La principal compañía de Mendoza cierra el rescate de su deuda
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A siete meses del ingreso del gobierno nacional como accionista principal, IMPSA avanza en la recuperación de su potencial productivo y tecnológico con el objetivo de volver a competir a nivel internacional.
El paso que la ex compañía de la familia Pescarmona acaba de dar tiene que ver con el salvataje financiero encarado para reperfilar su deuda por más de u$s1.200 millones que encaminó a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) firmado en los tribunales de Mendoza.
Ahora, acaba de poner a disposición de sus acreedores las nuevas Obligaciones Negociables (ON) Clase VII previstas en esa instancia judicial por un valor nominal algo mayor a u$s69 millones. Se trata de títulos que estiran el vencimiento de los pagos al 30 de diciembre del 2036, que amortizan el capital en nueve cuotas anuales iguales y consecutivas desde la misma fecha pero del 2028 y que devengarán intereses compensatorios sobre su capital pendiente de pago a una tasa de interés del 1,50% nominal anual.
Con la puesta a disposición de estas nuevas ON, la empresa mendocina termina de cumplir con la reestructuración de su pasivo a través del APE a los efectos del Artículo 59 de la Ley de Concursos y Quiebras.
Además, firmó los nuevos contratos de préstamo con Export Development Canada (EDC); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones.
A esto le suma avances en las negociaciones con los restantes acreedores bajo préstamos bilaterales (Banco Hipotecario S.A. y la Corporación Andina de Fomento) cuyos nuevos contratos se firmarán en los próximos días y la remisión al comité fiduciario de los bonos internacionales comprendidos en el APE de la documentación relativa al proceso de canje por nuevos títulos.
Una vez finalizado ambos procedimientos, IMPSA solicitará autorización a la Comisión Nacional de Valores para la oferta pública de sus acciones y el listado y cotización de las mismas en la Argentina.
De esta forma, la sociedad entró en la etapa final del cumplimiento de sus obligaciones bajo el APE y el llamado "Plan para la Recomposición de su Estructura de Capital", que IMPSA inició para dejar atrás el default al que ingresó en el 2014.
Ese año, su filial brasileña Wind Power Energía, entró en cesación de pagos, dejando de operar y encontrándose aún en proceso concursal en Brasil.
Debido a que gran parte de la deuda de dicha compañía estaba garantizada por IMPSA, los acreedores iniciaron reclamos en contra de la compañía mendocina por más de u$s850 millones que llevó el endeudamiento total del grupo a superar los u$s1.200 millones.
La empresa se vio obligada a iniciar un proceso de negociación con sus acreedores que derivó en un acuerdo de reestructuración instrumentado mediante el APE del 2017 que le permitió reducir el pasivo a u$s520 millones, que de todas formas representaba algo más del doble de la deuda propia que IMPSA tenía originalmente.
Como parte de ese proceso, se modificó la composición accionaria de la compañía, su Directorio y su management, obligando a la salida de Enrique Pescarmona, como su CEO y de toda su familia del control de la compañía.
Durante esos años, logró obtener nuevos contratos y fortalecer su imagen pública, pero fue nuevamente afectada por el agravamiento de la situación macroeconómica a partir de mayo del 2018, que resultó en la suscripción de un acuerdo de crédito stand-by entre la Argentina y el FMI, impuso severas restricciones al gasto público y derivó en la postergación y cancelación de diversos proyectos de obra pública que IMPSA tenía razonables expectativas de obtener.
Desde abril del 2018, sus acciones se encontraban en poder de dos fideicomisos, uno de los cuales (donde están el 65% del total) fue constituido en beneficio de los acreedores comprendidos en el APE del 2017; y el otro (con el 35% restante), en favor de los accionistas que controlaban IMPSA antes de la reestructuración.
La finalidad de ambos fideicomisos fue la de garantizar la venta ordenada de las acciones de la compañía, en el marco de un plan de recomposición de su estructura de capital que acordó con sus acreedores a través del APE que presentó ante el Segundo Juzgado de Procesos Concursales, Circunscripción I de Mendoza.
En esa oferta, IMPSA pidió reestructurar u$s536 millones entre capital e intereses de la denominada "deuda elegible" (que se pudo comprobar) que no incluye las obligaciones pendientes con organismos estatales, como Anses o AFIP, lo que se conoce como "deuda excluida".
La propuesta mezcla una serie de instrumentos financieros para cancelar sus cuentas como Obligaciones Negociables (ON), con oferta pública denominadas en dólares; nuevo bono internacional también en dólares y nuevos préstamos millonarios.
Además, contempla la emisión de bono en dólares, con un interés anual del 1,5%, cuyo capital comenzaría a pagarse en el 2028 en nueve cuotas anuales que se extenderán hasta el 2036. También se comprometió al ingreso al régimen de oferta pública a partir de esta emisión de acciones Clase C para permitirle a los actuales beneficiarios de los fideicomisos de la venta de sus tenencias en el mercado.
En mayo pasado y tras desembolsar algo más de $1.362 millones, el gobierno nacional se convirtió en el mayor accionista de IMPSA asumiendo el control del 63,7% del capital de la compañía fundada en 1903 por la familia Pescarmona, mientras que otro 21,2% del capital pasó a manos del gobierno mendocino a partir de inyectar $454 millones a la compañía.
De este modo, los estados nacionales y provincial pasaron a tener el 74,9% del capital accionario de IMPSA mientras que el 15,1% restante permanece en manos privadas, de los cuales un 9,8% se mantiene en manos del fideicomiso de acreedores y el otro 5,3% en la familia fundadora.
En realidad, se trató de una estrategia de "supervivencia" que su directorio puso en marcha luego de fracasar en la búsqueda de un socio privado, ya que ningún inversor se mostró interesado en inyectar capital en una compañía con profundos problemas financieros que opera en un país inestable e incierto.
Frente a este escenario, la única posibilidad de obtener fondos frescos que le quedó a la empresa fue la estatización mediante la cual el aporte oficial conjunto llegó a los u$s20 millones y tuvo como objetivo que la compañía inicie un proceso que le permita posicionarse otra vez como una empresa de vanguardia en desarrollos tecnológicos.
Como paso previo, el Gobierno recompuso el directorio de la compañía mendocina para que se reflejen los porcentajes accionarios en los ejecutivos que deberán liderar a partir de ahora la toma de decisiones.
En este marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, fue designado presidente del directorio y se encuentra liderando el plan de recomposición de la estructura de capital de IMPSA, que se inició con la reestructuración de la deuda y continuó con la asistencia oficial primero con el sistema ATP y luego con el "Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos" (PAEERP), mediante el cual se cual pagó el 75% de los salarios de los trabajadores de la empresa hasta diciembre del año pasado.
Estilo INVAP
El objetivo de Kulfas es transformar la identidad de la compañía a partir del modelo INVAP, una sociedad estatal con gerencia profesionalizada que se dedica a desarrollar y ejecutar proyectos tecnológicos en diferentes campos de la industria, la ciencia y la investigación aplicada tanto para satisfacer necesidades nacionales como para insertarse en mercados externos a través de la exportación.
La idea es utilizar el know how de esta sociedad estatal para replicar su modelo en una compañía que desde Desarrollo Productivo ven con un gran potencial para sus mercados específicos como el de la hidroelectricidad.
El aporte de IMPSA se observa en los proyectos que está ejecutando, como varios contratos para centrales hidroeléctricas, nucleares, eólicas y solares, como los de equipamientos para la industria del petróleo y gas.
También está diseñando y fabricando las nuevas turbinas de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, los aerogeneradores del Parque Arauco (La Rioja), equipamientos para la Central Hidroeléctrica El Tambolar (San Juan), equipos para YPF, además de la fabricación del primer reactor nuclear argentino para generación de energía, el CAREM. A su vez, competirá para llevar a cabo proyectos en Latinoamérica, Estados Unidos, India y el sudeste de Asia.
Pero los planes no se frenan en esta lista de iniciativas y operaciones aportadas por el mangement actual ya que desde el Gobierno entienden que IMPSA puede ser un jugador importante en el futuro de las concesiones de las mahyores represas hidroeléctricas que fueron otorgadas a grupos extranjeros en los 80 y que vencen en el 2023.
El planteo oficial es sumar negocios para IMPSA a partir de la actualización de la vida útil de las turbinas, con ampliación en la capacidad de generación que se considera como una caja muy atractiva por los millones de dólares que suponen esas modernizaciones.
Otros funcionarios, con mayores ambiciones, hasta se animan a diagramar la creación de un mega grupo estatal con IMPSA; YPF y IEASA que se haga cargo de las concesiones revirtiendo las privatizaciones diseñadas por el menemismo.