Electrodomésticos, en crisis: Ribeiro dejó de pagar sueldos y cierra locales
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Ribeiro se suma a la tremenda crisis que viven las grandes cadenas de electrodomésticos en la Argentina, cuyo principal exponente es la grave situación que atraviesa Garbarino,que ya cerró más de 200 locales, tiene una gran deuda pendiente y una enardecida protesta de empleados que defienden su fuente laboral.
En el caso de Ribeiro, según indicaron fuentes sindicales, dejó de pagar salarios, comenzó a cerrar locales, suspendió su sitio de e-commerce y, según trascendió en el mercado de retail, busca un socio para capitalizar la compañía.
Con enormes deudas, la empresa -fundada hace 110 años en San Luis- aspira a que un socio que aporte capital, pero sin que la familia propietaria pierda el control. Con fuerte presencia en el interior del país, la empresa llegó a tener 1.900 empleados y 85 sucursales en el 2018.
Tras integrar el grupo de las principales cadenas de electrodomésticos en la Argentina, a partir del 2019 en Ribeiro todo empezó a ir cuesta abajo.
Las deudas se fueron agrandando y el inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020 castigó especialmente al comercio, mientras las ventas por internet se disparaban.
En la central de deudores del Banco Central, la firma ya aparece en situación de "irrecuperable".
En este contexto, la familia Ribeiro está buscando capitalizar la empresa y en algún momento hasta se llegó a mencionar a un grupo vinculado a la actividad agroindustrial, pero nada prosperó.
La caída de ventas en unidades fue del 60% entre 2019 y el 2021, de acuerdo con reportes especializados del sector.
En abril último, Minicuotas Ribeiro cerró una de las sucursales en General Alvear, Mendoza. La cadena también tenía definido bajar la persiana en su local en San Juan. A mediados de junio último, Ribeiro cerró su local en la ciudad de Rafaela, en el oeste de Santa Fe.
Similitudes con el caso Garbarino
Ribeiro parece seguir así el camino de Garbarino, cuya situación se vuelve cada vez más complicada. El fantasma del concurso de acreedores está cada vez más presente. Tiene una gran deuda pendiente, no logra conseguir un socio que lo ayude afrontar este duro momento, y recibió una respuesta negativa del Gobierno porteño sobre el reclamo de devolución de $438 millones de "multas indebidas" con los que podría pagar los sueldos atrasados de sus 3.800 empleados.
Todo esto se da en el contexto de una protesta de los trabajadores que tienen plantas de la compañía tomadas.
El empresario Carlos Rosales, dueño del grupo asegurador Prof y director ejecutivo de la compañía desde hace un año, perdió toda esperanza de que la renovación de la cúpula de Garbarino posibilitara remontar el negocio, porque el principal interesado en comprarla, Facundo Prado, retiró su oferta.
A ese contexto, se suma el cierre de varios locales a lo largo del país, y las denuncias de los empleados que se quedaron si trabajo sin previo aviso y con sueldos sin cobrar.
"Estamos ante un lockout patronal", dijo el secretario gremial del Sindicato de Comercio, Juan Gómez, quien contó además que muchos trabajadores tomaron los locales para defender sus puestos de trabajo y exigir la reapertura de los negocios.
Desde Garbarino dicen, en cambio, que "la mayoría de los puntos de venta están abiertos" y que los cierres se efectivizaron solamente en locales "cuya situación pudiese implicar un riesgo para la integridad física de las personas, tanto empleados como clientes, y de los bienes, la mercadería y el mobiliario".
Rosales rechazó la oferta de compra que propuso Facundo Prado, propietario de la firma de telecomunicaciones Supercanal Arlink, y ahora busca nuevas alternativas para la mayor cadena de electrónica y electrodomésticos del país.
La delicada situación de Garbarino se profundizó durante la fuerte caída del consumo se produjo durante en los últimos años, iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri y posteriormente por la pandemia. Sus trabajadores hoy cobran desde hace meses sus salarios en cuotas.
De todos modos, Carlos Rosales aún busca una salida a la crisis y analiza alternativas, que incluyen la venta de una parte del negocio, con inyección de fondos para solventar la situación financiera.
Durante los últimos días, la empresa comenzó a cerrar casi todos los locales que tiene distrubidos por todo el país como en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, entre otras.
En la actualidad, Garbarino cuenta con 200 sucursales, muchas de las cuales han sido tomadas por sus empleados reclamando la reapertura y el compromiso del propietario de la continuidad laboral.
Del mismo modo, la planta productora de Tierra del Fuego se encuentra en crítica situación y en los últimos días el sindicato de comercio mantuvo comunicaciones con las autoridades provinciales para reclamar ayuda y evitar que cierre.
Garbarino viene sufriendo un proceso de deteríoro desde hace varios años, incluso antes que Rosales asumiera el control de la mayor cadena de electrodomésticos de la Argentina.
Acumulaba una deuda por $12.000 millones con un grupo de acreedores entre los que se encontraban los principales bancos y empresas de tecnología del país.
De ese monto, su directorio pudo encaminar un acuerdo con las entidades financieras para reestructura la cancelación de unos $5.000 millones.
En el caso de los proveedores fue Rosales quien encaminó las conversaciones para reordenar la deuda por los $7.000 millones restantes.
Sin embargo, en los últimos meses la compañía comenzó a tener problemas para cumplir con los acuerdos y Rosales debió recurrir a la ayuda de compañías financieras con las que también incumplió y acumula una deuda por otros $2.300 millones.
En medio de dicho proceso, el dueño del grupo asegurador Prof puso en venta la cadena comenzando negociaciones con Facundo Prado, actualmente dueño y CEO de la operadora de TV paga Supercanal.
El empresario llevó a cabo un proceso de revisión de las cuentas de Garbarino y la semana pasada acercó una oferta concreta que fue rechazada por Rosales.
Tras este fracaso, Prado habría retirado su interés por la cadena y Rosales habría empezado a preparar el terreno para solicitar la apertura del concurso preventivo de acreedores.