Duro golpe a franquicias inmobiliarias: IGJ "bochó" a la cámara que buscaban crear RE/MAX y Century 21
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A tono con el revés que le propinó a RE/MAX hace casi un año, tras informar su decisión de prohibirle a la red el ejercicio de la actividad inmobiliaria, la Inspección General de Justicia (IGJ) ahora volvió a propinarle un duro golpe a las franquicias orientadas a la comercialización de propiedades.
En una resolución a la que accedió iProfesional, el organismo rechazó el funcionamiento de CAMESI, una propuesta de cámara que motorizan las redes RE/MAX, Century 21, GNV Group, Keymex y Coldwell Banker.
La IGJ consideró que se incumplen distintas exigencias, además de recordar que considera "ilícita" la operatoria de la misma RE/MAX. "(Esta red) no solo es constituyente sino que también forma parte de la Comisión Directiva, órgano de administración de la asociación civil", que expuesto en el texto.
"… constituiría un verdadero dislate que esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA considere que REMAX ARGENTINA SRL realiza actividades ilícitas y se proponga su disolución en los términos del artículo 19 de la Ley 19550, y por otro lado, la autorice a constituir y formar parte de una Cámara Empresaria vinculada a ese rubro", se añade en la resolución.
La IGJ también detectó irregularidades en los argumentos acercados por otras razonas sociales ligadas a CAMESI como Master National Argentina, Commercial Brokers SA –que explota la marca Coldwell Banker– y Ginevra Realty, entre otras.
Dada la sumatoria de aspectos incumplidos, el organismo decidió "Denegar el otorgamiento de la autorización para funcionar solicitada por la ASOCIACIÓN CIVIL ‘CÁMARA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS’".
Respecto de esta decisión, Jorge Martín Irigoyen, referente legal del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), expuso en su espacio en la red social Twitter que "de 5 empresas, 4 no cumplen requisitos mínimos".
"Las franquicias inmobiliarias de marcas multinacionales chocan con leyes profesionales de la actividad inmobiliaria en todo el país", señaló.
"En el punto C de su objeto hablan de ‘normas éticas comerciales’ cuando lo que está en juego es no violar ‘normas éticas profesionales’ y los ‘agentes inmobiliarios’ que ellos fomentan la mayoría no tiene título habilitante ni matrícula para ejercer la actividad", "tuiteó" Martín Irigoyen.
A través de publicaciones también en redes sociales, CUCICBA también se refirió a lo establecido por la Inspección General de Justicia: "La IGJ resolvió denegar la inscripción de una pretendida cámara de supuestas empresas inmobiliarias, que buscaba arrogarse facultades de representación de los profesionales inmobiliarios".
"Se basó en su decisión previa de declarar que las actividades de una franquicia extranjera fuera consideradas ilícitas gracias a los constantes reclamos realizados por las autoridades de nuestro colegio", afirmó la organización.
Qué pasa con RE/MAX
La Justicia comercial está a un paso de emitir su fallo final y en el ámbito de los comercializadores tradicionales aguardan por un pronunciamiento a tono con lo establecido el año pasado por la IGJ.
Según indicaron recientemente a iProfesional representantes legales de CUCICBA, los argumentos en contra de la firma trasnacional no dejaron de acumularse en los últimos meses y quedó más en evidencia que la operatoria de la red choca de frente con la ley profesional vigente en esta parte del país.
Expusieron, también, que se aportaron argumentos que prueban cómo RE/MAX fomenta la precarización laboral y, en simultáneo, estimula una forma de hacer negocios que termina generando posiciones monopólicas en la actividad de la comercialización del ladrillo.
La definición judicial, anticiparon, llegará en torno al próximo trimestre tras concretarse la digitalización reciente del expediente. CUCICBA aguarda por la liquidación final de RE/MAX Argentina SRL por llevar a cabo actividades ilegítimas.
Desde el pronunciamiento de la IGJ a esta parte "brotaron" expedientes contra la compañía por presunta utilización de matrículas de terceros, reclamos por aparentes relaciones laborales de dependencia encubiertas, e incluso deudas con la AFIP.