RE/MAX, complicada: se viene nueva audiencia por presunto fraude laboral y se suman inmobiliarias a la denuncia
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Las acusaciones de presunto fraude laboral no cesan y la red RE/MAX deberá afrontar una nueva audiencia tras la denuncia presentada en febrero por el Sindicato de Comercio. La franquiciante viene faltar a una citación establecida por el Ministerio de Trabajo a mediados del mes pasado y ahora afrontar una instancia similar –con el agravante de no haber concurrida a la convocatoria anterior– el próximo lunes 14.
Desde el ámbito de los comercializadores, distintas voces indicaron que, de no tomar parte del encuentro de la próxima semana, la compañía podría recibir una multa. RE/MAX es acusada por el gremio de mantener en situación de irregularidad a unos 5.000 trabajadores.
"El abogado de RE/MAX pidió estos días para hablar con la empresa y hacer una devolución al planteo del sindicato. Se pide la regularización de al menos 5.000 trabajadores que estarían fuera del sistema para que pasen a una relación de dependencia con la debida inscripción", comentaron a iProfesional fuentes del ámbito inmobiliario.
Trabajo además instó a CUCICBA, el colegio que integra a los corredores porteños, a que convoque a sus similares para reunir más pruebas del accionar de la empresa de franquicias.
"El sindicato tomó el guante y pidió citar como tercero no sólo a CUCICBA: la idea es convocar a todos los colegios del país para que den su testimonio, ya que cada una de estas organizaciones y sus socios padecen la misma problemática", comentaron a este medio desde la entidad.
Ordenanzas contra RE/MAX
A principios de febrero, Comercio elevó ante la cartera de Trabajo un pedido citación para que la empresa brinde explicaciones sobre el status laboral de los agentes inmobiliarios que responden a la red. La secretaría de Asuntos Gremiales de la organización acercó al Ministerio en cuestión una "denuncia de conflicto colectivo" con pedido de audiencia.
Entre sus argumentos, el sindicato alegó que "REMAX ARGENTINA S.R.L., empleador de más de 5.000 trabajadores dependientes, mantiene las relaciones laborales contraídas al margen de toda registración, en franco fraude a la ley laboral, sindical, de obra social y de la seguridad social, enmascarando las mismas bajo la figura comercial del ‘monotributo’".
En simultáneo a esta controversia, los actores de la comercialización inmobiliaria batallan en distintos frentes en el interior de la Argentina para anular la operatoria de la red.
Hoy por hoy, casi 25 localidades de la Provincia cuentan con normativas que prohíben el funcionamiento comercial de RE/MAX. Así, en los últimos años sitios como Azul, Olavarría, Tandil, Villa Gesell, Campana, Mercedes, Lomas de Zamora, Bolívar, Lobería, Necochea y Pinamar, por mencionar algunos ejemplos, aprobaron ordenanzas que vetan las operaciones de la red.
Qué dice la denuncia contra RE/MAX
"La empresa denunciada, valiéndose de su marca internacional, ha armado una extensa red interempresarial utilizando los contratos de franquicia para desplegar un marco contractual de cobertura, con el único objeto de mantener al margen de toda registración a sus dependientes; en franca violación a la normativa vigente de colegiación de la actividad martillera", detalló Comercio en su denuncia.
Añadió el sindicato: "De esta forma, la empresa, en un ingenio al servicio de la ilicitud laboral, utiliza la pantalla del ‘agente inmobiliario’, como una pseudo categoría en contra de la normativa que rige la colegiación de los martilleros, con el único fin de evitar registrar el vínculo laboral dependiente".
En otro apartado, Comercio sostuvo que RE/MAX opera bajo un "despiadado sistema (que) fue diseñado exclusivamente para hacerle creer a los trabajadores dependientes, que son ‘emprendedores’, ‘hacedores de su destino’, o bien, ‘profesionales inmobiliarios’, a través de su incorporación dentro de su estructura empresarial".
"Con el único objetivo de beneficiarse por la prestación de sus servicios personales. Generando un daño irreparable para la categoría profesional que representan, de ‘empleados de comercio’. Y consecuentemente afectando, en forma directa, la ‘actividad inmobiliaria’", se remarcó.