El kirchnerismo vuelve a criticar la política tarifaria del Gobierno
El kirchnerismo vuelve a cuestionar el nuevo esquema de tarifas que el Gobierno pondrá en marcha a partir de junio próximo, según el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que demandaba una reducción de los subsidios a la energía.
Voceros K de la alianza oficialista retomaron la avanzada contra la medida adoptada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el funcionario más apuntado por el sector del Frente de Todos que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner.
No se trata de una jugada nueva del kirchnerismo que ya el año pasado criticó las medidas vinculadas a la reducción de los subsidios para sostener el precio de las tarifas de los servicios públicos como la electricidad y el gas.
En ese momento, lo hizo a través de la diputada Fernanda Vallejos, quien rechazó la iniciativa oficial para forzar un aumento en las tarifas energéticas mediante políticas focalizadas de eliminación de subsidios y sugirió gravar más a los sectores de ingresos altos con el fin de compensar la proporción de los subsidios que reciben sin afectar a los ciudadanos de ingresos bajos y medios ni al sector productivo.
Avanzada del kirchnerismo contra la política tarifaria del Gobierno
Ahora, el vocero de esta segunda avanzada contra las subas de tarifas a partir de la puesta en marcha de un esquema de segmentación de clientes es el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quien asegura que el mecanismo aumentará las tarifas eléctricas en un 65% y no del 17% de promedio como sostiene un informe publicado por la Secretaría de Energía que comanda Darío Martinez, precisamente el jefe de Basualdo.
De hecho, el informe difundido por Martinez la semana pasada asegura que el nuevo esquema se regirá por el principio de gradualidad y la totalidad de los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por los incrementos durante este año, mientras que para los usuarios de la electricidad del AMBA que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio.
Por su parte, el 10% de los clientes residenciales de las empresas Edesur; Edenor y Metrogas que tienen una mayor capacidad de pago, dejará de recibir el beneficio de subsidio a la energía.
De tal forma, para la mayoría de los usuarios residenciales de las distribuidoras de electricidad beneficiarios de tarifa social, las facturas de luz tendrían una corrección en promedio del 17%.
En el caso del gas, esa corrección promedio para la mayoría de los usuarios del país se ubicará en 21,5% con leves variaciones según las regiones.
Por el contrario, el informe técnico que difundió Basualdo denuncia que, si se cumple con lo pautado por el Ministerio de Economía, las tarifas eléctricas de los hogares se incrementarán un 65% a partir de junio.
Rechazo a los aumentos de tarifas de la Casa Rosada
En una nota interna registrada con el número NO-32861807 Basualdo le planteó a Martínez su rechazo a la suba tarifaria según el cronograma impulsado por la Casa Rosada que se aplicará a partir del 1º de junio próximo y que será tratado entre los días 10, 11 y 12 de mayo, cuando se realizarán las audiencias públicas correspondientes para la actualización de las tarifas de los servicios de gas y electricidad por redes, y la correspondiente a la segmentación de subsidios.
Según una nota publicada por el sitio especializado Ecojournal, el principal referente del cristinismo en el área energética, realizó una interpretación forzada mediante la cual calculó qué incremento debería aplicarse retroactivamente para compensar el atraso tarifario registrado durante los primeros cinco meses del año.
La nota del sitio que dirige el periodista Nicolás Gandini agrega que Basualdo entendió que como los cuadros tarifarios de Edenor y Edesur se mantuvieron sin cambios durante enero y febrero y sólo aumentaron un 19,6% en marzo, en junio deberían retocarse en un 65% para recuperar lo perdido y alcanzar un incremento promedio del 42,7% durante todos los meses de este año.
"Así se desprende de la tabla incluida en la nota firmada por Basualdo a la que accedió EconoJournal y cuyo texto no se publicó en el Boletín Oficial.
En cambio, desde la Secretaría de Energía explicaron que desde junio se establecerá una corrección que permitirá alcanzar una suba nominal del 42,7% a partir de la aplicación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) como parte de la fórmula para establecer las futuras tarifas, en el caso de los hogares que no tengan tarifa social ni se encuentren dentro del universo del 10% de usuarios de mayores ingresos a quienes se les quitarán los subsidios.
Según Ecojournal, los cálculos utilizados por Basualdo fueron considerados como "erróneos" por voceros de la Secretaría de Energía, quienes también acusaron al funcionario de "operar el contra con una interpretación que él sabe que es falsa".
El sitio especializado advierte que la nota firmada por Basualdo "construye un caso para oponerse al esquema propuesto por Economía" y hasta podría marcar el inicioi de una avanzada mayor del kirchnerismo contra el nuevo esquema de recomposición de las tarifas eléctricas en la región del AMB que se comenzará a aplicar desde junio y contempla subas diferenciadas según los ingresos de los usuarios.
El Gobierno propone gradualidad en la suba
El formato ideado por Guzmán se respalda en un mecanismo de segmentación por ingresos con subas que estarán por debajo del coeficiente de variación salarial, índice que mide la evolución de los salarios registrados del sector público y privado.
Según la norma, el método se regirá por el principio de gradualidad y la totalidad de los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por los incrementos durante este año, mientras que para los usuarios de la electricidad del AMBA que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio.
Por su parte, el 10% de los clientes residenciales de las empresas Edesur; Edenor y Metrogas que tienen una mayor capacidad de pago, dejará de recibir el beneficio de subsidio a la energía.
De tal forma, para la mayoría de los usuarios residenciales de las distribuidoras de electricidad beneficiarios de tarifa social, las facturas de luz tendrían una corrección en promedio del 17%.
En el caso del gas, esa corrección promedio para la mayoría de los usuarios del país se ubicará en 21,5% con leves variaciones según las regiones.
El comunicado oficial asegura que el proceso de actualización tarifaria definido por el gobierno nacional en el programa económico "apunta a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad".
En el caso de los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo, una corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos, representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior.
Para el 90% de estos clientes, el mecanismo garantiza que las actualizaciones siempre serán inferiores a sus aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de sus ingresos en términos reales.
Los nuevos esquemas tarifarios que impulsa Guzmán
De esta manera se pone a consideración un esquema de tarifario para el bienio 2022-2023 que contempla tres niveles:
- Usuarios de Gas beneficiarios de la tarifa social.
No habrá otro incremento en su factura este año, y para el 2023, esa corrección será equivalente al 40% del CVS del año anterior. Para los beneficiarios de tarifa social de Edenor y Edesur, la nueva corrección tarifaria para 2022 no superará el 6%.
- Resto de los usuarios
El incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) correspondiente al año anterior.
En función de este esquema, para el 2022 y considerando la actualización tarifaria realizada en marzo, el incremento propuesto para junio será en promedio del 17% en el AMBA y del 21.5% promedio sobre el valor actual de la factura para los usuarios de gas de todo el país.
Gasto creciente
El ministro Guzmán sabe que la política de subsidios generalizados no se puede sostener ya que no alcanzan los fondos.
A principios de año, aseguraba que se necesitan algo más de $120.000 millones para cumplir con esa premisa en un reparto casi equitativo entre el sector de gas y el de la electricidad.
El mensaje al resto del gabinete y al propio presidente Alberto Fernández lo envió a través de un informe técnico sobre las tarifas del gas elaborado por la Secretaría de Energía.
En ese documento se sostiene que se deberían gastar $58.000 millones más en subsidios para sostener el costo del gas que esté a cargo del Estado y que se traslada a la factura de los usuarios.
Según el informe técnico, el Estado asume actualmente el 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda. La continuidad de esta situación implica un costo fiscal para este año de $132.963 millones y determinaría una necesidad de partidas adicionales no previstas en el Presupuesto.
Esto generaría un faltante de $56.087 millones, lo que requeriría de mayores ingresos fiscales o de una reestructuración presupuestaria que derive fondos asignados a otras erogaciones.
Si el dinero no aparece habría que readecuar la proporción de ese costo y las tarifas deberían aumentar entre el 26 % y el 35% para el caso de dos ejemplos para consumos mensuales de los meses de marzo y julio respectivamente.
Lo mismo ocurre con las tarifas de la electricidad teniendo en cuenta un documento interno de la Subsecretaría de Energía Eléctrica que propone entregar de manera directa $60.000 millones a Edenor y Edesur para que las distribuidoras equilibren sus finanzas sin tener la necesidad de subir sus cuadros tarifarios.