Por las nuevas trabas a la importación, multinacionales reformulan sus planes de negocios para la Argentina
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Con medidas como las de freezar proyectos de inversión o utilizar un seguro de cambio por 180 días, las multinacionales están preparándose para seguir haciendo negocios en la Argentina a partir de las restricciones impuestas por el Gobierno a las importaciones.
En la mayoría de las casas matrices de los grupos extranjeros que operan en el país se busca consenso para no abandonar las operaciones locales y sobrevivir, por lo menos, hasta fin de año con el nuevo contexto surgido de las modificaciones dispuestas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que en la práctica implican la instauración de significativos cepos a las compras externas, que se agrega a otras trabas ya existentes.
En este sentido, identifican como problemas adicionales a la inflación que no cede ante las tensiones políticas y macrofinancieras; la recuperación económica que está expuesta ante un panorama de fragilidad; la incertidumbre con costos financieros para la gestión fiscal; la reversión de las presiones cambiarias a pesar del buen desempeño en el intercambio comercial y la política monetaria que se revierte hacia la expansión.
Multinacionales reformulan planes de negocios para la Argentina
En este marco, en las sedes de las multinacionales de mayor relevancia para la economía local se comenzarán a aplicar medidas "defensivas" para sostener sus filiales argentinas y lograr "atravesar la tormenta", tal como lo definió un alto ejecutivo de uno de esos grupos de origen extranjero.
En otra empresa extranjera admitieron haber recibido la orden de suspender anuncios de nuevas inversiones hasta fin de año con el objetivo de esperar que las autoridades nacionales mejoren el perfil económico interno y vuelvan a permitir el ingreso de insumos del exterior.
Del mismo modo, también se empiezan a vislumbrar la toma de decisiones financieras más técnicas para sortear las restricciones y poder seguir importando.
Una de ellas es la de financiar a 180 días a sus filiales locales con un seguro de cambio que les permita seguir importando usando pesos en el marco del Rofex y de altas tasas de interés atadas a la evolución de la inflación.
La medida consistiría en otorgar a sus sucursales un crédito para que mantengan sus actividades en pesos y aguanten hasta el ingreso de dólares de la próxima cosecha.
Una jugada que otros empresarios califican como osada pero que no tendrá el efecto deseado debido a que consideran que la economía local se está complicando a un ritmo acelerado.
"Por más multinacionales que sean, no les sobran los dólares como para sostener a sus filiales en medio de este desmadre", analizó el dueño de un grupo industrial local que considera también "que los dólares los vamos a volver a ver el día del arquero".
Un escenario similar describen desde una de las alimenticias locales de mayor peso, donde sus ejecutivos han comenzado a evaluar las medidas del Central para determinar el daño exacto que generarán a sus operaciones.
"Las estamos evaluando, pero a priori no profundizarán el daño que ya sufrimos por otras medidas tomadas desde el Gobierno porque nosotros exportamos más de lo que importamos que, a la vez, no se compone de insumos o productos que sean críticos para nuestra producción", agregan desde esa compañía que actualmente se encuentra renegociando la continuidad del programa Precios Cuidados con el Gobierno.
"Una severa restricción"
Mientras tanto, desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) salieron a cuestionar duramente las últimas medidas y expresar una "profunda preocupación" por entender que la extensión del requisito de financiamiento previo para buena parte de los bienes y servicios importados "significa una severísima restricción a la posibilidad de importar".
La cámara empresaria hace referencia al cepo impuesto no solo a los artículos de consumo (que representan menos del 10% del total) sino también a las materias primas, bienes intermedios y bienes de capital.
"Con la situación macroeconómica vigente en Argentina, con un elevadísimo nivel de riesgo país y un historial crediticio que dista de ser inmaculado, las posibilidades de obtener financiamiento de proveedores del exterior son muy limitadas y a costos elevados, máxime cuando se enfrenta un escenario de escasez de diversos productos a nivel global", agrega la CAC en un comunicado.
"Las medidas condenan a muchas empresas argentinas a reducir drásticamente –o incluso suprimir– sus compras del exterior", señala un hombre de negocios que asegura haber "vivido esta historia más de una vez".
Tanto este empresario como los integrantes de la CAC consideran que buena parte de las compras en el exterior no son bienes termindos sino insumos para los más diversos procesos productivos.
Por eso entienden que la determinación del BCRA amenaza con paralizar las operaciones de múltiples ramas de la actividad, dañando severamente a la economía en su conjunto, con su consiguiente perjuicio en materia de empleo, recaudación tributaria y tantas otras variables.
Asimismo, los empresarios advierten que la menor oferta de bienes que se derivará de esta medida agregará una presión adicional sobre los precios, agravando así el fenómeno inflacionario.
De hecho, aseguran que la decisión profundiza la falta de credibilidad en el Gobierno a pesar de que las autoridades nacionales aseguran que se trata de medidas transitorias.
En este sentido, el documento de la CAC señala que "la transitoriedad que se prevé que tenga la nueva exigencia –algo que no se puede dar por garantizado, considerando tantas otras medidas "de excepción" que en nuestro país acabaron por perpetuarse– no quita que tenga un gran poder de daño en la actual coyuntura, cuando el país hace sus mayores esfuerzos por superar la profunda contracción que sufrió en el marco de la pandemia de covid-19, que se sumó a un estancamiento de 10 años".
Realidades lamentables
Como alternativas, las empresas proponen que la escasez de dólares y las restricciones que Argentina enfrenta en materia de balance de pagos, deben enfrentarse minimizando el impacto sobre la economía, algo que la flamante normativa del BCRA dista de hacer.
Agregan que las dificultades que las nuevas disposiciones pretenden atender son en buen grado consecuencia de reiterados errores de política económica acumulados a lo largo de los años, que derivan en realidades lamentables como que un país con un enorme potencial energético tenga que destinar ingentes recursos a la importación de combustibles, o que se produzca una permanente huida de la moneda local, con la consiguiente presión en el mercado de cambios.
A partir de este escenario, desde la CAC rechazan las medidas y reclaman que se retome de manera normal la operatoria del comercio exterior y que se encaren acciones de fondo para que el país se desarrolle, "incluyendo la generación de confianza y un clima de negocios adecuado, en beneficio del sector representado y de la economía nacional en su conjunto".
Conformación de una mesa de trabajo
Siguiendo esta coyuntura desde la Unión Industrial Argentina (UIA) en tanto propusieron la conformación de una mesa de trabajo que permita la continuidad del proceso productivo, evite complicaciones en las cadenas de valor, garantice el abastecimiento del mercado interno, permita que sigan creciendo las exportaciones y no afecte a los sectores que generan divisas.
En este sentido, Daniel Funes de Rioja, presidente de la mayor cámara industrial local, explicó que "el acceso a insumos importados es clave para que el proceso productivo no se detenga".
El empresario asegura que la industria está aportando desde la agregación de valor, la inversión y la generación de empleo "para que Argentina transforme la recuperación en crecimiento".
Los CEOs, preocupados por la realidad argentina
El problema es que hacia el futuro cercano las probabilidades de que surjan cambios positivos para la economía local son escasas si se tienen en cuenta las proyecciones que los hombres de negocios hacen sobre lo que vendrá.
Por lo menos así surge de un relevamiento realizado entre más de 500 hombres de negocios por la organización Lide y cuyas principales conclusiones son una inflación del 70% y un dólar oficial que va a superar los $200 para el 2023.
Los resultados surgen del workshop que LIDE Argentina llevó a cabo y en el que se analizaron las principales variables económicas y financieras del país para el año próximo. Es decir, tipo de cambio, índice de inflación, salarios y tasa de crecimiento anual.
Moderado por Rodolfo de Felipe, presidente de LIDE Argentina, del evento contó con la presencia de Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres & Asociados; Fernando Garabato, socio en Finanzas Corporativas de BDO; y Álvaro José Galli, socio en Derecho Laboral y Seguridad Social de Beccar Varela.
En el evento, los líderes empresariales expusieron, analizaron y escucharon opiniones sobre cuatro variables económicas y financieras gravitantes a la hora de armar sus presupuestos como son el tipo de cambio oficial, la tasa de inflación, el crecimiento del PBI, y los incrementos salariales.
Como resultado de este trabajo se elabora el Indicador Budget Time (IBT), una herramienta que refleja las expectativas del sector privado para el 2023.
Los empresarios dejaron ver en sus pronósticos que la falta de confianza y la incertidumbre respecto al rumbo económico del país son dos de los principales factores que condicionan las proyecciones para el año próximo, sumado a una inflación que, estiman, llegará al 70%.
En sintonía con este dato, esperan que el crecimiento salarial promedie el 67% y para el tipo de cambio oficial tampoco esperan que se revierta la tendencia actual y consideran que se ubicará por encima de los $180, con un crecimiento económico anual para la Argentina de casi dos puntos.
El preocupante escenario es coincidente con otro informe elaborado por el Departamento de Economía del IAE Business School en el que se advierten riesgos por la inestabilidad económica mundial y la incertidumbre y malestar social en el país.
El trabajo del organismo que depende de la Universidad Austral fue elaborado por Juan José Llach, profesor emérito del IAE Business School.
El experto entiende que la alta inflación en Estados Unidos es impulsada en gran parte por el retraso de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) en subir sus tasas y destaca que en mayo, el IPC saltó 1% mensual y llegó al 8,6% interanual, un récord de 40 años.
En tardía respuesta, según sus palabras "quizás para mostrar que está dispuesta a todo", el 15 de junio la FED aumentó 75 puntos básicos su tasa de interés de política monetaria.
"Una luz amarilla vino también con el empleo, que aumentó en mayo a tasas decrecientes. Así, los puestos privados crecieron 330.000, muy por debajo de los últimos meses. Sin embargo, la tasa de desempleo se mantuvo en 3,6%, por menor oferta", señala Llach.
Por su parte, Eduardo Fracchia, director del área de economía del IAE, cree que la guerra Rusia - Ucrania va para largo y que los efectos en alimentos y energía persistirán.
En este marco, el experto considera que el consumo es empujado por la inflación ya que si la gente no ahorra, no consume bienes.
"Hace unos meses el REM está más nervioso y los organismos que lo conforman están viendo más complejo el tema inflación. En mi perspectiva, este año cierra en 90% y el año que viene en 110% con bandas de varianza importantes", agrega.
Por eso anticipa que será el mercado el que hará el ajuste si el Gobierno no lo impulsa teniendo en cuenta la evidente la inacción del doble comando y las inconsistencias crecientes por parte del Poder Ejecutivo.
"Hay un tercio de posibilidades de que esto termine muy mal con salto fuerte de la cotización blue, caída importante de la demanda de dinero y aceleración de la estanflación en 70%. Se vislumbra posible inflación de tres dígitos en el 2023 y recesión leve de 2% el año que viene", advierte Fraccia.
Renta inesperada
Por otro lado, Juan Manuel Jauregui, Doctor en Economía (UCLA), analiza cómo el proyecto de ley para gravar la renta inesperada es prioridad de política del Gobierno.
Considera que la discusión presenta una oportunidad para revisar la política fiscal, la recaudación y el gasto en la gestión actual.
"Este aumento no es suficiente para contrarrestar el aumento del gasto. Ya en la argumentación del mayor ingreso se presentaba la necesidad de mayor gasto social por medio de la tarjeta alimentaria y de bonos para jubilados y beneficiarios de programas sociales", asegura.
De hecho agrega que la motivación no era mayor solvencia fiscal sino mayor nivel de participación del Estado en la economía. "Esta mentalidad es el problema principal de filosofía política que tenemos en el país y que subyace al problema fiscal, que a su vez es la causa de la inflación y del estancamiento económico" considera Jauregui.
Por eso sostiene que cuando el Estado es muy grande, intermedia en las actividades económicas excesivamente, reduciendo el dinamismo de la economía, ya que los emprendedores tienen un rol menor y los criterios de eficiencia pierden importancia. "Los criterios más importantes pasan a ser los del estado, que suele desestimar el esfuerzo y el talento, y burocratiza la actividad económica", destaca.
Como solución al problema fiscal argentino el experto entiende que no pasa por una mayor recaudación, ya sea con menor evasión o con nuevos impuestos o más altas alícuotas.
Aclara que si bien la evasión debe ser combatida y eliminada, destaca que a medida que se genera esa reducción el sistema impositivo debería racionalizarse para hacerlo más eficiente y justo.
"El país necesita un nivel de recaudación más bajo, que de mayor espacio a la iniciativa privada. Es decir, la solución al problema fiscal tiene que venir con una reducción del gasto", añade.
Complejidades económicas
En tanto, para Martín Calveira, investigador del IAE Business School, las complejidades económicas se realzan cuando los mercados financieros y los deudores no logran coordinar posiciones, se reconfiguran expectativas de los agentes y se generan incentivos distantes a los de un sendero estable de crecimiento macroeconómico, con posibles disrupciones de corto plazo, es decir, se demarcan y activan tensiones no deseadas en el funcionamiento de la estructura económica.
"El acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) implica no solo evitar un evento de default con el organismo, sino también varios objetivos, por cierto esperables, para dar inicio a un proceso de sustentabilidad macroeconómica", señala.
Dos de esos objetivos son la disminución gradual del financiamiento al sector público por parte del Banco Central y la convergencia a un equilibrio fiscal primario en el período 2022-2024. Esto implica desafíos importantes para el Gobierno, principalmente en materia de financiamiento, que pueden transformarse en mayores complicaciones o, contrariamente, en un corredor de estabilidad de largo plazo.
En el caso del financiamiento en moneda local anticipa que tendrá restricciones en términos de tasas de interés ante un panorama inflacionario creciente. Y advierte que si el Ministerio de Economía a cargo de Martín Guzmán convalida una suba nominal de tasas, el peso de los servicios de la deuda y capital en el esquema presupuestario del Gobierno será creciente, lo que implicará destinar mayor recursos fiscales para afrontar esos pagos en moneda doméstica.
"El anuncio de un programa macroeconómico de estabilización principalmente sobre la inflación debería modificar expectativas y su eficacia dependerá de la confianza y la cohesión social", concluye Calveira.