La salida de un grupo concesionario genera incertidumbre sobre el futuro del puerto porteño
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A partir de este sábado 14 de mayo, la actividad en el puerto de Buenos Aires podría ingresar en un terreno de incertidumbre a partir de la posible salida de una de los tres grupos que se reparten la concesión de las zonas operativas de la terminal marítima porteña.
Desde ese día, Bactssa, cuyo principal accionista es Hutchinson Port debería dejar de operar la Terminal 5, siempre que se tengan en cuenta los argumentos de la Administración General de Puertos (AGP), que entiende que el grupo debe finalizar su contrato.
El organismo que dirige José Beni sostiene que el plazo del contrato está agotado debido a que el concesionario se había adjudicado una segunda licitación en el 2015, y también había logrado una prórroga (contemplada en el contrato) que ya no tiene más plazos para extenderse.
A diferencia de la interpretación que se hace sobre Bactssa, las otras dos operadoras del puerto porteño tienen un año más de concesión.
Se trata de Terminales Río de la Plata (TRP), que controla las zonas 1,2 y 3 y tiene como accionistas a Dubai Ports Word (Emiratos Árabes), y al grupo local Román. Y de la sociedad APM, operada por Maersk y que tiene a su cargo la Terminal 4 (T4).
De hecho, la AGP tiene un acuerdo firmado con ambos grupos para que se hagan cargo de las operaciones que Bactssa debería dejar y de una parte de los 800 trabajadores que quedarían en la calle con el cierre de Terminal 5.
Sin embargo, la concesionaria viene peleando por su continuidad, encararon un juicio contra el Estado con el objetivo de obtener un fallo favorable a su postura de que se les permita mantener las actividades hasta el mismo plazo en el que vencerán las otras dos concesiones.
Es decir, hasta el 15 de mayo del 2022, cuando el Gobierno debería tener finalizada la licitación de las concesiones que otorgará el control del puerto a dos grupos y no a tres, tal como ya anticiparon las propias autoridades.
Es por eso que el escenario no está tan claro como sostienen desde la AGP, ya que la mayoría de los gremios portuarios también rechazan la salida de Bactssa y advierten que el convenio entre las otras dos terminales y el Gobierno por el personal no impedirá el despido de cientos de trabajadores.
A esta movilización sindical se le suma un reciente fallo judicial que, en cierta forma, respalda la postura de los concesionarios de Terminal 5 y acaba de ser informado por la Sala IV de la Cámara Contensioso Administrativo Federal en la causa CAF 12823/2020 Buenos Aires Container Terminal Services S.A c/ En-M Transporte de la Nación y Otros s/Contrato Administrativo.
El fallo revoca una sentencia anterior que el grupo había denunciado "el accionar ilegítimo e irregular así como una serie de incumplimientos" en que habrían incurrido la AGP y el Ministerio de Transporte de la Nación, en el marco de su contrato de concesión.
En razón de dichas anomalías y de los daños que —según alegó— se derivaron de tal proceder, solicitó que se habilitara la continuidad del contrato hasta el 31 de mayo de 2022, "tal como le ha sido otorgado a las demás terminales portuarias".
En este marco procesal, y a raíz de la ocurrencia de diversos "hechos nuevos" que consideró demostrativos de las irregularidades apuntadas, la Cámara asegura que "Bactssa amplió su pretensión inicial y requirió el otorgamiento de una medida cautelar que ordene a la AGP suspender la celebración del inventario y constatación del estado de obras en los términos del art. 68.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitación Pública No 24/15 para la concesión de la citada Terminal No 5, y del inciso b, del Acta Acuerdo de Prórroga del Plazo".
También pidió que el ente se abstuviera de imponerle "cualquier medida y/o sanción estipulada en el contrato de concesión o en los respectivos pliegos o normas complementarias, por la referida suspensión del inventario y constatación de obras".
Según la Cámara el juzgado soslayó injustificadamente los argumentos que había expuesto sobre que las otras terminales tenían la obligación legal de mantener operativo el Puerto de Buenos Aires; que en su resolución 120/2020 —que aprobó la extensión del plazo de concesión de las otras operadoras—, el Ministerio de Transporte había reconocido la necesidad de mantener las condiciones operativas de todos los muelles del puerto, hasta la celebración del nuevo procedimiento licitatorio. También que las prórrogas conferidas a TRP y a Terminal 4 no eran asimilables a la ampliación de plazo que se le había otorgado a su parte, "pues ésta última era una opción expresamente prevista en el contrato de concesión, mientras que aquéllas constituían una prórroga extraordinaria en los términos de las normas vigentes de contratación del Estado Nacional"; además de que la ampliación requerida conjugaba con el "aumento de contrato".
A esto se agregaba que esa decisión no lesionaba al Estado Nacional en la medida en que le garantizaba mantener más de 1000 puestos de trabajo; percibir el monto asegurado de tasas a las cargas que la AGP cobraba de forma mensual y que representaba un monto anual de más de u$s15 millones.
Aseguraba también que no era cierto lo afirmado por AGP en cuanto a que podía garantizar el adecuado funcionamiento del puerto sin el otorgamiento de la prórroga requerida pues, en tal caso, Bactssa debería retirar todo el equipamiento (máquinas, grúas) de su exclusiva propiedad, sin que la AGP pudiera, por sí o mediante las demás terminales, operar en el muelle de manera automática.
Así, mientras administrativamente el concesionario cumple con su contrato e informa sobre el inventario de los bienes tal como exige el artículo 68.3 del pliego 24/15, por otro lado intentó en sede judicial una extensión del mismo. En este sentido, la Cámara tiene en cuenta lo sostenido por la AGP cuando acordó la extensión de las otras concesiones el 15 de mayo del 2020 lo hizo para poder llevar a cabo una transición controlada y debidamente organizada entre la actual concesionaria y el futuro adjudicatario, sin alterar el normal desenvolvimiento de las operaciones.
Esta medida, dice el fallo, "autoriza suponer la creencia válida en la empresa actora de que tenía un derecho o una expectativa legítima a presumir, como corolario lógico de lo ocurrido, que la realización del inventario y constatación del estado de las obras previsto en el art. 68.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitación Pública No 24/15, y en el inciso b, del Acta Acuerdo de Prórroga del Plazo no se llevaría a cabo; y, en caso contrario, a cuestionar tal proceder".
Trascendencia y gravedad
Para los jueces, lo expuesto permite concluir que el derecho que invocó Bactssa resultó prima facie verosímil para solicitar el otorgamiento de la cautela en examen. Por lo tanto, procede señalar que la presencia en el caso de un perjuicio grave de imposible —o muy difícil— reparación ulterior puede entenderse si se tienen en cuenta la consecuencias mediatas e inmediatas que normalmente se derivarían de la extinción del vínculo contractual en las especiales circunstancias expuestas.
Máxime, cuando no existe controversia entre las partes en cuanto a que la concesión concluiría el próximo 15 de mayo, con el consecuente peligro que la demora en resolver traería aparejado.
Los magistrados Marcelo Duffy; Jorge Moran y Rogelio Vincenti recuerdan también, por su magnitud, trascendencia y gravedad, las manifestaciones llevadas a cabo en el pleito por el cuerpo de delegados de la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires y el personal fuera de convenio que advierten sobre los efectos (altamente perjudiciales) del proceder administrativo que derivarían en precarización laboral y despidos para un conglomerado de más de 1.000 obreros.
En virtud de todo lo expuesto, el fallo hace lugar parcialmente al recurso de apelación de Bactssa; revoca la sentencia de primera instancia y le ordena a la AGP a suspender la celebración del inventario y constatación del estado de obras con la alegada suscripción "en forma espuria y a contramano de la voluntad de los trabajadores", de un "acuerdo fraudulento" celebrado a sus espaldas entre las cúpulas sindicales de las terminales TRP y T4 y la AGP que habría sido denunciado ante la autoridad ministerial correspondiente.
Queda claro entonces que lejos de resolverse, el conflicto en el puerto porteño podría agravarse a partir de la semana próxima según la postura que adopte la AGP con relación al futuro del contrato de Bactssa.
En el sector se cuestionan las indefiniciones sobre la situación del holding que tiene como mayor accionista a Hutchison Ports, división de servicios portuarios de CK Hutchison Holdings Limited, considerado uno de los principales inversores, desarrolladores y operadores portuarios del mundo con una red en 52 puertos de 27 países de Asia, Oriente Medio, África, Europa, América y Australasia.
Desde el sector se advierte que la situación de la futura licitación queda condicionada por la resolución del problema con Bactssa y frena inversiones de operadores internacionales que, de quedar fuera de actividad la concesionaria de la Terminal 5, desecharán la opción de Argentina como lugar de nuevos proyectos en infraestructura portuaria.
Denuncian además que la salida de Bactssa podría causar un prejuicio directo al gobierno nacional a partir de la pérdida de ingresos garantizados en los procesos licitatorio con el tema de las tasas de las cargas que representan un monto aproximado de u$s10 millones.
De esta forma, el ya conflictivo escenario portuario porteño suma nuevos condimentos a la dura coyuntura económica que atraviesan las actividades de la zona, con una caída de hasta un 30% en los volúmenes y con un futuro incierto en cuanto a las inversiones de la magnitud que necesita la zona.