Crisis: por qué Aerolíneas Argentinas y Boca ahora llevan a la cadena Garbarino a la Justicia
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Se siguen acumulando los problemas para Garbarino que, además de la complicada situación financiera y comercial que atraviesa, ahora comenzó a acumular problemas judiciales.
Mientras su dueño, Carlos Rosales, informa a través de voceros que negocia la incorporación de socios a la mayor cadena de electrodomésticos de la Argentina, crece la cantidad de empresas que recurren a los tribunales para el cumplimiento de los compromisos de pago.
Al pedido de quiebra que ya presentó la compañía financiera Credibal se están sumando reclamos de grandes marcas electrónicas, una importante compañía aérea y hasta de uno de los principales clubes de fútbol del país.
Todos tienen dos puntos en común, reclamar que la compañía cumpla con los contratos asumidos y canalizar esas demandas por la vía judicial tal como ya lo están haciendo Aerolíneas Argentinas y Boca Juniors.
Tanto la aerolínea estatal como la entidad deportiva que preside Jorge Ameal presentaron sendos recursos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial para forzar a Garbarino a negociar sus deudas.
En el caso de Boca Juniors, pidió la apertura de un sumario ejecutivo por el no pago de la publicidad que recayó en el Juzgado Comercial N 6, Secretaría, mientras que Aerolíneas Argentinas sumó un nuevo pedido de quiebra que se tramita en el Juzgado Comercial 14, Secretaría 27.
Trascendió además una reunión celebrada la semana pasada con representantes de varias aseguradoras con las que la compañía tiene contratos de seguros de crédito que podrían verse afectados si no se llega a un acuerdo con Prado y sus socios.
En especial, por las repercusiones que un posible proceso concursal pueda tener en sus principales proveedores y tenedores de gran parte de su deuda como serían Fapesa (Philips); Alladio (Drean) y Electrolux.
Si bien no se conocen mayores detalles de todas estas causas, fuentes del sector estiman que las demandas terminarán presionando a Rosales para que finalmente se decida a solicitar, también a la Justicia, la apertura del concurso preventivo de acreedores.
En el mercado entienden que la situación de la cadena parece irremediable, teniendo en cuenta que casi la totalidad de sus locales permanecen cerrados, según sus ejecutivos por el insólito temor a que el personal se lleve mercadería a cambio de la falta de cobro de sus salarios.
En la actualidad, Garbarino cuenta con 200 sucursales, muchas de las cuales han sido tomadas por sus empleados reclamando la reapertura y el compromiso del propietario de la continuidad laboral.
De hecho, durante los últimos días, la empresa comenzó a cerrar casi todos los locales que tiene distrubidos por todo el país como en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, entre otras.
Más allá de este supuesto escenario, lo cierto es que los casi 4.000 trabajadores de la compañía vienen reclamando, hasta ahora sin éxito, la normalización de los pagos tanto del sueldo mensual como de los aguinaldos.
La respuesta empresaria fue la de bajar las persianas de las sucursales "donde se evalúe riesgo para la integridad física de las personas, clientes o para el mobiliario o mercadería", tal como explicó a iProfesional un consultor contratado por Rosales para canalizar la información con el periodismo.
El mismo vocero aclaró que el empresario rechazó "por inconsistente y por falta de avales" la única oferta de compra que recibió hasta ahora y que le fue acercada por Fernando Prado, actual propietario de la operadora de TV paga Supercanal tras analizar los números de la compañía durante un mes en que duró la exclusividad para las negociaciones.
Aseguran además que esos meses de infructuosas negociaciones coincidieron con una caída en las ventas de Garbarino y un atraso en los pagos a los proveedores y compañías financieras a las que Rosales debió recurrir para obtener fondeo.
De hecho, en Garbarino aseguran que la imposibilidad de mantener conversaciones con otros interesados profundizó los problemas financieros de la cadena que ahora, dicen sus voceros, escucha nuevas ofertas con la intención de ceder un porcentaje accionario para obtener fondos frescos que le permitan la continuidad operativa de la firma.
El objetivo sería conseguir inversores para continuar con el supuesto trabajo de reconversión de la cadena que, mayormente se basa, en el cierre de locales, despido de personal y modernización de su canal online.
Sin embargo, actualmente la situación de Garbarino es de ahogo financiero que se profundiza debido a la imposibilidad de obtener crédito de parte de bancos o de compañías financieras con las que también acumula una deuda cercana a los $2.300 millones.
En la web del Banco Central figura la cantidad de cheques impagos y el listado de acreedores de Garbarino que encabeza otra financiera, Cooperativa Frincredit, a la que le adeuda otros $130 millones. Lo mismo con Finares, con la que tiene una deuda de $128,6 millones.
En tercer lugar se encuentra el Banco Nación, con $80 millones; GS Negocios, con $76 millones; Libertador Factoring, $57 millones y el HSBC, $54 millones. También se encuentran CVCC Concepción, $40 millones; Victo Inversiones, $16 millones; Crediserv, $10 millones; American Express, $8 millones, entre otros acreedores.
Como parte del mismo escenario, los voceros de Rosales responsabilizan de la falta de fondos a una deuda que la Ciudad de Buenos Aires mantiene con Garbarino por $440 millones en concepto de retenciones supuestamente "indebidas", dinero que le permitiría pagar parte de los dos meses de demora en salarios.
Historia conflictiva
Garbarino viene sufriendo un proceso de deteríoro desde hace varios años, incluso antes que Rosales asumiera el control de la mayor cadena de electrodomésticos de la Argentina.
Acumulaba una deuda por $12.000 millones con un grupo de acreedores entre los que se encontraban los principales bancos y empresas de tecnología del país.
Cuando asumió el control de Garbarino, en junio del año pasado, Rosales pudo reestructurar la deuda que la cadena tenía con un grupo de bancos liderados por el Santander y el Galicia, que buscaban cobrar $5.000 millones.
También mantuvo negociaciones para resolver el reclamo de los proveedores locales y extranjeros de la empresa a los que se les adeudaban otros $7.000 millones.
Además, comenzó a desarrollar una nueva estrategia comercial basada en un mayor uso de las herramientas tecnológicas y el comercio electrónico.
De ese monto, pudo encaminar un acuerdo con las entidades financieras para reestructura la cancelación de unos $5.000 millones. En el caso de los proveedores tuvo éxito en las conversaciones para reordenar la deuda por los $7.000 millones restantes.
Sin embargo, en los últimos meses la compañía comenzó a tener problemas para cumplir con los acuerdos y Rosales debió recurrir a la ayuda de compañías financieras con las que también incumplió y acumula una deuda por otros $2.300 millones.
En medio de dicho proceso, el dueño del grupo asegurador Prof puso en venta la cadena comenzando negociaciones con Facundo Prado, actualmente dueño y CEO de la operadora de TV paga Supercanal.
El empresario llevó a cabo un proceso de revisión de las cuentas de Garbarino y la semana pasada acercó una oferta concreta que fue rechazada por Rosales.
Tras este fracaso, Prado habría retirado su interés por la cadena y Rosales habría empezado a preparar el terreno para solicitar la apertura del concurso preventivo de acreedores.
Al respecto, desde las filiales provinciales de la Asociación Empleados de Comercio de la Argentina comenzaron a reclamar la intervención del gobierno nacional para que se levante lo que consideran un lockout patronal que afecta a cerca de 4.000 trabajadores y representa el conflicto más grande en la actividad privada en los últimos años.
En Rosario, por ejemplo, la empresa cerró el salón de ventas ubicado en la peatonal Córdoba al 1200, además de las sucursales situadas en los shoppings Alto Rosario y El Portal y la que funcionaba en un hipermercado de la zona sur.
En el caso de Mendoza, las tres sucursales que quedaban el Gran Mendoza por la tarde de ayer cerraron sus persianas.
La misma situación se da en otras localidades como Mar del Plata, Lanús y la capital de la provincia de San Juan.
De esta forma y con una importante deuda que se sigue acumulando, problemas con los gremios por atrasos en los pagos al personal, y la demora en cerrar un cambio de propietario, el futuro de Garbarino parece encaminarse hacia una resolución judicial mediante un proceso concursal.
En la misma situación se encontrarían el resto de las empresas del grupo como son la tecnológica Compumundo; la cadena de celulares Tecnosur; la fábrica de electrónica Digital Fueguina; Garbarino Viajes y la Financiera Fiden (que emite las tarjetas de crédito de Garbarino y Compumundo).
En el mercado entienden que la quiebra de Garbarino no sería conveniente para ninguno de los involucrados, en especial a sus propios acreedores que en su mayoría son las empresas proveedoras de los artículos que la cadena ofrece y que cada día que pasa son menos por el rechazo de las empresas a seguir abasteciendo a la cadena mercadería, ni siquiera en consignación.
Las fuentes estiman que el giro de fondos necesario para poner en marcha Garbarino nuevamente rondaría los $4.000 millones, dinero que le permitiría rearmar su capital de trabajo y volverla nuevamente operativa.
A esto le debería agregar otra suma parecida en avales para convencer a los proveedores de que abastezcan la cadena nuevamente.
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Fondos que Rosales no tendría disponibles actualmente y que, si las negociaciones con Prado fracasan, lo llevarían a optar por el proceso concursal.