Una medida de Martín Guzmán pone en riesgo los planes de las mayores distribuidoras de electricidad
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La decisión del Gobierno de rechazar un acuerdo firmado para cancelar la deuda acumulada por el Estado nacional con las dos distribuidoras de electricidad más importantes de la Argentina, vuelve a mostrar que las intenciones oficiales de avanzar contra las concesiones de Edenor y Edesur siguen intactas.
O por lo menos, de las intenciones de la pata kirchnerista de la alianza gobernante, que forma parte de la toma de decisiones del Estado en este sector a través de algunos funcionarios de la Secretaría de Energía que depende del Ministerio de Economía.
Ni siquiera el recambio de accionistas en la mayor distribuidora del país, donde el grupo que comandan Daniel Vila y José Luis Manzano reemplazó al holding propiedad de Marcelo Mindlin, logró ocultar el intento K por esmerilar la tarea de ambas compañías que se reparten el negocio de la distribución de electricidad en la Capital Federal y gran parte de la provincia de Buenos Aires.
El casi eterno congelamiento de tarifas que inició Néstor Kirchner y que en abril pasado se modificó de manera parcial con un magro incremento del 9% para todo el año contra una inflación del 25% en lo que va del 2021, junto al decreto con el que Alberto Fernández pretende renegociar los contratos de concesión y la vuelta atrás con el traspaso de la jurisdicción a la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires son solamente tres ejemplos del constante cambio de reglas de juego que soportan las distribuidoras.
A esta particular forma de gestionar se acaba de agregar la resolución que dejó sin efecto un convenio de compensación firmado en mayo del 2019 por el ex presidente Mauricio Macri para cancelar las deudas con Edenor y Edesur que el Estado acumuló mayoritariamente entre los años 2006 y 2015, cuando las tarifas estuvieron congeladas y el Estado compensó a las empresas con transferencias directas.
El acuerdo se firmó sobre la base de un estudio de la Secretaría de Energía en el que se admitió que de haberse ajustado la tarifa durante esos años, Edenor debería haber incrementado sus ingresos en $56.946 millones y Edesur en $44.067 millones.
Sin embargo, las actuales autoridades del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) auditaron el convenio y llegaron a la conclusión de que ambas distribuidoras recibieron más fondos por subsidios que el dinero que reclaman como "ingresos no percibidos".
De hecho, la Resolución 590/2021 del Ministerio de Economía que dio marcha atrás con el convenio, calificó de "lesivo al interés general" ese convenio y decidió elevar el caso a la justicia a Edenor y Edesur.
El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, ordenó a la Dirección de Asuntos Contenciosos de Energía "que inicie acción judicial de lesividad contra las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, suspender la ejecución de las obligaciones originadas en el Convenio y dar vista al Enre y la Oficina Anticorrupción".
Una decisión que habría tomado bajo presión del sector kirchnerista con el que el ministro tiene que convivir en Economía, más que nada en las áreas encargadas de regular y controlar el sector energético.
Sus funcionarios responden más a los preceptos del Instituto Patria que a las órdenes directas del jefe de la cartera económica, tal como quedó evidenciado cuando en abril pasado, Guzmán no tuvo la capacidad de echar a Federico Basualdo, susbsecretario de Energía Eléctrica.
Cinco meses después de ese intento y con la interna oficial en un impasse, el funcionario sigue en su puesto reportando a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien lidera la embestida oficial contra las concesiones de las distribuidoras de electricidad.
En el sector, aseguran que la medida de anular un convenio firmado por el anterior gobierno de Cambiemos va en la misma línea, aunque admiten estar sorprendidos por lo inesperada de la decisión a la que calificada como "infundada".
Más que nada porque, más allá del color político del gobierno de turno, se trata de un convenio firmado por el Estado nacional y, por lo tanto, anticipan un nuevo conflicto judicial derivado de esta falta de cumplimiento con las normas que de manera permanente evidencia el gobierno nacional.
La disputa no es menor al incluir un reclamo por algo más de $100.000 millones que ahora no serán entregados a las empresas, lo cual podrían hacerlas caer en un rojo contable al haber computado como ingresos esos fondos.
Si esto ocurre, el escenario financiero para las dos distribuidoras será todavía más incierto que el actual a partir de balances semestrales que muestran fuertes pérdidas por $12.375 millones para el caso de Edesur, y $11.636 millones para Edenor.
Un nuevo fantasma que sobrevuela sobre compañías que ya operan en un contexto macro económico que genera dudas con respecto a la capacidad de pago del sector público y a las posibilidades de obtener financiamiento; con incremento de la inflación que afecta el crecimiento; controles de precios; incertidumbre sobre al marco regulatorio; restricciones a la adquisición y transferencia de divisas al exterior; cepos a las importaciones y exportaciones y creación de nuevos impuestos a las ventas al exterior de determinados productos o el incremento de las alícuotas vigentes.
Falta de respeto
Las fuentes consultadas por iProfesional advirtieron que la resolución de la cartera económica contiene una "manifiesta falta de respeto por la seguridad jurídica" y entienden que las distribuidoras cumplieron con todos los compromisos surgidos de las negociaciones con el Estado nacional para hacer efectivo ese reintegro.
"De hecho, hasta presentaron todos los informes en las audiencias públicas donde se debatió el último aumento tarifario", recuerdan en el sector energético.
Por caso, en Edesur rechazaron de plano los argumentos oficiales utilizados para dar marcha atrás con la medida e iniciar acciones legales contra la distribuidora propiedad del grupo italiano Enel.
Al respecto, Claudio Cunha, country Manager de Enel Argentina le dijo a iProfesional que la decisión gubernamental "pone una vez más en juego la seguridad jurídica y pone en riesgo las inversiones que el país necesita en momento en que se debe salir de la crisis generada por la pandemia del Covid-19".
En Edenor también se mostraron "sorprendidos" por la acción oficial que dio marcha atrás el acuerdo firmado con el anterior gobierno de Cambiemos y aseguraron estar "evaluando" los pasos a seguir por entender también que el convenio sigue vigente.
Ya en marzo pasado, en medio de las audiencias públicas para establecer un aumento tarifario, la distribuidora elevó un crítico informe sobre las consideraciones del ENRE con respecto al convenio de regularización de las obligaciones cruzadas entre las empresas y el Estado nacional que se había firmado en el 2019 como parte del traspaso de Edesur y Edenor a las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires que también fue anulado por el actual gobierno.
La reacción de la empresa se volcó en una crítica al informe del ENRE que recomendó anular el acuerdo de Renegociación Tarifaria Integral (RTI) que había establecido Cambiemos.
El documento está desglosado en ocho puntos y fue incluido en el expediente vinculado a la audiencia pública. En el punto siete y bajo el título de "Traspaso de Edesur y Edenor a PBA y CABA", la distribuidora sostenía que no se trata de un tema de influencia para el ENRE.
Según la compañía, "la inclusión de este análisis en el Informe Final no es oportuna ya que es una cuestión totalmente ajena a la RTI", sostenía el informe, a la vez que agregaba que se trata de un acuerdo entre el Estado nacional y las distribuidoras.
"El Ente Regulador no es un órgano competente para realizar una auditoría del mencionado acuerdo (como sí lo es la Sindicatura General de la Nación, órgano que participó oportunamente en esa competencia)", agregaba la empresa en el documento que está incluido como material de las audiencias públicas.
La distribuidora también aclaraba lo que en el mercado defienden de manera tajante y es que no se trató de condonación de deudas sino de compensaciones con el dinero que el Estado Nacional adeudaba a las compañías y que se encontraba detallado en el informe sobre "Acuerdo Marco, Tarifa Social y Activo Regulatorio".
"Erróneamente o quizás por desconocimiento, estas deudas no fueron tratadas en el Informe Final", sostenía la compañía.
A partir de estos antecedentes y documentación ya presentada por las distribuidoras se puede anticipar que, de no darse marcha atrás con la anulación de la medida tomada por Economía este lunes pasado, las inversiones futuras del sector podrían quedar resentidas.
Más que nada porque, de no recibir los $100.000 millones en danza, podrían quedar en rojo contable al haber computado como ingresos esos fondos.
Está claro entonces que, a pesar de que las áreas legales de las empresas se encuentran analizando los pasos a seguir, tanto Edesur como Edenor se verán obligadas a tomar todas las acciones necesarias, administrativas y judiciales, para defender los derechos de sus accionistas.