El Gobierno lanza su propio plan para industrializar el uso del cannabis: ¿la soja del futuro?

Se trata de una industria nueva, mirada con recelo a veces pero que de a poco comienza a ganar terreno e interesar a inversores locales e internacionales al prometer buena rentabilidad en el mediano plazo.

Es más, un informe oficial estima que puede llegar a mover u$s4500 millones anuales a partir de la versatilidad de su uso, al punto que ya atrae la atención de pools de siembra; empresarios del sector gastronómico; laboratorios extranjeros y hasta de una importante multinacional de la alimentación.

Se trata del cultivo del cannabis tanto para uso medicinal como industrial en Argentina, que ya ha sido bautizado como "la soja del futuro" por el interés que viene despertando entre inversores de diferentes orígenes.

En este sentido, en la mayoría de las provincias del país existen proyectos de este tipo a partir de un prometedor escenario de negocios con un fuerte potencial de crecimiento.

Un caso testigo es el de Cannava, empresa estatal jujeña creada por el gobernador Gerardo Morales, para el desarrollo de medicamentos a partir del cannabis. También hay emprendimientos públicos similares en Misiones y San Juan; empresas mixtas, como la del gobierno de La Rioja o la Municipalidad de San Pedro en la provincia de Buenos Aires). Y hasta desarrollos enteramente privados como los de la Droguería ABP o Pampa Hemp.

Frente a este contexto, el propio gobierno nacional sentará las bases para regular el futuro de esta "industria" enviando al Congreso un proyecto de ley que pretende marcar las pautas para el desarrollo del cannabis medicinal e industrial.

El vocero de la iniciativa es Matías Kulfas. El ministro de Desarrollo Productivo presentará el proyecto el próximo 24 de mayo en el marco de una reunión convocada por el Consejo Económico y Social (CES) que habitualmente coordina Gustavo Béliz en su rol de Secretario de Estado de Asuntos Estratégicos de la Nación.

Ese día, se conocerán en profundidad los lineamientos de la iniciativa de ley oficial que Kulfas viene trabajando desde hace, por lo menos, un año y cuyos resultados en gran parte se basan en las conclusiones de una investigación realizada por el Consejo para el Cambio Estructural (CCE), que forma parte de la cartera productiva.

De acuerdo al estudio, el mercado del cannabis tiene un potencial de u$s450 millones, dinero que surge de comparar a la Argentina con Canadá donde esta industria alcanza un volumen de negocios de u$x876 millones anuales.

Tras ajustar los parámetros canadienses a población y PBI locales, el informe concluye que en la Argentina el negocio partiría de una base de u$s450 millones que se iría incrementando en el mediano y largo plazo a partir del potencial de desarrollo que presenta.

Esto se debe a que la cadena de valor del cannabis abarca una amplia serie de procesos y actores que van desde el desarrollo de genética en semillas, fitosanitarios, equipamientos, pasando por la producción agrícola, seguida de la cosecha, hasta la transformación de la biomasa según los usos que se le quiera dar, por ejemplo, medicinal, recreativo, industrial.

De hecho, el trabajo del CEE anticipa que "las oportunidades de expansión para esta industria no se limitan al mercado medicinal y recreacional" y estima que el cannabis puede ser utilizado con fines industriales y en horticultura, para fabricar diversos derivados (fibras, cosméticos, papel, materiales para la construcción), así como alimentos, bebidas e infusiones.

De manera adicional, esta industria genera repercusiones indirectas no solo por la compra de insumos y bienes de capital para sus distintas etapas y segmentos, "sino también por la necesidad de contar con servicios de análisis y testeo para garantizar atributos de calidad, trazabilidad, composición y potencia (contenido de THC, principal componente psicoactivo) de la materia prima y derivados, incluyendo genéticas, perfiles de compuestos, detección de contaminantes y/o agroquímicos, y presencia de patógenos".

Teniendo en cuenta estos datos económicos, el proyecto de ley que impulsa el ministro Kulfas pretende dar un marco regulatorio que se conoce como "Desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial".

Con el proyecto, el Gobierno quiere asegurar la normas para el cultivo, procesamiento, transporte, venta y utilización (incluyendo fines de investigación) con variedades producidas que tengan un bajo contenido de THC que no permita el consumo adulto o "recreativo", tomando como ejemplos modelos de otros países más avanzados en la materia como Uruguay, Colombia o Canadá.

El propio Kulfas definió hace unos días el alcance de la ley durante un reportaje radial en el cual aseguró que se trata de una industria en crecimiento y que promete una expansión muy fuerte a nivel internacional. "Además de estar ofreciendo soluciones medicinales a mucha gente que lo necesita y que hasta no hace mucho estaba en la ilegalidad significa desarrollar una nueva industria", agregó el funcionario para quien existen una gran cantidad de productos y subproductos medicinales e industriales vinculados a este sector.

De todos modos, advirtió que se trata de un negocio que requiere de una fuerte regulación "porque es un tipo de industria que tiene algunos aspectos que están legalizados y otros no, entonces requiere un control específico".

Para Kulfas, es una industria que se puede llevar a una nueva escala productiva que va a generar mucho empleo y también exportaciones.

Vale aclarar que este proyecto es independiente de la ley 27.350 de Uso Medicinal del Cannabis que legalizó al autocultivo con ese fin y que se reglamentó el 12 de noviembre del año pasado, estableciendo un registro específico para quienes que cultivan cannabis para fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos.

Prevención y producción

En el nuevo proyecto de ley, se considera cáñamo a las semillas, plantas y sus partes (tallos, hojas, sumidades floridas, raíces) de la especie cannabis sativa L., así como sus extractos y productos, que contengan hasta el límite máximo de 1.0% en concentración del componente químico delta9 tetrahidrocannabinol (THC).

En su artículo 3 sobre Producción Pública, se informa que la autoridad de aplicación designada por el Poder Ejecutivo Nacional, dispondrá acciones conducentes para la industrialización del cáñamo en cantidades suficientes para su exclusivo uso medicinal, terapéutico y de investigación.

Además, el Estado asumirá el control de toda la cadena productiva del cáñamo, almacenamiento, comercialización y distribución; pudiendo autorizar el cultivo por parte del Conicet e INTA con fines de investigación y producción médica y/o científica. En todos los casos, se priorizará y fomentará la producción a través de los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP.

La norma también estipula una serie de principios rectores:

• Propiciar el más alto nivel de salud y bienestar social, procurando acciones tendientes a prevenir, curar y dar tratamiento paliativo a enfermedades con la medicación acorde, propiciando la disponibilidad de esta última para garantizar un acceso inclusivo e igualitario.
• Promover la producción nacional de medicamentos y tratamientos efectivos para las afecciones existentes.
• Proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico buscando, mediante la intervención del Estado, prevenir y atacar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, así como reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado.

Además, plantea funciones específicas para generar las normas y procedimientos necesarios a los fines de autorizar la importación de semillas de cáñamo, así como habilitar la inscripción, el registro, la certificación y la fiscalización de semillas de origen nacional y extranjero.

Del mismo modo, se deberán impulsar programas de capacitación técnica, científica y profesional relativos al cultivo y a la industria del cáñamo; diseñar las pautas de cultivo, a partir de su articulación con el Conicet y el INTA, e implementar los mecanismos de control y fiscalización que garanticen las buenas prácticas de producción agrícola, de sustentabilidad y respeto por el ambiente, así como el cumplimiento del límite máximo de contenido de THC.

Entre las prohibiciones, el proyecto de ley impide la plantación, cultivo, cosecha y comercialización de cualquier planta de la que puedan extraerse estupefacientes y otras sustancias que determinen dependencia física o psíquica, salvo que se realicen con exclusivos fines de investigación científica o para la elaboración de productos terapéuticos de utilización médica.

"Debido a la notable eficacia de la sustancia de cáñamo para el tratamiento de diversas afecciones en torno a la salud, resulta propicio avanzar en la producción nacional del medicamento para proveer a la ciudadanía argentina de un acceso a la salud igualitario e inclusivo, garantizando accesibilidad a este tipo de tratamiento", estipula el proyecto en sus fundamentos.

También se enumeran los usos potencialmente beneficiosos de esta sustancia, que pueden verse en muchas enfermedades, debido a que casi todos los órganos y sistemas tienen sitios para que pueda ejercer su efecto por la acción de los principios activos de la planta, "conociendo los efectos beneficiosos sobre la salud, se comprende su uso medicinal como anti-inflamatorio, analgésico, protector y reparador del tejido nervioso, anticonvulsivante, relajante muscular, estimulante del apetito, ansiolítico, Inductor del sueño y preventivo de la recaída y del síndrome de abstinencia, entre otros".

Otros beneficios que destaca el proyecto de ley es la respuesta positiva contra enfermedades como la epilepsia, parkinson, alzheimer, esclerosis múltiple, síndrome de G. Tourette, autismo, enfermedad de Crohn y otras dolencias intestinales inflamatorias, náuseas, vómitos, psoriaris, dolor crónico, VIH-SIDA y estadios terminales.