Cristóbal López, más cerca de recuperar el control de sus pool de empresas
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Mientras mantiene su "cruzada" legal contra Mauricio Macri por el supuesto protagonismo del ex presidente en la quiebra de Indalo, Cristóbal López estaría a punto de recuperar el control del grupo que fundó en 1999 junto a su socio, Fabián De Sousa.
Ambos empresarios denunciaron penalmente a Macri por considerarlo responsable de la quiebra del holding que, entre otras compañías, tuvo bajo su paraguas las operaciones de Oil Combustibles (OCSA).
La petrolera también fue declarada en quiebra en mayo del 2018, mientras ambos empresarios pasaban sus días en las cárceles bonaerenses de Ezeiza y Marcos Paz, en el marco del proceso judicial abierto para investigar una supuesta defraudación al Estado y desviación de fondos cercanos a los $8000 millones que había presentado la AFIP durante el anterior gobierno de Cambiemos.
Más allá de que todas las causas que involucran a López y De Sousa y a su holding siguen sus respectivos cursos procesales, así como también lo hace la investigación contra Macri, el Grupo Indalo podría empezar a volver bajo el control de ambos empresarios a partir de los primeros días de marzo próximo.
La solicitud
Por lo pronto ya hay un pedido del abogado que los representa ante la justicia comercial para que se levante la quiebra de Indalo y se inicie un procedimiento llamado avenimiento que permitiría cancelar la deuda total del grupo y, de ese modo, abrir el camino para el regreso de sus fundadores.
Así consta en un pedido que Eduardo Favier Dubois, en su carácter de apoderado de Oil Combustibles envía el 30 de diciembre del año pasado al Juzgado Comercial 5 a cargo de Valeria Pérez Casado, que entiende en el proceso de quiebra de OCSA.
En ese escrito y a pedido de la AFIP, el abogado informa sobre el estado de avance de las gestiones llevadas a cabo con el resto de los acreedores para lograr el avenimiento y pide la formación de un incidente separado para atender a las presentaciones vinculadas al trámite de la conclusión de la quiebra.
También reclamó información sobre el estado de la solicitud que presentó para que el organismo tributario diera su conformidad para que el grupo se adhiera a la moratoria y sobre el vencimiento del plazo para recibir la respuesta. Además, acreditó las conformidades de los acreedores no fiscales firmadas hasta el presente.
Con respecto a los trámites iniciados en la AFIP, Favier Dubois asegura que OCSA "ha cumplido con los requisitos para adherir a la moratoria fiscal 2020 de la ley 27.541 y su ampliatoria 27.562, reglamentada por la RG Nº 4816/2020 y solicitar la conformidad fiscal con el avenimiento, conforme a lo normado por los arts. 50 incisos a, b, c y d y 51".
Ante este escenario, el abogado agrega que el organismo tributario informó haber recibido las presentaciones requeridas por la ley para adherir y para solicitar la conformidad con el avenimiento y que la solicitud se encuentra en análisis bajo el cumplimiento de los recaudos previstos en la reglamentación y de la regularización de todos los conceptos y montos que componen la pretensión fiscal susceptibles de ser incorporados.
La AFIP también consideró que, en razón de la reciente designación de nuevas autoridades en OCSA, es menester que el directorio elegido ratifique la solicitud de conformidad.
En este sentido, el abogado de los fundadores de Indalo entiende que, al tener en cuenta las presentaciones del grupo y lo informado por la AFIP, debe considerarse al 10 de diciembre de 2020 como la fecha en la cual se terminó de efectuar el acogimiento al régimen de regularización de la moratoria y, por ende, que el plazo de 90 días corridos para lograr la conclusión de la quiebra vence el día 10 de marzo próximo.
Avance de negociaciones
Para reforzar este contexto, agrega una serie de documentos en los cuales se observa el grado de avance de las negociaciones con el resto de los acreedores no fiscales, en virtud del plazo que prevé la justicia para arribar al avenimiento.
"Mi representada se encuentra negociando desde hace meses con todos los acreedores para requerir su conformidad a los fines de la conclusión de la presente quiebra por avenimiento. Desde la manifestación de la voluntad expresada por OCSA para concluir su quiebra, se han llevado incesantes gestiones para obtener la conformidad del resto de los acreedores", asegura Favier Dubois.
Acompaña sus dichos con 132 expedientes que contienen la conformidad de esa cantidad de acreedores a la propuesta de Cristóbal López y Fabián De Sousa
"Como puede observarse, la fallida ha logrado acreditarla obtención de un amplio universo de conformidades, incluyendo ambos gremios representantes de los extrabajadores de OCSA (Sindicato de Petroleros Privados y SUPEH); empresas petroleras nacionales e internacionales; compañías proveedoras de biocombustible; operadores de estaciones de servicio; empresas proveedoras de servicios de salud; compañías transportistas y proveedores de servicios e insumos,entre otros. Adicionalmente, mi representada hace saber que ha logrado otras conformidades(alrededor de 100), que se encuentran demoradas en su trámite de certificación de firmas y, en el caso de acreedores que son "personas jurídicas", la formalización de sus aprobaciones internas corporativas(algunas en el extranjero), en razón de las fiestas y del comienzo de las vacaciones", agrega el abogado en su escrito. Recuerda también que la actividad notarial ha sufrido una paralización parcial o total de sus actividades durante el aislamiento social preventivo y obligatorio como resultado de la propagación del Covid-19, que ha resultado en una carga de trabajo adicional en la mayoría de las escribanías.
Detalla además que se mantienen las negociaciones con el resto de los acreedores, a fin de obtener y presentar las conformidades faltantes durante este mes de febrero de modo de lograr la conclusión de la quiebra antes de la fecha de vencimiento del plazo fiscal.
El informe de Favier Dubois finaliza con el pedido para que se forme un incidente separado sobre la conclusión de la quiebra por avenimiento en función del gran volumen de documentación que acompaña el actual proceso concursal y por lo que considera "un constante movimiento, complejidad y diversidad de las presentaciones existentes en el expediente principal". El objetivo sería el de no obstaculizar las actuaciones ni demorar el trámite de conclusión de la quiebra.
Es decir, ambos empresarios intentarán durante este mes finalizar con las adhesiones de la totalidad de los acreedores no fiscales y llegar al 10 de marzo próximo con un fuerte aval para ingresar a la moratoria tributaria y, de ese modo, poder levantar la quiebra y reasumir el control de todas las operaciones de las empresas que forman el Grupo Indalo, especialmente Oil Combustibles.
De manera paralela continuarán con la batalla judicial para probar que la quiebra del holding fue producto de una maniobra política encabezada por el ex presidente Macri y por ciertos sectores judiciales afines a Cambiembos.
De hecho, una vez que logren el objetivo, ambos empresarios pretenden determinar los responsables de que la misma haya llegado a dicha situación, entendiendo que los fallos en los cuales se asegura que hubo un procedimiento "fraudulente y ruinoso" de parte de los accionistas de OCSA forma parte de la avanzada legal macrista.
Pedido de apertura de prueba
Para los abogados de López y De Sousa, la conclusión a la que llega ese juzgado se basa en un fallo de primera instancia que firma el juez Javier Cosentino el último día que estuvo en el Juzgado Comercial 5, ya que siempre fue subrogante, y que establece la fecha de cesación de pagos junto con el inicio de operaciones de la empresa que respaldó de pleno derecho, o sea sin prueba alguna.
Tanto los empresarios como los síndicos de la quiebra habían pedido la apertura a prueba ( informes económicos financieros), para la determinación de la época exacta de la cesación de pagos, cosa que Cosentino no autorizó.
Las fuentes legales entienden que es la primera vez en la historia comercial que la época de cesación de pagos se establece de pleno derecho y sin apertura de prueba y por eso explican que el fallo se apeló a la Cámara de Apelaciones en donde la fiscal estableció que se trataba de una arbitrariedad, por lo que pidió la revocación del fallo y la apertura a pruebas.
En tanto que la Sala D del fuero comercial ratificó el fallo considerado ilegal y arbitrario del juez Cosentino por lo que las fuentes legales cercanas a ambos empresarios aseguran que todos los actos que ha tomado esa sala comercial, ratificando los fallos del juez puesto a dedo, han sido contrarias a la ley, entre ellos los de validar el proceso de crowm down ilegal que determinó Cosentino. También que los liquidadores (abogados) podían y tenían apritudes para valuar los bienes a vender, y por ello la valuaron al 10% de la oferta que la compañía tenía a principios de 2017. Los abogados entienden que la ley establece un proceso de profesionales habilitados para este trabajo, contadores y bancos de inversión.
"Todo lo que han hecho es ilegal, y a diferencia de lo penal, que deben validarlo en un juicio oral, acá lo que escriben pasa. En lo penal, nada de lo que han dicho, han podido respaldar con la pruebas de todo tipo que se acumulan en el juicio oral", recalcan las fuentes judiciales cercanas a los fundadores de Indalo.