La mayor distribuidora de electricidad del país incrementa sus pérdidas en los primeros meses del año
Al igual que las otras dos principales distribuidoras de luz y gas de la Argentina, Edenor también comenzó el año extendiendo su delicada situación financiera al informar una pérdida de $2.818 millones durante el primer trimestre.
La cifra marca un importante incremento de su rojo en comparación con los $1.018 millones que perdió en el mismo período del 2021 y de los también $1.800 millones que acumuló en los primeros tres meses del 2020, al inicio de la pandemia del Covid-19.
La distribuidora propiedad de un grupo encabezado por los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano sigue, de esta forma, siendo afectada por las políticas de congelamiento y cepo a las tarifas que viene imponiendo el gobierno del presidente Alberto Fernández.
Una estrategia que continuará durante lo que resta del año, teniendo en cuenta que las autoridades adelantaron que los incrementos para el precio de distribución de la electricidad no será mayor al 17% para lo que resta del año.
Por lo menos así se desprende de las exposiciones que hicieron funcionarios oficiales durante las audiencias públicas que se están llevando a cabo hasta este viernes 12 mayo para debatir nuevos cuadros tarifarios y el plan de segmentación de usuarios que plantea el Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán.
En este marco, los primeros resultados de Edenor de este 2022 reflejan una caída del 7% de los ingresos en términos reales producto precisamente del retraso tarifario ante un constante aumento de costos y de una inflación que no se detiene y que acaba de llegar al 6% en abril pasado.
Los argumentos de la compañia
En un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la compañía asegura que, a pesar del complicado escenario "mantiene la calidad de servicio requerida garantizando el servicio eléctrico a todos sus clientes".
Sin embargo, sus inversiones también se vieron afectadas por las normativas oficiales si se tiene en cuenta que en el primer trimestre llegaron a los $2.684 millones, contra los $3.920 millones del mismo período del año pasado.
En este marco, desde Edenor explican que la caída de sus ingresos en un 7% en términos reales durante lo que va del 2022 se debe principalmente al congelamiento tarifario en un contexto inflacionario y en el cual los niveles de volumen de energía vendida se incrementaron.
De hecho, el el margen bruto, denominado Valor Agregado de Distribución (VAD), cayó un 3% respecto de los primeros tres meses del 2021 también como consecuencia del congelamiento tarifario.
En cuanto al EBIT, resultó en una pérdida de $ 1.540 millones, en línea con la disminución del margen bruto, mientras que la pérdida de $ 2.818 millones se explica por el deterioro del margen bruto y del resultado operativo, por el impacto del cambio en la alícuota del Impuesto a las Ganancias y por un mayor cargo financiero originado por el diferimiento del pago de las obligaciones con el Mercado Eléctrico Mayorista, todo ello compensando parcialmente por una mayor ganancia por exposición a la inflación.
En su informe, Edenor también admite que sus ventas de energía se incrementaron en un 5%, alcanzando 5.470 GWh en comparación con los 5.211 GWh vendidos durante igual período anterior, con un marcado incremento en clientes residenciales, lo cual aumentó un 2,3% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Situación complicada
Pero más allá de las cifras del balance trimestral de Edenor, lo cierto es que la distribuidora presenta una situación financiera adversa sin flexibilidad para asumir compromisos adicionales a su plan de inversiones para operar y mantener el servicio eléctrico concesionado. Por lo menos mientras se mantenga la política de otorgamiento de incrementos acotados y menores a la suba de los costos del sector.
De hecho, su deuda con CAMMESA, la sociedad estatal a cargo del mercado eléctrico mayorista, llegó a los $30.000 millones el año pasado, de acuerdo al POA 2021 aprobado por el directorio de Edenor, que también admitió que laslíneas de financiamiento de mediano plazo son acotadas y que la sociedad debe priorizar el destino de los fondos a los planes de inversiones y mantenimiento
En este escenario, la compañía puso en marcha un plan de reducción y control de gastos que, entre otras decisiones, plantea una redefinición de su necesidad de oficinas corporativas, que con la implementación de teletrabajo requerirá flexibilidad para adaptar los espacios necesarios en función de las nuevas prácticas implementadas y menores superficies. Es más, los posibles incrementos que surjan de las actuales audiencias públicas tampoco ayudarán a que la compañía mejore su perfil financiero teniendo en cuenta que en ninguno de los tres días de debates se plantearán cambios a los costos propios de distribución o Valor Agregado de Distribución (VAD) que, desde hace más de una década, se mantienen constantes en términos reales.
Técnicamente, el VAD incluye los costos de desarrollo e inversión en las redes, de operación y mantenimiento y de comercialización y lo decide cada jurisdicción a través de las autoridades eléctricas provinciales o municipales, salvo en el AMBA donde es potestad del Estado Nacional. Ese componente de la factura es el que las distribuidoras de electricidad reclaman al Gobierno que se retoque para poder cambiar sus ecuaciones financieras afectadas por balances negativos que se acumulan año tras año, salvo algunos períodos de rentabilidad.
De hecho, en las audiencias del año pasado que definieron aumentos de entre el 20% y el 9% para las tarifas de luz y gas, Edenor y Edesur pidieron subas de hasta el 81% y 157%, respectivamente. En el caso de la empresa del grupo italiano Enel, reclamó $ 22.160 millones por ingresos no percibidos por el congelamiento tarifario que data de 2019, y presupuestó un aumento de 253 % en el VAD, con respecto al 2020 por un total de $ 54.000 millones.
Edenor: la necesidad de recomponer la caja
Por su parte, la distribuidora controlada por el grupo Vila-Manzano pidió $38.477 millones por ingresos no percibidos y una suba del VAD del 109%, alcanzando un total de $ 61.000 millones.
Si bien el Gobierno no tuvo en cuenta los pedidos, estos guarismos muestran la necesidad de recomposición de sus cajas que tienen las empresas que vienen operando a pérdida y auxiliadas con fondos de sus casas matrices para poder mantener de manera adecuada sus servicios.
Ocurre que Edenor viene liderando el ranking de las empresas de servicios públicos que más dinero perdió durante los últimos tres años. La mayor distribuidora de electricidad, que brinda servicios a tres millones de usuarios, llegó a un rojo cercano a los $20.000 millones el año pasado que contrasta con las ganancias que había logrado en el 2019; el 2018 y el 2017 por $16.518 millones; $8996 millones y $10.814, respectivamente.
Sin embargo, desde el 2019 registra capital de trabajo negativo como consecuencia de la suspensión de la actualización de la tarifa, a pesar del constante aumento de los costos de operación y las inversiones necesarios para mantener la red en un contexto inflacionario y de recesión sostenida en el cual se encuentra la economía argentina desde mediados del 2018. Adicionalmente y como también le ocurrió a las otras dos distribuidoras, la pandemia le provocó un alto impacto financiero debido a las acciones sanitarias y a sus consecuencias sobre los indicadores de producción y actividad de la economía del país y de sus propias operaciones que se vieron afectadas por un incremento de la morosidad y una baja de la demanda.
Esto la llevó a postergar pagos a CAMMESA por la energía adquirida en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), obligaciones que acumulan una deuda $19.008, más $2.376 en concepto de intereses y recargos. Pero el congelamiento de tarifas y el no cumplimiento del acuerdo de renegociación firmado con el anterior gobierno del ex presidente Mauricio Macri, generó una deuda del Estado con la empresa que asciende a $20.939 millones, sin considerar intereses.