Las subas de la luz y el gas abren una grieta en el Gobierno pero Alberto ya definió el futuro de las tarifas

Las tarifas de electricidad y gas abrieron una grieta en el seno del Gobierno entre sectores que pretenden sincerar el precio de ambos servicios y los que sostienen la necesidad de mantener el congelamiento por lo menos durante todo lo que resta del año.

El final de la disputa se conocerá entre el 15 y el 30 de marzo próximos, fechas establecidas para que se lleven a cabo las audiencias públicas en las que se debatirán los incrementos tarifarios del gas y la electricidad respectivamente.

En este marco, el sector que impulsa retoques a las facturas se encuentra el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien es más adepto a segmentar las facturas de gas y electricidad en función de la capacidad económica de cada usuario para evitar que se siga acentuando el atraso tarifario y el gasto que el Estado Nacional debe destinar para sostener ese retraso.

En la vereda de enfrente se encuentran la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y los funcionarios que le son fieles. Todos defienden la continuidad del congelamiento o, en su defecto, avalan la posibilidad de retoques mínimos que no superen el 9% para los próximos meses.

El ministro Guzmán sabe que para sostener es política tarifaria K durante este año los fondos aprobados en el Presupuesto Nacional no alcanzan y asegura que se necesitan algo más de $120.000 millones para cumplir con esa premisa en un reparto casi equitativo entre el sector de gas y el de la electricidad.

El mensaje al resto del gabinete y al propio presidente Alberto Fernández lo envió a través de un informe técnico sobre las tarifas del gas elaborado por la Secretaría de Energía.

En ese documento se sostiene que se deberían gastar $58.000 millones más en subsidios para sostener el costo del gas que esté a cargo del Estado y que se traslada a la factura de los usuarios.

Según el informe técnico, el Estado asume actualmente el 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda. La continuidad de esta situación implica un costo fiscal para este año de $132.963 millones y determinaría una necesidad de partidas adicionales no previstas en el Presupuesto.

Esto generaría un faltante de $56.087 millones, lo que requeriría de mayores ingresos fiscales o de una reestructuración presupuestaria que derive fondos asignados a otras erogaciones.

Si el dinero no aparece habría que readecuar la proporción de ese costo y las tarifas deberían aumentar entre el 26 % y el 35 % para el caso de dos ejemplos para consumos mensuales de los meses de marzo y julio respectivamente.

Lo mismo ocurre con las tarifas de la electricidad teniendo en cuenta un documento interno de la Subsecretaría de Energía Eléctrica que propone entregar de manera directa $60.000 millones a Edenor y Edesur para que las distribuidoras equilibren sus finanzas sin tener la necesidad de subir sus cuadros tarifarios.

Sin margen

Luego del discurso presidencial de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso quedó claro que la disputa la van a ganar quienes quieren seguir pisando las tarifas, por lo menos hasta fin de año y teniendo en cuenta los objetivos inflacionarios del Gobierno de cara a las elecciones de medio término de octubre próximo.

No hay margen, dicen, para incrementar el mal humor social con aumentos "desmedidos" de las tarifas en un contexto de recesión económica, alta inflación y descontento social con las políticas del Gobierno que se vio exacerbado por el vacunatorio vip del Ministerio de Salud.

Cristina Kirchner y los funcionarios que le son fieles defienden la continuidad del congelamiento

En este marco, Alberto Fernández dijo en su discurso en el Congreso que enviará un proyecto de ley para declarar la emergencia de los servicios públicos, desdolarizar las tarifas y "adecuarlas a una economía que tiene sus ingresos en pesos".

El Presidente, al hablar ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo pasado, anticipó el envío de ese proyecto de ley para cumplir con esos objetivos, aunque aclaró que lo hará bajo la premisa de "preservar la sustentabilidad macroeconómica, prevista en el Presupuesto 2021".

Sus palabras reflejan una solución casi salomónica para las propuestas de ambos sectores del Gobierno al entenderse que habrá más partidas para seguir subsidiando las tarifas pero que irán destinadas a los consumidores de menores recursos y no a todo el sistema.

De hecho, en su discurso Fernández reconoció la necesidad de regularizar el sistema tarifario, pero con la consigna de que las tarifas "deben corresponderse con las necesidades y las capacidades de pago de nuestra gente".

Por eso anticipó que el proceso de negociación con las empresas del sector que se abrió a partir de enero pasado será largo y buscará la conformación de un nuevo cuadro tarifario "diferencial".

Con esa premisa, el proyecto de ley oficial contemplaría pesificar los contratos firmados durante el anterior gobierno de Mauricio Macri para abaratar el costo de la generación de energía y así reducir subsidios.

También dará las pautas para segmentar las tarifas residenciales de gas y electricidad en función de la capacidad adquisitiva de cada usuario.

Tal como hace unos días anticipó el portal especializado ecojournal.com, el Gobierno busca separar a los usuarios en tres grandes grupos: un 20% de alto poder adquisitivo que pagaría la energía sin subsidio; un 40% de ingreso medio que pagaría hasta el 80% del costo de la energía y otro 40% que pagaría hasta un 60% del cuadro tarifario aplicado al primer grupo.

Pero este nuevo esquema no se pondrá en marcha de manera inmediata sino que se irá puliendo y negociando con las empresas del sector. Mientras tanto, habrá incrementos menores que no será definidos por el área económica del Gobierno sino por el humor de los técnicos del Instituto Patria y de la Vicepresidenta, tal como ha venido ocurriendo hasta ahora.

Entienden que es mejor pensar en tarifas de transición mientras se abre el proceso de negociación con las distribuidoras que puede llegar a extenderse por los próximos dos años, como mínimo.

Estas negociaciones van a reemplazar a las que las mismas empresas ya habían llevado a cabo con Macri y cuyos cuadros tarifarios deberían haberse puesto en marcha a partir de fines del año pasado.

El acuerdo que el ex presidente había firmado permitía, según las autoridades actuales, retoques de hasta un 150% en las facturas de luz y gas. Para el actual Gobierno se trata de contratos "injustos, irrazonables, sin transparencia, que iban a provocar graves problemas en la gente y en las pymes".

Por eso, el primer paso será anunciar en las próximas audiencias tarifas de transición que no superen el 9%, lejos de los reclamos de las empresas del sector que sostienen la necesidad de aumentos de hasta el 100% teniendo en cuenta el nivel de inflación y de suba de costos acumulados en estos últimos dos años que ya lleva el congelamiento.

"Los aumentos estarán en línea con los los postulados presidenciales para que haya tarifas justas, razonables y se puedan pagar con equidad distributiva", remarcan las fuentes oficiales consultadas por iProfesional.

Para una segunda etapa quedarán las tarifas segmentadas, tal como postula el Presidente. Ocurre que el esquema es de compleja aplicación y llevará su tiempo porque precisa de modernizar los mecanismos de medición del uso del gas y la energía que en la actualidad no existen.

Por ejemplo, se debe establecer una política georeferencia y ubicación de los usuarios, cruzando bases de datos con la Anses y Afip e identificando la categoría de cada usuario.

Además, se pueden generar inequidades a la hora del cobro ya que un cliente residencial de una categoría determinada según su consumo puede tener bajos recursos pero residir en un edificio catalogado como Premium en un barrio de altos o medios ingresos como Palermo o Belgrano.

También se puede dar el ejemplo a la inversa, con un usuario de ingresos acomodados que viva en un edificio de clase baja en Fuerte Apache. O de un docente o jubilado que ocupe un departamento en Puerto Madero.

"En el mejor de los casos, podríamos implementarlo dentro de un año, es decir, en 2022", concluyeron las fuentes.