El Gobierno definió una suba del 20% para la tarifa de gas: por qué no conforma a las empresas

El paso previo al reajuste que tendrán las tarifas de gas residenciales es el aumento que el Gobierno acaba de definir para el precio del transporte del insumo que será del 60%.

Así lo anunció Transportadora de Gas del Norte (TGN) en una carta enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en la cual comunica lo dispuesto por el Decreto 1020/20, mediante el cual celebró un acuerdo transitorio de renegociación con el Ministerio de Economía y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) que contempla un ajuste del 60% en las tarifas de transporte de gas natural a partir de marzo próximo.

Cuando dicho acuerdo transitorio entre en vigencia a partir de su ratificación por el Poder Ejecutivo Nacional, TGN habrá recibido el primer ajuste de tarifas desde abril de 2019 ya que el año pasado tampoco obtuvo un reajuste en sus precios durante la audiencia pública convocada en ese momento y a través de la cual las distribuidoras obtuvieron un incremento de sólo el 6% que todavía se mantiene.

Precisamente, lo que resta conocer ahora es cuál será el porcentaje de suba que tendrán las facturas que mensualmente reciben los clientes de empresas como Metrogas o Camuzzi, entre otras.

De acuerdo a fuentes oficiales, durante este viernes 18 de febrero se firmó una adenda entre las compañías y la cartera que dirige Martín Guzmán que permitirá un aumento del 20% para la parte de la factura compuesta por el precio de la distribución.

El nuevo valor comenzaría a regir a partir de abril próximo, teniendo en cuenta que todavía quedan ciertos pasos burocráticos que podrían demorar el anuncio oficial sobre los nuevos cuadros donde se establecen las fechas exactas del retoque.

El incremento no se acerca al pedido que las distribuidoras acercaron al ENARGAS durante la audiencia pública ya que se mantiene en la decisión que las autoridades nacionales habían anticipado a principios de este año.

Es más, en el costo final del cliente ese porcentaje se verá reflejado en un adicional de $300 por cada factura de $1.500, lo cual marca la diferencia con los pedidos de las empresas que oscilaron entre el 76% y el 80% como promedio.

Con este argumento, tanto Metrogas como Camuzzi participaron de la audiencia realizada el 19 de enero, sabiendo de todos modos que sus pedidos no iban a ser contemplados por el Gobierno que ya había definido de antemano una pauta de suba no mayor al 20% que acaba de quedar establecido en el acuerdo de este viernes.

El año pasado, la suba había sido del 6% y las empresas también consideraron insuficiente para poder compensar los costos crecientes y las inversiones que deben realizar para mantener el servicio.

Por ese motivo, en esta oportunidad las empresas habían explicado que los pedidos de aumento representaban nada más que un cargo adicional cercano a los $105 mensuales para los clientes de bajo consumo y de $257 para un usuario medio, como es el caso de Camuzzi. En porcentaje, serían algo así como de 26 y 19% respectivamente, con lo cual los pedidos no quedarían desfasados de las estimaciones de aumentos del ENARGAS.

Un escenario similar plantearon desde Metrogas, con una solcitud de suba que rondaba el 25% teniendo en cuenta la necesidad de reconocimiento en la tarifa de distribución del desfasaje o la diferencia habida entre los últimos incrementos y la inflación acumulada en el período enero 2021/diciembre 2021, más la estimada hasta diciembre próximo.

De hecho, la empresa controlada por la petrolera estatal YPF recordó en su presentación ante el ENARGAS que ese mes deberán implementarse los nuevos cuadros tarifarios que resulten de la renegociación de la RTI establecida por el Dto. 1020/20.

No se trató de un pedido cualquiera si se tiene en cuenta que Metrogas es una de las empresas de servicios públicos más importantes de la Argentina y la mayor en el sector de distribución de gas natural. Por su número de usuarios residenciales (2.3 millones) es la primera de América Latina con un área de servicio que abarca una superficie de 2.150 km2 y cubre una población de 7.5 millones de habitantes, que representa alrededor del 27% del total usuarios conectados a las redes de distribución.

El año pasado, Metrogas ya había cuestionado el aumento permitido por el Gobierno para los cuadros tarifarios de transición por entender que quedaron muy por debajo de los aumentos de costos, lo cual se verá agravado con toda seguridad como consecuencia de la inflación que incluso desde fuentes oficiales se espera hasta el nuevo ajuste tarifario previsto y más aún hasta la fecha en que debe tener lugar el acuerdo definitivo de renegociación.

A la luz de lo definido por Economía, no se tuvo en cuenta ese escenario ni se le reconocen a las distribuidoras el aumento real de los costos operativos al quedar muy por debajo de la inflación y de las diferencias heredadas del año pasado, ya que las tarifas venían de un congelamiento que se remonta a octubre del 2019.

Tampoco se atendió la explicación de que los los pedidos solicitados por las distribuidoras siempre están por debajo de la variación de salarios, que desde el congelamiento en 2019 acumula una suba del 190%, y representan para el usuario modificaciones de entre $100 y $300 o llevado a porcentaje, de entre 20% y 30% según el tipo de usuario.

De esta forma, se define el segundo ajuste de transición definido en el Acuerdo Transitorio de Renegociación, firmado el 21 de mayo de 2021 y fue ratificado por el PEN y dio lugar a los cuadros tarifarios de transición que dictó el ENARGAS mediante resolución 151/21 del 31 de mayo de 2021 con vigencia desde el 2 de junio de 2021.

En dicho acuerdo se previó que se recalcularía la tarifa para el 2022, con vigencia a partir del 1° de abril, pero por pedido de las empresas distribuidoras se planteó la posibilidad de que se hiciera con vigencia a partir de marzo, pedido que fue aceptado por el Ente y motivó la convocatoria a la audiencia del 19 de enero.

Los aumentos de transición fueron previstos para sostener la prestación del servicio en condiciones de seguridad, sin inversiones obligatorias a cargo de las licenciatarias, y mitigar los efectos económicos y financieros de los mayores costos y gastos de las empresas de manera transitoria, mientras se lleva adelante el proceso de renegociación de la RTI que, conforme al decreto 2020/20, debe culminar con sus correspondientes Acuerdos Definitivos de Renegociación de la RTI en diciembre de 2022.

Segmentación

Lo que todavía resta saber es qué camino seguirá el cambio de facturación propuesto por algunos sectores del oficialismo y encarado por el ENARGAS para diferenciar las tarifas de los servicios públicos de acuerdo a los niveles de ingreso de los consumidores, tanto de gas como de electricidad.

Un plan que podría implementarse a partir del segundo semestre de este año y que implicaría cobrar un cargo diferencial de acuerdo a una segmentación de usuarios entre sectores de altos ingresos; clase medida y consumidores de bajos recursos.

Sin embargo, para los ejecutivos de las distribuidoras, es un "error" tomar al consumo como indicador de vulnerabilidad económica del usuario.

Según un informe de Metrogas, en su área de concesión "no resulta válido asumir que el consumo resulte un buen indicador sobre la vulnerabilidad económica de los usuarios, si se lo toma en forma directa sin ponderarlo con otros indicadores".

Para la empresa, a una misma temperatura ambiente el consumo está relacionado fundamentalmente con tres variables que son la cantidad de artefactos a gas que se encienden; la cantidad de horas en que los mismos están funcionando y, por último, las características edilicias de las viviendas.

Para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el trabajo explica que los barrios con mayor ingreso per cápita presentan bajos consumos debido a la gran cantidad de inmuebles con servicios centrales de agua caliente o calefacción, por lo cual resulta incorrecto asociarlos con vulnerabilidad económica. Estos barrios, a su vez, son los que tienen el mayor valor inmobiliario por metro cuadrado.

Metrogas advierte además ser la cara visible frente a los usuarios, toda vez que se trata de la empresa que factura el servicio, pero que no se queda con más del 30% de su valor total ya que el resto es para pagar el gas que proveen los productores, a las empresas transportistas y los impuestos.

"El impacto final a los usuarios por el servicio de distribución no representan porcentajes significativos de las mismas y las variaciones producidas a lo largo del tiempo han impactado diferente a cada tipo de tarifa, generándose una distorsión muy marcada entre los usuarios de tarifa Residencial y Comercial/Industrial Pequeña (PYME), versus los Grandes usuarios Comerciales e Industriales", sostiene el paper de Metrogas.

Por ese motivo, la compañía también solicitó que se autorice el traslado de las tasas municipales a los usuarios de las jurisdicciones que las han impuesto con los valores actuales que, como consecuencia del congelamiento de tarifas, se están recuperando a valores desactualizados.

En función de ello, pidió el traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y lo pagado correspondiente a los períodos de abril del 2018 a marzo del 2021 por $260,3 millones.

"De continuar dicho desequilibrio, estimamos un déficit acumulado al 30 de septiembre de 2021 de $ 271,7 millones", anticipa la compañía.

También solicitó que se adopten las medidas pertinentes para solucionar los desbalances que se han producido entre lo pagado a los productores de gas y lo facturado a los usuarios en concepto del Fondo Fiduciario art. 75 Ley 25.565, que han producido un desequilibrio financiero importante cuyo monto ajustado al 30 de septiembre del 2021 por tasa BADLAR asciende a $793,5 millones.

Respecto del subsidio correspondiente a la Resolución 508/17, solicita que se regularice su situación en lo que concierne al atraso en el pago de los reintegros por $271 millones en concepto de Tarifa Social.