Polémico proyecto para crear una red estatal de fibra óptica
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A partir de un préstamo del Banco Mundial por u$s170 millones, un sector del oficialismo impulsa un proyecto de ley para crear una red de fibra óptica estatal en localidades de hasta 2000 habitantes, que incluye tendido de fibra al hogar.
El proyecto ya genera rechazos en el mismo seno del Frente de Todos por varios motivos como que contradice el pedido de congelamiento presupuestario planteado por la ministra de Economía, Silvina Batakis y porque, a la vez, se destinarían fondos públicos para crear una red que terminará compitiendo con las prestaciones que ya ofrecen las principales operadoras de telecomunicaciones del país.
El pasado jueves 14 de julio, el subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad, Mateo Gómez Ortega, convocó a las mayores empresas del sector a un encuentro en su despacho para informarles sobre la iniciativa y explicarles que se trata de una red "neutra" con fibra al hogar; de acceso abierto que, en teoría, permite el transporte de datos, con un fácil acceso a cualquier operador por una red de infraestructura abierta, que optimiza recursos y ofrece servicios de telefonía, video e internet de alta calidad en un solo punto.
Polémico proyecto para crear una red estatal de fibra óptica
Según la definición técnica de este tipo de proyecto, también optimiza los costos de la inversión inicial y de operación, beneficiando al usuario final, ya que, al ser redes abiertas, son accesibles para que cualquier operador pueda ofrecer todos sus servicios, lo que le brinda la opción de elegir el servicio que más se ajuste a sus necesidades de calidad y precio.
Sin embargo, para las empresas del sector se trata de una iniciativa por lo menos "dudosa" por entender que no será el Estado el que finalmente operará la red sino que podría quedar en manos de "amigos".
Los empresarios del sector entienden que fomentará una competencia desleal con las operadoras que ya ofrecen los mismos servicios pero que tendrán que disputar el mercado con una nueva operadora que, al no tener que realizar inversiones con fondos propios, podría ofrecer precios totalmente subsidiados.
De manera paralela, Gómez Ortega planteó la posibilidad de que el Gobierno también destine fondos para levantar torres para telefonía celular en las mismas localidades, adquiera las radio bases y se las alquile a las compañías que ofrecen servicios de telefonía móvil a partir de la compartición de la red de infraestructura activa y pasiva.
Cuestionamientos de los sectores privados
Se trata de otro proyecto duramente criticado y cuestionado en el sector por los privados que entienden que se trata de un negocio privado, con inversiones de riesgo que en el país ya llevan a cabo por lo menos tres compañías, en la jerga denominadas "torreras".
Un ejemplo es el de Tower One, que a fines del año pasado confirmó que tiene 75 nuevas torres celulares en construcción en Latinoamérica, específicamente en Argentina, Colombia y México.
O el fondo Alba Capital Partners, dueño de Sidaco Telecomunicaciones y A1 Torres, empresas especializadas en el desarrollo de torres de telecomunicaciones para la transmisión de voz y datos.
"La idea hace ruido porque se trata de dinero del Estado para la compra de equipamiento que permita montar torres que compitan con las de las torreras privadas, cosa que no hay necesidad de hacer" advierten los empresarios del sector.
En este caso, recuerdan la fracasada idea de algunos funcionarios de reflotar la operadora estatal de celulares que había planteada, entre otros, por Luis Vitullo, ex mano derecha de Julio de Vido y procesado en varias causas vinculadas a manejos irregulares de fondos durante los anteriores gobiernos kirchneristas.
En su carácter de asesor de la Jefatura de Gabinetes para temas de telecomunicaciones, Vitullo también participó de la reunión.
Es más, según comentaron fuentes privadas, fue quien lideró el encuentro con las operadoras que convocó Gómez Ortega, que al igual que el procesado funcionario, fue designado en sus cargo a instancias del vice jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Neme.
También estuvo presente Guillermo Schor Landman, asesor legal de la Federación de Obreros y. Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA), pero en calidad también de asesor de la Vice Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por el lado del Banco Mundial, se presentó un consultor de la entidad financiera internacional llamado Fabián Crosta.
Los proyectos presentados por estos funcionarios son fuertemente cuestionados por las empresas del sector, aunque de manera privada ya que no quieren hacer declaraciones públicas "para evitar represalias", tal como lo admitió un empresario consultado por iProfesional, quien calificó las iniciativas de Gómez Ortega y Vitullio como "peligrosas" y "sin sentido", más que el de beneficiar a sus "amigos".
En el caso del plan para construir la red de fibra óptica por fuera de los organismos oficiales encargados del área de las telecomunicaciones hicieron mención a una localidad de la provincia de Buenos Aires donde su intendente llevó a cabo un plan similar con fondos municipales que luego concesionó a un pariente.
A los empresarios también los asombró el protagonismo que tuvo Vitullo en la reunión, llevando "la voz cantante" y actuando "como si fuera el verdadero secretario o incluso vice jefe de gabinete".
De hecho, las empresas tuvieron un fuerte contrapunto con el procesado funcionario por el desarrollo de las redes de infraestructura y la condición de "neutra" que los funcionarios aseguran tendrá el plan.
"Consideramos que competirá con las compañías prestadoras y además sabemos cómo terminan esas cosas" expresaron en una operadora.
Plan piloto
Ya hace algunas semanas, el propio Gómez Ortega, le había confiado a la revista Convergencia que el modelo de infraestructura neutra se encontraba en una "fase de diseño" para mejorar la conectividad de localidades de 500 o menos habitantes, con el objetivo de que la red sea utilizada por prestadores para servicios además del abono a internet, como conectividad móvil, IoT, cámaras, servicios a los municipios y a la industria agropecuaria.
Según el medio especializado, la fase de diseño incluirá una prueba de concepto en una selección de localidades con una inversión a cargo del Gobierno.
El funcionario también admitió que tras el período de prueba piloto, elaboraría un plan de mayor envergadura bajo distintas líneas de financiamiento como la del Banco Mundial.
"La voluntad es no hacer lo que nos parece sino lo que pueda ayudar y ellos (los prestadores) manifiesten como necesidad", manifestó el funcionario en ese artículo.