Tras casi una década, el Estado vuelve a ser "dueño" de una empresa argentina

Nueve años exactos pasaron del último desembarco del Estado argentino en el capital de una empresa privada. Fue en el 2012, con la re-estatización de YPF decidida durante el segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner.

Hubo luego, en junio del 2019 un intento por pasar a control estatal todos los activos del Grupo Vicentín. 

Si bien la idea partió de las usinas ideológicas del kirchnerismo, fue tomada como suya por el presidente Alberto Fernández bajo el planteo de encarar un "salvataje" financiero a un conglomerado agroindustrial que se encontraba camino a la quiebra a cambio de que su control pasara a manos estatales.

Sin embargo, la estrategia fracasó por falta de consenso político en las filas del propio Frente de Todos y por las críticas que la iniciativa cosechó en muchos sectores de la sociedad, incluyendo el gobierno de Santa Fe, donde Vicentín tiene su sede, que a pesar de pertenecer al oficialismo no avalaron la propuesta y se volcaron por otras opciones, como la búsqueda de un nuevo accionista privado.

IMPSA, a un paso de pasar a manos estatales

Ahora, casi una década después, un importante grupo privado local está a punto de pasar a manos estatales.

Se trata de IMPSA, una de las mayores metalúrgicas del país fue fundada en 1907 por la familia Pescarmona y que actualmente es líder tecnológico en el diseño y fabricación de equipos para centrales hidroeléctricas, nucleares, eólicas y solares y para la industria del petróleo y gas.

Desde abril del 2018, sus acciones las controlan dos fideicomisos, uno de los cuales (donde están el 65% del total) fue constituido en beneficio de los acreedores comprendidos en el APE del 2017; y el otro (con el 35% restante), en favor de los accionistas a cargo de IMPSA antes de la reestructuración.

Ambos fueron creados para garantizar la venta ordenada de las acciones de la compañía como parte de un plan de recomposición de su estructura de capital que coordinó con sus acreedores a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) presentado ante el Segundo Juzgado de Procesos Concursales, Circunscripción I de Mendoza, que lleva adelante su proceso de quiebra desde el 2018.

En esa oferta, IMPSA busca reestructurar u$s536 millones entre capital e intereses de la denominada "deuda elegible" que no incluye las obligaciones pendientes con organismos estatales, como Anses o AFIP, lo que se conoce como "deuda excluida".

En los próximos días, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se anunciará, como parte de ese ordenamiento societario y de acciones, la compra del paquete mayoritario del holding que tiene su sede en Mendoza a cambio de desembolsar u$s20 millones.

Fracaso y superviviencia

En realidad, se trata de una estrategia de "supervivencia" que su directorio puso en marcha luego de fracasar en la búsqueda de un socio privado, ya que ningún inversor se mostró interesado en inyectar capital en una compañía con profundos problemas financieros que opera en un país inestable e incierto. Frente a este escenario, la única posibilidad de obtener fondos frescos que le queda a la empresa es la estatización.

Con este fin, los accionistas de IMPSA, como el Banco Nación, los bonistas y la propia familia Pescarmona, decidieron no ejercer su derecho de preferencia para suscribir esas acciones y así abrir el camino al ingreso del Estado.

Pero, a diferencia de lo que ocurrió con YPF, con el resto de las empresas estatizadas y también con Vicentín, el traspaso del control de manos privadas a manos públicas se concretará por expreso pedido de los actuales accionistas de IMPSA y no por una medida compulsiva definida en las usinas ideológicas del movimiento que lidera la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Luego de completar la reestructuración de su millonaria deuda con ayuda del Gobierno, el directorio de la compañía que tiene su complejo industrial en la localidad de Luján de Cuyo diseñó un plan para estatizar la mayoría de su capital accionario y recomponer su estructura.

Con este objetivo, le propusieron al ministerio que comanda Matías Kulfas que el Estado compre una nueva serie de acciones Clase C por u$s15 millones, cifra necesaria para recomponer el capital de trabajo, consolidar su operación local y volver a competir en los mercados internacionales exportando el 85% de sus productos a Asia, Europa, África y las Américas.

Como paso previo, el año pasado Desarrollo Productivo salió en auxilio de IMPSA durante la pandemia del Covid-19 a partir del llamado "Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (PAEERP)" mediante el cual el Estado pagó durante cuatro meses el 75% de los salarios del personal de la empresa. Actualmente, la compañía tiene más de 720 trabajadores propios y otras 100 PyMes con las que habitualmente tiene contratos de operación.

En este contexto, para evitar que la grieta política ponga en riesgo una operación considerada estratégica para el Gobierno, y para evitar repetir los errores del fallido caso Vicentín, se invitó también al estado mendocino para sumarse como accionista.

La propuesta fue avalada por el gobernador Rodolfo Suarez, militante radical y miembro del frente Cambiemos que lidera el ex presidente Mauricio Macri, quien aceptó inyectar u$s4,5 millones de las arcas provinciales para quedarse con el 21% de IMPSA. Otro 63% quedará para la Nación, mientras que un 5% se mantendrá en manos de la familia Pescarmona y el resto entre los acreedores y el mercado bursátil.

Gerenciamiento mixto

Con la operación ya encaminada, el debate ahora se centra en la elección del nuevo management que tomará las riendas operativas de IMPSA a partir de la nueva conformación societaria.

Si bien no hay mayores definiciones aún, se asegura que los nuevos miembros del directorio de IMPSA que asumieron en diciembre pasado lo hicieron por decisión del Gobierno.

En el nuevo staff figuran Marcelo Kloster, presidente del Directorio; Alberto Aguiló, director Titular; Juan Manuel González Ferrer, director Suplente y Cecilia Da Dalt, Síndica.

Por ahora, Juan Carlos Fernández se mantiene como CEO, al igual que Fabián D’Aiello en su puesto de vicepresidente. Además, en Mendoza suena el nombre de Mario Esnal, un empresario cercano al kirchnerismo cuyo hijo, Facundo Esnal, fue funcionario del gobierno de Francisco Pérez.

De manera paralela, en algunas dependencias oficiales impulsan el modelo INVAP, una sociedad estatal pero que tiene una gerencia profesionalizada y se dedica a desarrollar y ejecutar proyectos tecnológicos en diferentes campos de la industria, la ciencia y la investigación aplicada tanto para satisfacer necesidades nacionales como para insertarse en mercados externos a través de la exportación.

La idea es usar el modelo  INVAP  para replicar su modelo en una compañía con potencial 

La idea es utilizar el know how de esta sociedad estatal para replicar su modelo en una compañía que desde Desarrollo Productivo ven con un gran potencial para sus mercados específicos como el de la hidroelectricidad.

El aporte de IMPSA se observa en los proyectos que está ejecutando, como varios contratos para centrales hidroeléctricas, nucleares, eólicas y solares, como los de equipamientos para la industria del petróleo y gas.

También está diseñando y fabricando las nuevas turbinas de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, los aerogeneradores del Parque Arauco (La Rioja), equipamientos para la Central Hidroeléctrica El Tambolar (San Juan), equipos para YPF, además de la fabricación del primer reactor nuclear argentino para generación de energía, el CAREM. A su vez, competirá para llevar a cabo proyectos en Latinoamérica, Estados Unidos, India y el sudeste de Asia.

Pero los planes no se frenan en esta lista de iniciativas y operaciones aportadas por el mangement actual ya que desde el Gobierno entienden que IMPSA puede ser un jugador importante en el futuro de las concesiones de las mahyores represas hidroeléctricas que fueron otorgadas a grupos extranjeros en los 80 y que vencen en el 2023.

El planteo oficial es sumar negocios para IMPSA a partir de la actualización de la vida útil de las turbinas, con ampliación en la capacidad de generación que se considera como una caja muy atractiva por los millones de dólares que suponen esas modernizaciones.

Otros funcionarios, con mayores ambiciones, hasta se animan a diagramar la creación de un mega grupo estatal con IMPSA; YPF y IEASA que se haga cargo de las concesiones revirtiendo las privatizaciones diseñadas por el menemismo.

Todo, gracias a que el proceso de reestructuración de su deuda despejó los fantasmas de la quiebra o desguace y también los riesgos financieros vinculados a ciertas cláusulas que podrían haberla llevado a sumarse a la lista de empresas con acreedores que iniciaron juicios contra el país en el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial para los diferendos sobre inversiones entre privados y los estados nacionales.

De este modo, el kirchnerismo versión 2021 también tendrá su "empresa estatal", al estilo de lo que ya ocurrió en los anteriores gobiernos de la familia Kirchner.

La mayor parte ocurrió durante el mandato de Néstor Kirchner (2003-2007) y a partir de la presidencia de CFK, como las AFJP; Aerolíneas Argentinas, que era propiedad del grupo turístico Marsans; y Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez y la española Agbar. ambién el Correo volvió a manos estatales al ser revocada en noviembre de 2003 la concesión otorgada a la empresa SOCMA por incumplimientos de contrato. Otro caso es el de los astilleros Tandanor, que volvieron a manos del Estado en marzo del 2007.

En la mayoría de los casos, se crearon empresas mixtas, con participación privada pero bajo control estatal mayoritaria. Es decir, Aerolíneas Argentinas, YPF, AYSA, son sociedades anónimas y se rigen por las leyes de las empresas privadas. La única diferencia es que su principal accionista es el Estado Nacional.

Otra coincidencia es que en la mayoría de los casos, la Argentina debe enfrentar demandas ante tribunales internacionales en donde, hasta ahora, siempre perdió.