Derrumbe de Garbarino y Ribeiro: empleados sin sueldo inician la batalla legal y rematan miles de productos

El estado de derrumbe financiero y comercial que atraviesan las cadenas Garbarino y Ribeiro sigue acentuando la desesperación entre los empleados de ambas compañías, que tras atravesar otro mes sin sueldos ni garantías de continuidad, anticipan un agosto de bolsillos vacíos e incertidumbre laboral.

En el caso de la primera, sendos delegados de los trabajadores consultados por iProfesional afirmaron que "hay empleados de Garbarino que directamente se encuentran en situación de indigencia". Aseguraron que tanto en el interior profundo de la Argentina como en el conurbano bonaerense "hay familias que no perciben un ingreso desde hace 3 meses, por lo que no pueden afrontar el pago del alquiler o directamente comprar la comida".

Desde representaciones del Sindicato de Empleados de Comercio en el interior reconocieron que se multiplican los nombres de quienes ya directamente se dan por despedidos y activaron la búsqueda de nuevos trabajos.

"Es un momento muy difícil. Nosotros seguimos con la toma de la sucursal del centro y eso no va a cambiar. Es probable que la problemática se agudice con el correr del tiempo dada la situación de abandono de 4.300 familias en todo el país. Ya van más de 90 días de incumplimientos", sostuvo Darío Zunda, secretario gremial en Mar del Plata.

El dirigente mencionó como opción que podría aliviar el escenario "una decisión de la AFIP que libere fondos retenidos a la empresa en concepto de Ingresos Brutos".

"Ese dinero iría a parar directamente a la cuenta sueldo de los trabajadores, pero la realidad es que esos montos retenidos todavía no se han hecho efectivos y da la impresión que está lejos de que esto pueda concretarse", reconoció.

Ya en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los trabajadores definirán un nuevo plan de lucha en el transcurso de esta semana. En esta parte del país los empleados de Garbarino definen como "error" la decisión de considerarse despedidos que vienen tomando sus pares en las provincias.

"Es un error, porque si se entra finalmente en convocatoria de acreedores, el síndico que tome la causa los pondrá al final de la lista de los montos a cubrir. Hará un fideicomiso para, en principio, pagarles a todos los proveedores y, de esa forma, activará otra vez la rueda que permitirá normalizar los sueldos", dijo a iProfesional Domingo F., uno de los representantes de los trabajadores afectados por los incumplimientos de la firma.

Los trabajadores acumulan meses de sueldos adeudados, falta de cobertura de salud y aportes.

"Quienes se consideren despedidos estarán entre los últimos en cobrar", vaticinó. Igualmente, el empleado remarcó que la decisión "queda a criterio de cada trabajador y según cómo esté siendo asesorado".

"Lo que viene es un fideicomiso. Los supuestos inversores nuevos generarán esa figura y el síndico que se designe definirá prioridades de pagos. En esa escala, el último lugar quedará para los que se consideren despedidos. Por eso es que conviene esperar un poco más. Estamos tratando de sumar agrupaciones y gremios para que nos acompañen en el reclamo de los trabajadores", agregó.

Pelea judicial y subasta

Tanto en torno a Garbarino como en lo que refiere a Ribeiro predomina la certeza de que lo que viene, justamente por parte de los empleados, es una ofensiva legal a gran escala con el fin de garantizar de alguna forma el pago de parte de los salarios.

En San Juan ya se activó esta tendencia: la mayor parte de los más de 30 empleados se dieron por despedidos e iniciaron acciones legales para que se les pague una indemnización. Según medios locales como El Tiempo, "hay apenas cinco trabajadores que todavía tienen la esperanza de que la empresa reabra sus sucursales" en esa provincia.

En cuanto a Ribeiro, la empresa debe dar respuestas a casi 1.800 empleados en todo el país. Mientras sigue la indefinición en torno al futuro comercial del retail, sus trabajadores en plazas como Tucumán tomaron la decisión de subastar parte de los electrodomésticos de los locales para, de esa forma, obtener algún tipo de compensación.

Empleados en el interior elevaron una denuncia que derivó en el secuestro y embargo de mercadería.

"Hicimos una denuncia ante un juez laboral. Luego, tomamos una medida de secuestro y embargo de la mercadería, que quedó en un depósito judicial. Consideramos que así los trabajadores podrán cobrarse los salarios que se les debe desde febrero, más todos los aumentos y diferencias", informó Oscar Cano, referente local del sindicato de Comercio.

"Estamos buscando un interlocutor válido, para ver si se pueden subastar los bienes", añadió. Sólo en Tucumán, la firma adeuda hasta 6 millones de pesos en concepto de sueldos. Empleados y dirigentes gremiales consideran que la venta de la mercadería secuestrada podría saldar completamente ese monto.