El Gobierno descongela precio de los peajes pero empresas reclaman suba mayor: cuánto aumenta la tarifa
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Utilizando el mismo razonamiento que con las tarifas de luz y gas, el gobierno nacional decidió descongelar los peajes de las rutas nacionales otorgando una suba en los precios de un dígito, ubicado en el 9,7%.
La actualización, que entrará en vigencia a partir del próximo jueves 1 de julio a las 00 horas, no conforma a las empresas concesionarias de las autopistas Panamericana y los accesos Norte y Oeste.
Es decir, a Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO). Ambas sociedades son controladas por el grupo español Abertis y vienen reclamando desde hace ya dos años que se les permita retocar los valores con porcentajes acordes a los incrementos de costos que sufrieron durante el mismo período.
El congelamiento había sido dispuesto por el gobierno de Cambiemos el 26 de abril del 2019 y continuado por el presidente Alberto Fernández como parte de una serie de medidas establecidas el 30 de diciembre del mismo año con el objetivo de frenar los aumentos y congelar el importe de las tarifas de peaje en toda la traza de jurisdicción nacional hasta que se haya realizado una evaluación de la necesidad y el impacto de una actualización tarifaria.
En ese comunicado también se informó que la medida se mantendrá hasta que se haya realizado una evaluación de la necesidad y el impacto de una actualización tarifaria y que se abrirían nuevas instancias de diálogo con las empresas concesionarias.
Dos años y medio después, el Gobierno decide otorgar el incremento anunciado del 9,7% que para las empresas concesionarias resulta insuficiente si se tiene en cuenta que vienen operando en un contexto económico con una fuerte volatilidad arrastrada desde finales del 2019 hasta la actualidad, luego de la implementación de medidas económicas y fiscales tendientes al control de la inflación y del gasto público y a combatir la pandemia del Covid 19.
A esto se le suma el inicio de una investigación sobre la renovación del contrato de concesión que Ausol y GCO obtuvieron de parte del anterior gobierno de Cambiemos en el 2018 y que el presidente Alberto Fernández anuló y ordenó revisar.
Durante el transcurso del 2020 y lo que va de este año, dichas medidas les ha generado diversos efectos negativos y consecuencias sobre los negocios y actividades económicas que las llevaron a implementar medidas de reducción de costos, preservación del efectivo y negociación con los proveedores para obtener descuentos y así tratar de mitigar el impacto de las medidas oficiales contra el coronavirus y de los incumplimientos del régimen tarifario establecidos en el acuerdo integral.
De hecho, las empresas también le reclaman al Gobierno deudas generadas por el congelamiento tarifario por alrededor de u$100 millones, vinculados a redeterminaciones tarifarias que no se llevaron a cabo entre el 2018 y el año pasado.
Las empresas entienden que el acuerdo tarifario que firmaron con el ex presidente Mauricio Macri debería estar vigente y por eso, en sus estados financieros anuales, recuerdan que el contrato prevé en su artículo cuarto que tienen derecho a una suba anual que refleje la incidencia en el plan económico financiero y adicionalmente, a actualizaciones tarifarias mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) al final del primer semestre de cada año o cuando la variación de ese índice desde la última actualización o redeterminación tarifaria, supere el 10%.
Respetar los acuerdos
De hecho, en su último estado de resultados correspondiente al primer trimestre de este año, Ausol recordó que viene efectuando diversas presentaciones "reafirmando y ratificando la necesidad de que se respete lo convenido en el Acuerdo Integral y manifestando su rechazo y falta de consentimiento con lo dispuesto por la DNV, habiéndose presentado las impugnaciones correspondientes por resultar ello contrario al régimen tarifario del AIR y vulnerar los derechos de la Sociedad".
Asimismo, la empresa solicitó en diferentes oportunidades que se dejen sin efecto las medidas dispuestas y que en lo sucesivo no se impida la entrada en vigencia y aplicación de las actualizaciones tarifarias aplicables.
Además y ante el contexto descripto y ante la profundización del deterioro de su situación económica y financiera como consecuencia de los reiterados incumplimientos del Estado Nacional al régimen tarifario, pidió al Ministerio de Obras Públicas de la Nación la aprobación de un incremento tarifario de emergencia con carácter provisional y a cuenta de los ajustes y compensaciones que correspondan.
Sin embargo, el reclamo tampoco fue tenido en cuenta por el Gobierno. De hecho, se puede inferir que la primer respuesta oficial a los constantes reclamos de Ausol y GCO resulta del aumento que ha sido informado a través de una resolución de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional publicada en el Boletín Oficial de este martes 29 de junio y que autoriza un retoque de un dígito a partir del próximo jueves 1 de julio.
Según explican fuentes oficiales, la actualización fue definida en el marco de una consulta ciudadana llevada a cabo entre el 20 de mayo y el 18 de junio, en la cual se expuso ante los usuarios el proyecto de actualización y sus respectivos porcentajes de aumento.