Anuncios de inversión en fibra óptica de última generación: beneficio para más de 250.000 usuarios
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En pleno camino de salida de la crisis económica producto de la pandemia del COVID-19 dos empresas anunciaron inversiones para el desarrollo de redes de última generación para prestar servicios de conectividad (internet al hogar) en el sur del país.
Sion y Movistar (Telefónica) confirmaron su asociación para invertir más de u$s95 millones en los próximos meses para tender estas redes que permitan mejorar las condiciones de los servicios prestados en esta parte del país.
Se estima que esta inversión va a favorecer en una primera instancia a más de 150.000 clientes que tiene Sion en la Patagonia (con empresas locales asociadas para llegar a los hogares) y que en el plazo de tres años se sumarán 100.000 beneficiados más.
Esto se debe a que la inversión en fibra óptica permitirá que la conexión a internet pueda alcanzar, para el consumidor final, una velocidad de entre 25 y 100 megas cuando hoy alcanza los 6.
Para Movistar, marca bajo la que se unificaron los servicios de Telefónica, este acuerdo implica la capacidad de mejorar sus prestaciones a consumidores finales en la región sur del país (allí donde tiene el foco de su negocio desde la privatización de Entel). De esta manera, la sociedad con Sion implica que ésta realiza una inversión fuerte en el tendido y renovación de redes que será explotada con privilegios por Movistar que además podrá ofrecer su servicio de televisión para completar el triple o cuádruple play.
Esta forma de asociarse entre distintos prestadores que podrían ser considerados como competencia, funciona de manera habitual en el mercado de telecomunicaciones, donde las inversiones necesarias para mejorar los servicios son muy altas y la recuperación suele ser lenta. Mucho más en países con monedas devaluadas como Argentina.
Así, la competición se centra en el final de la cadena de valor: la oferta al consumidor final. Mientras las inversiones en infraestructura comienzan a compartirse entre más de un actor. De manera similar funciona, por ejemplo, el negocio de la construcción de cables submarinos para la conexión a internet.
El anuncio se da en un contexto particular para una de las dos partes: Telefónica lleva algunos años buscando comprador para sus filiales en América Latina. Sin embargo, en los últimos meses la reactivación de algunas de sus unidades de negocio (Argentina por ejemplo) con buenos números y el desprendimiento de operaciones en América Latina disminuyeron la premura: se van a vender pero al precio que convenga a los españoles. Para eso, mostrarse activos, mejorar las condiciones de servicios y las características de sus redes es el principal incentivo de este tipo de operaciones.
Más allá de este anuncio de inversiones que involucra a uno de los tres grandes actores del mercado telco argentino –quizás el menos conflictivo con el Gobierno- los números de inversión de estas empresas en los últimos años no colaboran con la postura oficial de declarar servicio público a la prestación de banda ancha al hogar y telefonía móvil.
De acuerdo a los mismos datos que provee el Ente Nacional de Comunicaciones, 2020 representó un freno muy importante en el despliegue de fibra óptica en el país. Vale recordar que es esta tecnología la que permite aumentar, entre otras cosas, la velocidad en la conexión a internet y la prestación de servicios audiovisuales de una manera más eficiente.
De acuerdo a estos datos, la cantidad de accesos hogareños a tecnología de fibra óptica aumentó un 39% en 2020. Si se mira la cifra del año inmediatamente anterior, se encuentra una diferencia sustancial: el aumento en 2019 fue del 143%. En 2018 este crecimiento fue de 84%. Claro que la pandemia y los procesos de retracción de la actividad económica hizo su parte para que el despliegue de fibra óptica desacelerara. Pero los datos de 2021 muestran que el comienzo del año fue más que frío: un 4% de aumento.
El gran factor que aparece en el horizonte de la discusión es el peso que tiene sobre estas inversiones la declaración de servicio público de estos servicios y el control del Gobierno sobre los aumentos de los abonos. Sin embargo, al momento de analizar la facturación de las empresas de provisión de internet los números estuvieron por encima de la inflación con un aumento en la facturación del 47%. Las de televisión de pago perdieron contra la inflación: solo consiguieron aumentar su facturación un 27% mientras en telefonía móvil la aguja se movió un 33%.
El anuncio de Movistar y Sion sirve para poner sobre la mesa el debate la relación entre inversiones, seguridad jurídica, interés público y poder del Estado. Los números muestran que la relación es algo más compleja, que las condiciones favorables para las empresas telcos no siempre garantizan crecimiento en los desembolsos así como una declaración de servicio público está lejos de garantizar automáticamente el acceso universal y en buenas condiciones a internet.