El Gobierno logra estirar los plazos de pago de la deuda externa de IMPSA
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Tras haber desembolsado algo más de $1.362 millones para quedarse con el 63,7% del capital accionario de IMPSA, el gobierno nacional sigue adelante con la estrategia de "blanqueo" de la millonaria deuda que soporta la ex compañía de la familia Pescarmona.
Como el mayor accionista de la la principal empresa de Mendoza y una de las mayores metalúrgicas de la Argentina, el Poder Ejecutivo acaba de avanzar un paso más en el proceso de canje de deuda previsto en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) alcanzado con sus acreedores y homologado por el Juzgado interviniente en la causa el 14 de abril del 2021.
El oficialismo controla IMPSA a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, que aportó u$s20 millones para que la compañía pueda recomponer su capital de trabajo e inicie un proceso que le permita posicionarse otra vez como una empresa de vanguardia en desarrollos tecnológicos.
Kulfas es el representante del Estado nacional en el directorio de IMPSA
De hecho, el propio titular de ese ministerio, Matías Kulfas, forma parte del directorio que define las operaciones de IMPSA como representante del Estado nacional.
Tiene como socios a la provincia de Mendoza que controla otro 21,2% del capital, mientras que el 15,1% restante permanece en manos privadas, de los cuales un 9,8% se mantuvo en manos del fideicomiso de acreedores y el otro 5,3% en la familia fundadora.
Para el Gobierno, el dinero aportado a la ex empresa de la familia Pescarmona es vital para el plan de recomposición de la estructura de capital, que se inició con la reestructuración de la deuda y continuó con la asistencia oficial primero con el sistema ATP y luego con el "Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos" (PAEERP), mediante el cual se cual pagó el 75% de los salarios de los trabajadores de la empresa hasta diciembre del año pasado.
En tal sentido, la empresa acaba de informar que, en virtud de lo establecido en el APE el 15 de abril pasado, se completó el canje de los bonos internacionales con vencimiento en el 2025 por u$s182 millones, por nuevos títulos sin oferta pública que vencerán en el 2036.
Estos son los principales términos y condiciones del acuerdo
• Monto: u$s205.9 millones, compuesto por u$s182.8 millones en concepto de capital pendiente de pago bajo los bonos existentes en circulación, más u$s23.1 millones de intereses devengados e impagos hasta el 31 de diciembre del 2019.
• Tasa de interés aplicable: Los nuevos Bonos devengan intereses compensatorios sobre su capital pendiente de pago a partir del 31 de diciembre del 2019 a una tasa del 1,50% nominal anual. El interés devengado desde la fecha inicial y hasta el 31 de diciembre del 2024 se capitalizará ese día.
• Fechas de pago de intereses: A partir del período de devengamiento que comenzará el 31 de diciembre del 2024, el interés compensatorio bajo los nuevos bonos será pagadero semestralmente el 30 de junio y el 30 de diciembre de cada año. El primer se realizará el 30 de junio del 2025 y se calculará sobre el monto de capital en circulación de los nuevos bonos, incrementado por el monto del interés capitalizado.
Cancelación de títulos
A través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la compañía explica que los nuevos bonos fueron emitidos en el marco del contrato de fideicomiso celebrado el 15 de abril pasado con el Deutsche Bank Trust Company Americas, en su carácter de fiduciario, y el Banco Comafi como representante del fiduciario en Argentina.
Producto del canje y de la emisión de los nuevos bonos IMPSA ha procedido a la cancelación total de los títulos en circulación, a la vez que firmó nuevos contratos de préstamos con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y con el Banco Hipotecario que reemplazan a los créditos con dichas entidades alcanzados por el APE.
Esta operación se suma a la concreción, a comienzos de diciembre del 2021, del canje de una serie de Obligaciones Negociables (ON) existentes y la entrega de nuevos títulos Clase VII emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de IMPSA.
La empresa también logró firmar otros contratos de préstamo bilaterales que reemplazaron a los préstamos alcanzados por el APE que habían sido cerrados con Export Development Canada (EDC); el Banco Interamericano de Inversiones (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones.
"IMPSA continúa así avanzando en la concreción del Plan de Recomposición de su Estructura de Capital, conforme a lo previsto en el APE, y profundiza el camino iniciado por la empresa, a partir de su capitalización por Estado Nacional y por la provincia de Mendoza, para recuperar su potencial productivo, a fin de retornar al sitial que ocupó durante décadas a la vanguardia del desarrollo tecnológico mundial en materia de energía hidroeléctrica, nuclear y otras energías renovables, asegurando el crecimiento de una empresa argentina que, desde hace décadas, es orgullo para el país", asegura el documento.
Actualmente, la compañía emplea a más de 720 trabajadores propios y otras 100 PyMes con las que habitualmente trabaja.
Y desde abril del 2018, sus acciones se encuentran en poder de dos fideicomisos, uno de los cuales (donde están el 65% del total) fue constituido en beneficio de los acreedores comprendidos en el APE del 2017; y el otro (con el 35% restante), en favor de los accionistas que controlaban IMPSA antes de la reestructuración.
La finalidad de ambos fideicomisos fue la de garantizar la venta ordenada de las acciones de la compañía, en el marco de un plan de recomposición de su estructura de capital que acordó con sus acreedores a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que presentó el año pasado ante el Segundo Juzgado de Procesos Concursales, Circunscripción I de Mendoza, que lleva adelante su proceso de quiebra desde el 2018.
En esa oferta, IMPSA apuesta a reestructurar u$s536 millones entre capital e intereses de la denominada "deuda elegible" (que se pudo comprobar) que no incluye las obligaciones pendientes con organismos estatales, como Anses o AFIP, lo que se conoce como "deuda excluida".
La propuesta mezcla una serie de instrumentos financieros para cancelar sus cuentas como Obligaciones Negociables (ON), con oferta pública denominadas en dólares; nuevo bono internacional también en dólares y nuevos préstamos millonarios.
Además, contempla la emisión de bono en dólares, con un interés anual del 1,5%, cuyo capital comenzaría a pagarse en el 2028 en nueve cuotas anuales que se extenderán hasta el 2036. También se comprometió al ingreso al régimen de oferta pública a partir de esta emisión de acciones Clase C para permitirle a los actuales beneficiarios de los fideicomisos de la venta de sus tenencias en el mercado.