La segmentación tarifaria viene con demora y sin voces oficiales del área energética que la defiendan
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A la complejidad técnica que presenta su traslado a las facturas y a los cuestionamientos de las empresas distribuidoras eléctricas y gasíferas que no fueron consultadas y que hasta ahora siguen sin conocer la letra chica de los cambios, el nuevo esquema de segmentación de tarifas y quita de subsidios le ha sumado una nueva complicación operativa.
A casi 10 días de haber sido lanzada a la calle por medio del decreto 332, la segmentación tarifaria no tiene aún dentro de la administración de Alberto Fernández quién se haga cargo de su defensa y justificación mediática y de la comunicación explicativa que requieren los usuarios.
El hecho llamativo es que la única voz ligada al Gobierno que salió a hablar de los cambios en juego con los medios haya sido la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. Es por demás indicativo que la tan mentada reconfiguración tarifaria tiene todavía varios puntos por resolver y que no todos los funcionarios involucrados con el tema están dispuestos a dar la cara por una iniciativa oficial que promete generar un nuevo dolor de cabeza a la Casa Rosada.
Debido a la importancia y los alcances que tienen los ajustes tarifarios en juego que afectan a los hogares de todo el país, lo menos que se esperaba era que las principales figuras del área energética se pusieran al frente de una campaña informativa amplia y extensiva a nivel nacional.
¿Qué pasa con las voces "oficiales" del área energética?
La lógica indica que esa tarea debería estar siendo encarada, como mínimo, por el secretario de Energía, Darío Martínez; el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo; el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio; la interventora del ENRE, Soledad Manin; el interventor del Enargas, Federico Bernal y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, que debe habilitar todas sus oficinas para que jubilados y pensionados puedan anotarse en el nuevo sistema de tarifas.
En lugar de eso, las declaraciones de la "albertista" Tolosa Paz –que en la última campaña electoral de 2021 se había destacado por vincular "la felicidad de un pueblo" con la actividad sexual—no hicieron otra cosa que generar más dudas e incertidumbre con sus declaraciones públicas referidas a los tiempos de implementación de la segmentación tarifaria.
La apertura del denominado Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) que la legisladora había anunciado para el jueves sigue sin ponerse en marcha por problemas operativos e informáticos que devienen de la falta de una modelización previa de las variables y los cambios tarifarios en curso.
El RASE es uno de los dos nuevos registros oficiales que se deben crear para llevar adelante la segmentación tarifaria. Estará bajo el manejo de la Subsecretaría de Planeamiento Energético a cargo de López Osornio, el único funcionario del staff de Energía que responde directamente al ministro de Economía, Martín Guzmán.
En ese registro tendrán que empadronarse todos los usuarios residenciales del país que soliciten mantener los subsidios sean o no titulares de los servicios de luz y gas. Los datos incluidos en las declaraciones juradas que presentaran los usuarios serán verificados periódicamente por la subsecretaría de López Osornio que también deberá confeccionar los padrones definitivos de los beneficiarios que luego usarán las distribuidoras para facturar en forma diferenciada a los usuarios que tengan tarifa plena y a aquellos que sigan subsidiados.
¿Cómo será la segmentación tarifaria?
De acuerdo con el mecanismo diseñado por el Gobierno, los propietarios e inquilinos tendrán que informar en qué niveles se encuentran sus ingresos mensuales y cuántos inmuebles y vehículos tienen para que luego los funcionarios decidan qué tarifas van a pagar y si les corresponde o no algún porcentaje de subsidio.
El nuevo esquema de segmentación para clientes residenciales se divide en tres niveles. El primero agrupa a los de mayores ingresos que, según los números oficiales, representan el 10% de los hogares que se quedarán sin subsidios y pasarán a pagar las tarifas plenas. Son los que tienen ingresos mensuales superiores a 3,5 canastas básicas y totales (CBT) y poseen al menos tres autos, tres inmuebles, aeronaves, yates y activos societarios que exteriorizan capacidad económica plena.
El segundo nivel lo integran quienes reciben el beneficio de la tarifa social y aquellos usuarios que perciben un ingreso inferior a una CBT ($95.260 a valores de mayo); mientras que el tercer nivel corresponde a clientes de ingresos medios que poseen hasta dos inmuebles y un vehículo. Los hogares encuadrados en los dos últimos niveles no tendrán más aumentos hasta enero próximo, siempre y cuando se inscriban en los nuevos registros oficiales. A partir de 2023, deberán afrontar subas tarifarias que se calcularán tomando como base el 40% y 80% de la variación salarial que se registre a lo largo de este año.
A las quejas crecientes por la falta de información que vienen expresando las distribuidoras gasíferas y las eléctricas del AMBA que dependen del gobierno nacional se agregaron ahora los pedidos de precisiones de la mayoría de los gobernadores que deben autorizar el traslado de los aumentos a las facturas de luz de las distribuidoras y cooperativas provinciales.
Para la implementación del nuevo régimen de subsidios en las facturas de luz a nivel nacional, la Secretaría de Energía comandada por Martínez tiene que suscribir convenios específicos con los entes reguladores y los gobiernos provinciales y municipales que prestan el servicio eléctrico con empresas propias o por medio de concesionarias privadas.
Hasta ahora los funcionarios del interior no han conseguido quien los atienda en el área energética para saber cual es la hoja de ruta prevista para los ajustes de tarifas.