Cómo afectarán a las distribuidoras de luz y gas los cambios en las facturas
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En medio de la grieta que también divide al oficialismo por el futuro de las tarifas de los servicios públicos, en las distribuidoras de luz y gas no se esperan cambios positivos para sus ecuaciones económicas que puedan ser generados por la segmentación de los precios y la reducción de los subsidios.
Por el contrario, lo que se anticipan son semanas de mayor complejidad derivada de las medidas que deberán adoptar para aplicar el nuevo formato que el Gobierno termine de aceitar para que algunos sectores de la sociedad paguen más por la electricidad y el gas que utilizan en sus hogares.
Ocurre que a un día de que arranquen las audiencias públicas convocadas por las autoridades para el tratamiento del nuevo esquema de valores para ambos servicios, no está todavía claro cuál será el formato definitivo a aplicarse para el precio estacional y la quita de subsidios que se debatirán durante esta semana.
La discusión se dará durante tres días, entre el martes 10 de mayo y el jueves 11 de mayo próximos. Esos días, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), deberán poner a consideración de quienes participen de las audiencias.
Suba de tarifas de servicios de luz y gas: el cronograma
El cronograma se inicia este martes, cuando se traten los nuevos precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) que se comenzarán a aplicar desde junio y en los que se anticipan subas de 18,5% y 25,5% para los usuarios que no están alcanzados con el beneficio de la tarifa social.
Luego, el miércoles será el turno del debate por el nuevo precio estacional de la energía que también comenzará a regir en junio y que podría incrementarse en hasta un 17,2% en promedio para los usuarios sin tarifa social.
Y el jueves se tratará la implementación de la segmentación de los subsidios al precio de la energía para usuarios del servicio de gas natural y el de energía eléctrica que tendrá que aplicarse hasta el 2023.
En esta audiencia, el Gobierno propondrá un esquema que dejará sin subsidios al 10% de los clientes de Edenor, Edesur y Metrogas, mantendrá la ayuda a los que tienen el beneficio de la tarifa social y segmentará el envío de las facturas de acuerdo a parámetros que hasta ahora no están del todo claros y que han venido cambiando como parte de la puja de poder interna entre el kirchnerismo y los funcionarios fieles al presidente Alberto Fernández.
El VAD, sin variantes
Pero más allá de esta pelea, en las empresas el debate se analiza de manera crítica ya que en ninguno de los tres días de audiencias se plantearán cambios a los costos propios de distribución o Valor Agregado de Distribución (VAD) que, desde hace más de una década, se mantienen constantes en términos reales.
Técnicamente, el VAD incluye los costos de desarrollo e inversión en las redes, de operación y mantenimiento y de comercialización y lo decide cada jurisdicción a través de las autoridades eléctricas provinciales o municipales, salvo en el AMBA donde es potestad del Estado Nacional.
Ese componente de la factura es el que las distribuidoras de electricidad reclaman al Gobierno que se retoque para poder cambiar sus ecuaciones financieras afectadas por balances negativos que se acumulan año tras año, salvo algunos períodos de rentabilidad.
De hecho, en las audiencias del año pasado que definieron aumentos de entre el 20% y el 9% para las tarifas de luz y gas, Edenor y Edesur pidieron subas de hasta el 81% y 157%, respectivamente.
En el caso de la empresa del grupo italiano Enel, reclamó $ 22.160 millones por ingresos no percibidos por el congelamiento tarifario que data de 2019, y presupuestó un aumento de 253 % en el VAD, con respecto al 2020 por un total de $ 54.000 millones.
Por su parte, la distribuidora controlada por el grupo Vila-Manzano pidió $38.477 millones por ingresos no percibidos y una suba del VAD del 109%, alcanzando un total de $ 61.000 millones.
Si bien el Gobierno no tuvo en cuenta los pedidos, estos guarismos muestran la necesidad de recomposición de sus cajas que tienen las empresas que vienen operando a pérdida y auxiliadas con fondos de sus casas matrices para poder mantener de manera adecuada sus servicios.
La polémica por la segmentación de tarifas
En el caso de la segmentación, las empresas consideran que este procedimiento de política energética que no llega a sus cajas no impactará positivamente para que puedan dejar atrás la complicada ecuación financiera por la que atraviesan como consecuencia del congelamiento de tarifas en un país donde los costos no dejan de subir por el impacto de la inflación que no baja del 50% anual.
Avisan que la segmentación será una ayuda siempre que el aumento sea mayor al ingreso de caja, pero que aun así no despejará la incertidumbre que vienen sufriendo con respecto a la operatividad de sus servicios.
También estiman que la tarifa plena que pagarán los sectores de mayores ingresos no será suficiente para mejorar sus ingresos y mantienen el escepticismo con respecto a que igualmente seguirán atravesando "años duros".
Se basan en que el combo de factores que afecta al sector ya causó un fuerte deterioro en sus que solamente en el 2020 acumularon en conjunto pérdidas por $37.033 millones.
Es más, en lo que va de la gestión de Alberto Fernández las tres mayores proveedoras de luz y gas del país suman pérdidas conjuntas de $69.532 millones. O dicho de otra forma, algo más de $3.311 millones por mes; $110 millones por día e incluso de $4,5 millones cada 60 minutos.
En el caso de Edenor, en los últimos 21 meses lleva perdidos $32.436 millones, producto de un rojo de $17.600 millones del 2020 y de $ 21.344 millones en el 2021.
En los mismos periódos, Edesur perdió $9.082 millones y $17.684 millones respectivamente.
A partir de estos números, sus ejecutivos vienen hablando de la existencia de "un alto grado de incertidumbre" respecto de la capacidad financiera de la distribuidora para cumplir con sus obligaciones.
Gas, con la misma incertidumbre
En el caso de Metrogas, la situación es similar a las de Edenor y Edesur, al punto que el año pasado perdió $4.368 millones y el 2020 otros $8.151 millones.
En ese período, la empresa que hoy es propiedad de YPF, había acumulado la mayor pérdida en términos nominales desde que fue creada en 1992, tras el proceso de privatización de los servicios públicos ordenado por el entonces gobierno de Carlos Menem.
El largo congelamiento de las tarifas, sumado a las medidas tomadas por el Gobierno para afrontar la emergencia sanitaria del Covid-19 fueron las causales de la preocupante situación por la que atraviesa la distribuidora que le brinda servicios a más de 2,5 millones de clientes dentro de Capital Federal y el conurbano bonaerense.
Es por eso que la actualización tarifaria por debajo del incremento general de precios de la economía y de los costos de Metrogas seguirá teniendo efectos negativos sobre la liquidez, la posición financiera y los resultados de la sociedad.
De hecho, sus ejecutivos consideran que dicho escenario continuará en los próximos años en la medida que no se obtenga una adecuada recomposición tarifaria o se implementen otros mecanismos que permitan equilibrar la situación de liquidez y la posición financiera.