Nuevo golpe al bolsillo: las operadoras de celulares vuelven a aumentar los precios de las tarifas
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Las operadoras de telecomunicaciones vuelven a incrementar los precios de sus servicios por segunda vez en el año, luego de haberlos retocado en marzo pasado en torno a un 16%. Los nuevos valores comenzarán a regir a partir de mayo próximo y se supone que se mantendrán por lo menos durante tres meses hasta julio con porcentajes similares a los anteriores, pero que tendrán diferencias según la empresa, los planes y la categoría de clientes.
Ya el año pasado, las proveedoras del servicio establecieron incrementos superiores a los regulados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que fue empoderado por el DNU 690/20 emitido en plena pandemia por el presidente Alberto Fernández, que categoriza como un derecho humano básico el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Entre otros aspectos, la norma estableció que los precios de los servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable son regulados por el organismo que preside Claudio Ambrosini mediante un esquema de incrementos permitidos únicamente en los valores de las facturas de abril, agosto y diciembre de cada año.
De hecho, en el 2021 el ENACOM definió para los servicios llamados TIC subas del 3% en junio y del 5% en julio mientras que para diciembre había estipulado una nueva revisión. En el caso particular de la telefonía móvil, los aumentos oficiales autorizados desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021 no podían superiores el 23%.
Y desde diciembre se debía comenzar a aplicar una nueva fórmula orientativa que debía contemplar "un precio justo, equitativo y razonable, que nunca podrá ser superior a las subas salariales y deberá encontrarse por debajo de las mismas", tal como lo estableció el decreto presidencial.
Aumento en las tarifas de la telefonía celular: la intervención de la Justicia
Sin embargo, las operadoras decidieron recurrir a los tribunales para presentar sendos recursos de amparo contra la decisión presidencial, argumentando que se trata de un negocio en competencia, con precios libres y no un servicio público al estilo de lo que el DNU 690/20 entiende.
En todos los casos, los juzgados que recibieron las denuncias avalaron las posturas de las compañías, suspendiendo la aplicación del decreto por entender que es inoportuno e innecesario y mostraba una intervención en los precios para disminuir su impacto inflacionario sobre la economía.
Por eso, jueces de distintas instancias, y con diferente asiento territorial, sostuvieron que la medida altera sustancialmente las condiciones bajo las cuales fueron regulados y organizados los servicios TIC; se desentiende del costo real de organización, instalación, prestación y mantenimiento de esos servicios; y desconoce la posibilidad de obtención de una renta razonable.
Es decir, consideraron que el medio empleado por el Estado era desproporcionado respecto de las finalidades que se propuso alcanzar como el despliegue y ampliación de la red federal de fibra óptica.
Las cautelares posibilitaron de ese modo recomposiciones de precios superiores a las permitidas por el Gobierno y similares a la evolución de la inflación tanto durante el año pasado como seguramente también durante este 2022. Movistar aumentó sus tarifas un 44%; Claro lo hizo en un 45% y Personal un 49%, superando ampliamente el 21% establecido por decreto por el ENACOM para todo el 2021.
Cuáles son las estrategias comerciales de las empresas para 2022
Para este año, las estrategias comerciales son las mismas, con subas que las operadoras consideran adecuadas para mantener la calidad de las comunicaciones y la sustentabilidad de sus negocios.
Por caso, Movistar acaba de informar a sus clientes una actualización en los precios de los servicios fijos y móviles de hasta un 12,6% que regirá desde mayo. Desde la filial local del grupo español explicaron a i que la decisión se toma "en un contexto de depreciación cambiaria y de fuerte incremento de la demanda de conectividad".
Para los voceros de la compañía, se torna necesario adecuar los valores de sus servicios, aunque aclaran que son conscientes de que muchos de sus clientes atraviesan un contexto económico complejo, por lo cual aplica actualización de precios de manera cuidada para que el impacto en bolsillo sea menor.
"Esta adecuación de precios permite mantener la conectividad con que los argentinos trabajan, se educan y entretienen", agregan desde Movistar. También aclaran que todos sus clientes que cuenta con una bonificación la mantendrán en los mismos porcentajes y plazo de duración que los que reciben actualmente.
Los usuarios de Personal también comenzaron a recibir comunicados de actualizaciones de sus planes, pero desde la compañía declinaron hacer declaraciones para iProfesional. "No hacemos comentarios sobre nuestras políticas comerciales", fue la respuesta ante la requisitoria de este medio. Tampoco fue posible contactarse con los voceros de Claro.
Decreto perjudicial
Sin embargo, desde otras empresas del sector aseguraron que las medidas cautelares tomadas por la Justicia a favor de los reclamos empresarios lograron frenar el fuerte embate del Gobierno para querer regular las ganancias y los ingresos del sector.
También recordaron que los cuestionamientos al DNU y a la imposibilidad de ajustar tarifas sin autorización del Gobierno no partieron sólo de los principales players ya que los efectos de esta medida resultan perjudiciales para los pequeños prestadores, incluyendo cooperativas locales y pequeñas empresas de cable e internet ya que los servicios de las TIC no pueden competir a pérdida o por debajo de los costos.
"Los precios no se aumentan para ganar más sino para poder alcanzar la inflación ya que si no lo hacemos nos quedamos sin empresa, sin telecomunicaciones y see cae toda la infraestructura que se necesita para el desarrollo del país", explicaron desde una cooperativa telefónica del interior.
Los empresarios entienden que el DNU 690720 parte de un error de diagnóstico sobre las telecomunicaciones porque iguala al sector con las empresas de luz y gas que operan en un negocio monopólico otorgado por el Estado nacional y no compiten como lo hacen los propietarios de servicios de TV por cable, internet y telefonía celular.
Ese es precisamente el principal argumento planteado por las compañías ante la justicia para evitar los alcances de la medida presidencial que pretende regular sus precios, modificar cuestiones de fondo y convertir al sector en un servicio público.
También entienden que los aumentos en las facturas de los clientes están en línea con la imposibilidad que tienen las empresas para prestar sus servicios con precios por debajo de los costos y de los fondos que deben inyectar para competir.
Justicia "cómplice"
Sin embargo, la mirada del Gobierno es diferente, al punto que fuentes oficiales volvieron a mostrar su malestar con las operadoras y asegurar que no pueden mantener sus planes de negocios "a partir de medidas cautelares".
Los voceros también adelantaron que el ENACOM se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para contrarrestar las cautelares y poder retomar la vigencia del DNU 690/20.
Pero más allá de este recurso jurídico, en algunos sectores del oficialismo entienden que los jueces vienen siendo "cómplices" de las operadoras de telecomunicaciones, al "dormir" los reclamos del Gobierno en los escritorios.