Garbarino pidió auxilio financiero al Gobierno para evitar la quiebra
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Con una importante deuda que se sigue acumulando, retraso en el pago de los salarios al personal, locales cerrados o sin mercadería y falta de fondos para evitar el default, la situacion para Garbarino se complica a diario.
Ante este complejo escenario, Carlos Rosales, actual dueño de la mayor cadena de electrodomésticos de la Argentina, decidió jugarse una nueva carta recurriendo a las autoridades nacionales para intentar obtener fondos del Estado que le permitan encarar un proceso de normalización de sus cuentas.
El también pro tesorero del club San Lorenzo de Almagro y propietario del grupo asegurador Prof, habría mantenido un encuentro con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en busca de esos fondos frescos.
Voceros cercanos al empresario no pudieron confirmar la versión aunque admitieron que hubo una reunión entre ejecutivos de Garbarino y el funcionario con el objetivo de solicitar auxilio financiero en el marco de las diferentes gestiones que la compañía viene llevando a cabo para sortear el ahogo financiero que atraviesa, producto de las deudas millonarias que acarrea desde hace varios años, agravadas por las restricciones a la circulación de abril y mayo pasados.
Según las fuentes, en el encuentro se le actualizó al Ministro el estado de situación de la compañía y los planes a futuro para mantener las operaciones y retomar las ventas.
También se le solicitó acompañamiento y apoyo financiero para sortear la compleja situación a partir de un propuesta que ahora está en manos de Kulfas, quien la deberá evaluar y dar una respuesta defintiva en las próximas semanas.
No se trataría del mismo esquema a través del cual el gobierno nacional salió en apoyo de IMPSA, con aporte de fondos a cambio del desembarco del Estado nacional en el capital accionario de la empresa mendocina fundada por la familia Pescarmona.
En el caso de Garbarino, la iniciativa se basa en un pedido de fondos para constituir el fideicomiso en el que ya viene trabajándola compañía como formato que le permita recuperar el volumen de mercadería necesario para satisfacer las demandas de sus clientes; incrementar el flujo de caja disponible y regularizar las moras en los pagos de sueldo, tanto como con proveedores y otros actores acreedores involucrados en la operatoria.
Negociaciones paralelas
De acuerdo a los voceros de Rosales, las gestiones con Kulfas son paralelas a las negociaciones que se vienen manteniendo con supuestos inversores interesados en sumarse como accionistas a la cadena y que, de prosperar el pedido al Gobierno, tributarían al fideicomiso para la compra de mercadería, entre otras cuestiones.
Del mismo modo, en la empresa esperan que la devolución de las retenciones en exceso que realizó la AGIP se concrete en breve ya que, está en marcha. La última novedad que tuvimos sobre el cierre de la semana pasada se habría anunciado que el dinero, son $438 millones, se debería liquidar esta semana en parte o el total.
Con este marco, la situación de los 4.000 empleados de Garbarino sigue siendo crítica, ya que siguen sin percibir sus haberes de manera normal, mientras que desde la empresa sostienen que los salarios de julio se podrían comenzar a liquidar durante esta semana, luego de haberse llevado a cabo procesos internos de validación que ya se cumplieron.
Estos incumplimientos con sus trabajadores derivaron en situaciones de conflictos en la mayoría de las localidades donde Garbarino posee alguno de sus 200 locales, muchos de los cuales fueron tomados por sus empleados o permanecen cerrados.
De hecho, los voceros de la compañía tampoco pudieron precisar la cantidad de establecimientos que a esta hora se encuentran operativos por entender que el status de funcionamiento y apertura es cambiante debido a la situación hasta tanto se pueda reencauzar la operación. De todos modos, estimaron que el 60% de los locales de Garbarino y Compumundo están abiertos y operativos, a nivel país.
La apuesta al auxilio financiero del Gobierno podría ser la última jugada que Rosales tenga para evitar replicar el esquema adoptado la semana pasada por otra cadena de electrodomésticos también en crisis.
Es decir, por Ribeiro, que optó por solicitar a la justicia la apertura del concurso preventivo de acreedores como mecanismo bajo el cual iniciar la reestructuración de su deuda.
En el caso de Garbarino, hasta ahora se ha preferido evitar ese camino, aunque no se descarta si la situación no deja otras opciones.
Actualmente, la compañía acumula un pasivo cercano a los $15.000 millones, con proveedores, bancos y compañías financieras que Rosales intenta normalizar a partir de varias alternativas que, sin embargo, hasta el momento no logró concretar.
Por lo menos desde que rechazó la oferta de compra de la cadena que había presentado Facundo Prado, dueño de Supercanal, hace unos meses.
Antes de esta situación, Rosales había llegado a un acuerdo con los bancos para reestructurar una deuda de $5.000 millones, y con los acreedores para pagar otros $7.000 millones. De todos modos, continuó pidiendo dinero a financieras y mutuales por un monto global de más de $3.500 millones.
En el mercado entienden que la quiebra de Garbarino no sería conveniente para ninguno de los involucrados, en especial para sus propios acreedores en su mayoría empresas proveedoras de los artículos que la cadena ofrece y que cada día que pasa son menos por el rechazo de las empresas a seguir abasteciendo a la cadena mercadería, ni siquiera en consignación.
Tal como ya anticipó iProfesional, se asegura que el giro de fondos necesario para poner en marcha Garbarino nuevamente rondaría los $4.000 millones, dinero que le permitiría rearmar su capital de trabajo y volverla nuevamente operativa.
A esto le debería agregar otra suma parecida en avales para convencer a los proveedores de que abastezcan la cadena nuevamente.
Desembarco inestable
Rosales desembarcó en Garbarino en junio del año pasado, en plena pandemia del Covid-19 y después de haber sellado un acuerdo con la familia fundadora de la cadena.
En ese momento, prometió hacerse cargo de la profunda crisis financiera que sufría la empresa desde el 2018, cuando comenzaron sus problemas producto de la recesión de la economía y de la fuerte caída del consumo de electrodomésticos.
Cuando asumió, Rosales pudo reestructurar la deuda que la cadena tenía con un grupo de bancos liderados por el Santander y el Galicia, que buscaban cobrar $5.000 millones.
También mantuvo negociaciones para resolver el reclamo de los proveedores locales y extranjeros de la empresa a los que se les adeudaban otros $7.000 millones.
Además, comenzó a desarrollar una nueva estrategia comercial basada en un mayor uso de las herramientas tecnológicas y el comercio electrónico.
Su plan de negocios se basaba en transformar las 200 sucursales de Garbarino en tiendas online con punto de entrega para convertirlas en un canal virutal que permita a los proveedores potenciar sus marcas de la mano de ofertas, promociones y planes de cuotas dirigidos a los consumidores.
También esperaba lanzar su propia billetera virtual o asociarse a varias de las que ya operan; impulsar el ecommerce y cerrar acuerdos con empresas de delivery para que los clientes puedan comprar mayormente de manera remota.
Sin embargo, la realidad fue otra, muy diferente a la imaginada. La empresa siguió sufriendo por las restricciones económicas impuestas por las medidas sanitarias para combatir la pandemia y por la recesión que derrumbó las ventas de productos electrónicos.
A esto se sumaron las medidas del Gobierno que imponen restricciones a las importaciones de ciertos productos y componentes que Garbarino necesita para comercializar y para su planta de Tierra del Fuego.
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Tampoco logró reducir sus costos fijos para transformar su estructura en cuanto a cantidad de empleados y locales a un escenario como el que le toca atravesar.