Guerra en Ucrania: qué impacto tendrá en combustibles, tarifas y la negociación con el FMI

La invasión de Rusia a Ucrania va camino a tener una doble implicancia directa en el escenario energético local, vulnerable a la disparada de los precios internacionales.

En primer lugar, la administración de Alberto Fernández deberá convivir en los próximos meses con un mercado mundial extremadamente volátil y complejo que promete complicar las compras externas de gas y combustibles líquidos que se necesitan para atender la demanda interna. A los problemas para conseguir los suministros mínimos que se requieren del exterior, se agregarían los insoslayables incrementos en los precios que podrían representar un gasto extra de u$s2.000 millones y absorberían buena parte de los mayores ingresos provenientes de las subas registradas en la soja y el trigo.

En segundo lugar, el Gobierno no podrá evitar los impactos negativos que provocarán los mayores precios internacionales en los surtidores domésticos, las tarifas de energía eléctrica y gas y los compromisos derivados de la refinanciación de la deuda con el FMI. El alza de los costos energéticos pondrá a las autoridades nacionales ante la encrucijada de tener que autorizar nuevos aumentos de tarifas o continuar engordando los desembolsos de subsidios, algo que iría a contramano de lo que piden los técnicos del Fondo.

Precios de los combustibles: incertidumbre por la guerra

Mientras siguen de cerca lo que pasa con la avanzada rusa en territorio ucraniano, los funcionarios de Energía sostienen que, si bien persiste una fuerte incertidumbre, aún resulta muy prematuro saber hasta dónde calará en el plano interno las subas que han experimentado los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional. La apuesta oficial es que el conflicto se resuelva en el corto plazo para que el petróleo y gas dejen de subir y se estabilicen en los niveles prebélico, que ya de por sí estaban más arriba que los valores comercializados en 2021.

Para los principales analistas del sector, las consecuencias de la guerra iniciada por Rusia podrían extenderse durante todo 2022 con determinados períodos de escasez de combustibles y constantes fluctuaciones de los precios internacionales.

Tras las subas de hasta el 60% que habían registrado el primer día del ataque a Ucrania, los valores de los contratos de futuro en el mercado europeo retrocedieron casi un 40% y se ubicaron en torno de los u$s100 el barril de crudo y u$s35 el GNL por millón de BTU.

Esos nuevos valores—que están entre 15% y 20% más caros que hace una semana—podrían mantenerse en los próximos días debido a que no se ha interrumpido por completo la provisión del gas ruso a Europa y a que el negocio energético no fue alcanzado por las sanciones económicas impuestas por EE.UU. y la mayoría de las naciones europeas al gobierno de Moscú. Según un informe del banco de inversión XP Securities, si se concretaba el castigo de bloquear a las entidades financieras rusas del sistema SWIFT, el mercado mundial iba registrar un faltante diario de 7,5 millones de barriles de petróleo que habría disparado un aumento prolongado en los precios de hasta el 40%.

Argentina sigue con la importación de gas

En el plano local, la que primero experimentará los coletazos del conflicto ruso-ucraniano será la estatal IEASA, que en los primeros días de marzo tiene previsto salir a comprar los cargamentos de gas por barco (GNL) para el período mayo-agosto. 

Tras haber adquirido en 2021 un total de 56 cargas de GNL para las terminales de Escobar y Bahía Blanca, este año la empresa energética que conduce el camporista Agustín Gerez prevé contratar un paquete de 69 barcos para cubrir reducción de los envíos de gas de Bolivia y poder garantizar el abastecimiento doméstico que no puede ser atendido por los productores locales. Según los datos oficiales, la demanda total en los meses de bajas temperaturas su cubre 73% con producción doméstica; 18% con GNL y el restante 9% con las importaciones de Bolivia.

A mediados de enero, IEASA había efectuado una licitación testigo para sondear el estado del mercado mundial de GNL y se encontró con un valor récord que resulto casi tres veces más elevado que el promedio de 2021, el cual ahora podría verse nuevamente superado. La primera carga del año de GNL fue adjudicada a la firma Vitol por un precio de u$s27,24 por millón de BTU (MBTU) muy lejos de los casi u$s8 por MBTU promedio de 2021 y 3,52 dólares por encima del promedio de u$s23,72 por MBTU que la Secretaría de Energía había calculado inicialmente que iba a pagar este en 2022 por ese combustible importado.

Ahora se estima que los nuevos valores del GNL se ubicarán entre los u$s32 y u$s35 por MBTU, cuatro veces más que lo abonado el año pasado.

IEASA también sentirá el impacto de las subas de los precios internacionales en la negociación que tiene abierta con YPF de Bolivia para actualizar la adenda del contrato de provisión de gas que había expirado en diciembre. Pese a que no podrá cumplir con la totalidad de los envíos que tenía comprometidos, la petrolera boliviana ya avisó que quiere revisar la fórmula de ajuste para llevar los precios pactados del año pasado de u$s5,10 por millón de BTU en el invierno y u$s4,82 en el resto del año a una nueva escala de u$s9,10 por millón de BTU en la temporada invernal y u$s7,40 en los restantes meses del año. 

El contrato de importación suscripto en 2006 Néstor Kirchner y Evo Morales contemplaba una fórmula que combinaba las cotizaciones internacionales del gasoil, diesel y fuel oil. En el último tramo del gobierno de Macri, se cambió ese esquema por otro que tomaba en cuenta el precio del GNL. En 2021, Argentina aceptó una redefinición basada en la cotización del precio del gas en los Estados Unidos—Henry Hub—con el agregado de un suplemento de u$s2,25 por MBTU. Ahora la pretensión de Bolivia es volver a cambiar los parámetros para que tenga otra vez preminencia el precio del GNL que ha trepado a niveles récords.

Guerra en Ucrania: ¿qué pasará con el precio de la nafta?

Con respecto al petróleo y los combustibles líquidos, el Gobierno tomó la delantera para morigerar el golpe del conflicto bélico con una convocatoria a las productoras y refinadoras con el fin de que acuerden nuevas reglas de juego para la atención del mercado interno y el reparto de los saldos exportables. 

Si bien tras la primera reunión las petroleras consensuaron un esquema cuatrimestral de mantenimiento del precio interno del crudo en torno de los u$s60 frente a los u$s100 del mercado internacional, no se descartan a partir de marzo nuevas remarcaciones en los surtidores similares al ajuste del 9% promedio registrado a comienzos de febrero. 

A eso se suma la actualización pendiente de los impuestos internos a los combustibles que el Gobierno viene postergando desde antes de las elecciones del año pasado y que, aplicarse de una sola vez, implicarían un incremento del 7,1% en el precio del gasoil y de 9,6% en las naftas, según los cálculos de la consultora Energy Consilium que dirige el ex ministro macrista de Energía, Juan José Aranguren.

Golpe al acuerdo con el FMI

En tanto, el rebote interno de la escalada de los precios internacionales de los combustibles añadió un nuevo obstáculo a la ya complicada negociación con el FMI por los aumentos tarifarios y la reducción gradual de los subsidios.

En 2021, los subsidios energéticos superaron los u$s10.000 millones y representaron el 2,3% del PBI. Para cerrar el acuerdo por la deuda, el FMI le exige al Gobierno una poda del 0,6% del PBI equivalente a un recorte en el gasto fiscal de u$s3.500 millones que deberían afrontar los usuarios con aumentos de tarifas del orden del 80%.

Hasta ahora, los incrementos autorizados para luz y gas llegan sólo al 20% y los ahorros de la "segmentación tarifaria" que diseñaron los funcionarios del ala kirchnerista del Energía aportarían apenas algo más del 10% de la reducción que reclama el Fondo.

Si no habilita aumentos adicionales a los ya otorgados, el Gobierno corre el doble riesgo de quedar muy lejos de la pauta de achicamiento del déficit que pide el FMI y de tener que abrir aún más la billetera para compensar la suba de los combustibles generada por la invasión rusa que podrían llevar el gasto en subsidios a más de u$s15.000 millones anuales.