RE/MAX, más acorralada: multas y suspensión de matrículas, tras otro fallo inédito por ejercicio ilegal
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A muy pocas semanas de detonada la polémica en Jujuy, esto tras comprobarse que la compañía promovía la venta de más de 18.400 hectáreas en la Quebrada de Humahuaca, la red de franquicias RE/MAX vuelve al centro de la controversia. Y acaba de recibir un nuevo mazazo a su operatoria en la Argentina.
En un fallo inédito, el Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios de Córdoba -CPI-, a través de una resolución de estos días, fijó sanciones a agentes de la empresa por ejercicio irregular de, justamente, la profesión de corredor público inmobiliario.
La medida incluyó la aplicación de una multa de 100.000 pesos y una suspensión el lapso de 6 meses de la matrícula profesional de quien operó bajo la marca RE/MAX. En la resolución, a la que accedió iProfesional en las últimas horas, el CPI hace mención, de forma directa, a un acto de "ejercicio ilegal de la profesión".
"… estimamos que la promoción de personas –agentes- para captar clientes u operaciones resulta una práctica que no se ajusta al marco ético de la competencia profesional, con una clara incidencia negativa respecto del propósito de especialización y profesionalización de la actividad fijado en la Provincia de Córdoba", señala el Colegio en su pronunciamiento.
Consideró que la relación de franquicia "… ejerce para con la sociedad constituida por la CPI sumariada un claro control sobre la operatoria, con incidencia en la independencia de criterio profesional".
"Se entremezcla así en el caso una cuestión comercial (franquicia) con una profesión indelegable (corretaje), imponiéndose, de esta manera, la sanción por la facilitación del ejercicio irregular y/o clandestino del corretaje inmobiliario", afirma la entidad.
En su decisión, el Colegio cordobés mencionó "jurisprudencia aplicable al caso". En concreto, hizo alusión a la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) de septiembre del año pasado de prohibirle a la compañía el ejercicio de la actividad inmobiliaria.
Respecto de esto, el CPI expuso que, en el último tiempo, "… la Inspección General de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dictó la Resolución Particular Nº 350/2020, mediante la cual se declara la actuación irregular en nuestro país de REMAX INTERNATIONAL INC. o RE/MAX INTERNATIONAL INC…".
"… por no encontrarse inscripta en el Registro de la IGJ (artículo 118 Ley 19.550), y la utilización de REMAX ARGENTINA SRL, como simple máscara para actuar en fraude a la ley, resolviendo en definitiva la inmediata promoción por parte de IGJ de la acción judicial de disolución y liquidación prevista en el artículo 19 de la Ley 19.550 en contra de la sociedad REMAX ARGENTINA SRL.", añadió.
Condena en Rosario
La sanción establecida en Córdoba se suma a la condena obtenida recientemente en Rosario por la empresa de franquicias, en una causa por precarización laboral.
En julio, la Justicia de esa ciudad santafesina falló a favor de una ex empleada de la empresa quien, en estado de embarazo, deberá ser indemnizada por la empresa tras ser despedida sin que se le reconozca relación laboral. Justamente en Rosario, la firma inauguró semanas antes de esa decisión judicial una sucursal a todo despliegue en la esquina de Oroño y Güemes.
Respecto de esta condena judicial, expertos legales que siguen el día a día de la red aseguraron a iProfesional que RE/MAX Argentina tendría acumuladas causas similares en cámaras laborales tanto en Capital Federal como en el resto del país.
"Esta situación se replica en todos los sitios donde opera esta compañía. RE/MAX no aporta indemnizaciones cuando concluye la relación laboral. La gente que se va no tiene ningún tipo de remuneración por el final del vínculo. La precarización es una constante", aseguraron.
A mediados de este año, la Justicia también estableció como responsable de las acciones que se siguen contra la red a RE/MAX Argentina en lugar de su par internacional.
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"Para las leyes argentinas RE/MAX Internacional no existe. Quien tiene que responder por las denuncias elevadas es la SRL que tiene domicilio en avenida Callao, en Capital Federal, aunque en los últimos meses ha dicho que nunca resultó notificada de los procesos que se siguen", señaló un abogado especializado en la actividad inmobiliaria.