina de soja para financiar parte del costo del trigo adquirido por los molinos que aceptaran vender la harina subsidiada a las panaderías.
Sin embargo, al FETA solamente ingresaron seis molinos de los 160 que existen, porque la gran mayoría anticipó que iba a ser un fracaso y que el Estado, luego de condicionar el precio mayorista de venta de la harina, no pagaría en tiempo y forma los subsidios.
Por eso, en el Gobierno entendieron que el efecto en costos para los panaderos fue bajo y definieron entonces dejar de subsidiar al molino para subsidiar al panadero que compra la harina.
Panaderos en pie de guerra con Tombolini: los motivos
A partir de ahora serán los propios panaderos quienes deberán pasar por la ventanilla de la Secretaría de Comercio para solicitar el dinero y esperar que, en algún momento, se lo reintegren y de ese modo poder aplicar este sistema para que los consumidores accedan a poder comprar pan a valores más bajos.
En este sentido, Gastón Mora, presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, se mostró sorprendido por la actitud tomada por Tombolini durante una reunión mantenida este martes 30 de agosto con referentes de esta industria.
"Cuando le planteamos que cortar el fideicomiso del trigo afecta seriamente a los sectores más vulnerables, que son los que no pueden acceder a un producto tan indispensable como el pan, nos respondió que él estaba para hablar de economía, no de cuestiones sociales", aseguró Mora.
Durante el encuentro, el empresario también le advirtió a Tombolini sobre la inconveniencia deotorgar subsidios de manera directa, "cuando hay un alto porcentaje de panaderías que están inhibidas y que no pueden recibir fondos a través de una cuenta bancaria, porque venimos de una pandemia y de un gobierno anterior que devastó a la industria, y en especial a las pymes y los pequeños comercios, pero nada de esto le importó al funcionario".
Para Mora, "el Secretario de Comercio pretende cortar el hilo por lo más delgado, que son los trabajadores y las pequeñas empresas, y una vez más le da la derecha al empresariado que especula con los precios de los alimentos".
En la misma línea se pronunció el presidente de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), Raúl Santoandré, para quien Tombolini no se encuentra preocupado por la posibilidad de que pueda faltar el pan en la mesa de los argentinos.
"Una vez que los panaderos no tengan más harina con subsidio, el precio del kilo de pan podría alcanzar los $450 o más", advirtió el dirigente, quien también estuvo presente en la reunión con Tombolini, en el marco de un encuentro con las autoridades de las tres asociaciones que agrupan a la industria a nivel nacional como son la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM); la Cámara de la Industria Molinera (CIM) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra).
Final con fracaso
El FETA se constituyó con lo recaudado por un aumento en las retenciones a la exportación de harina y aceite de soja, del 31% al 33%, durante la gestión de Roberto Feletti al frente de Comercio Interior. El objetivo de la herramienta era subsidiar la bolsa de harina a salida de fábrica para contener la suba del pan.
Sin embargo, unos pocos molinos adhirieron al mecanismo que además fue sospechado de favorecer a Molino Cañuelas, uno de los que se anotó para recibir el subsidio y fue beneficiado por Feletti con un giro de $1.100 millones un día antes de presentar su renuncia al organismo. El resto de las industrias siempre advirtió sobre la inconveniencia de reiterar fórmulas ya fracasadas, y optó por no adherirse al listado.
De hecho, la Cámara de la Industria Molinera pidió la eliminación del FETA, argumentando que se trata de "una herramienta inútil que fracasó porque a la mayoría de la industria le resulta imposible ingresar a un sistema que le exige financiar su producción y que, en caso de cualquier atraso en los pagos por parte del Estado, le ocasionaría lisa y llanamente una súbita descapitalización".
Del mismo modo, Diego Cifarelli, titular de la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim), consideró positivo el cambio de modelo del fideicomiso por entender que "la posibilidad de dejar de compensar la oferta de harina para llevarla a la demanda buena medida porque asegura la certeza de la política pública llegando al consumidor final a través de los panaderos".
Para el industrial, el anterior mecanismo del FETA era incompleto al punto que los molinos que se anotaron todavía esperan cobrar los subsidios, por lo cual entiende que el cambio de método ayudaría a mejorarlo ya que, hasta ahora existía muy poca oferta de "harina social", teniendo en cuenta que el 90% de los molinos no recibían las compensaciones generando que en la mayoría de las panaderías no se venda el pan subsidiado sino a los valores reales.
Desde otras empresas explicaron que el mayor descontento con el fondo siempre estuvo dado por la alteración del mercado harinero que generaba favoreciendo a los molinos inscriptos que podían despachar su a precio subsidiado o artificial a un 30% menor a los costos totales que debe afrontar la mayoría de los molinos.
Las mayoría de las empresas evitó sumarse al FETA por entender que este tipo de instrumentos de financiación estatal ya fueron utilizados en el pasado sin mayor éxito.
En la práctica, las empresas no quisieron tomar riesgos teniendo en cuenta que el mecanismo implicaba vender a un precio menor a cambio de una compensación que se liquidaba, si se hacía, en períodos poco claros, marcando un bache financiero muy peligroso para los molinos.
De hecho, las pocas empresas que entraron (al FETA) se encuentran con problemas de cobro.