Revés para Cablevisión: juzgado ordenó retrotraer precios a diciembre de 2020

La operadora de TV paga Cablevisión sufrió un fallo adverso en relación a aumentos de tarifas de sus servicios, por lo que deberá retrotraer sus precios a niveles anteriores.

El Juzgado Civil y Comercial N°10 de Mar del Plata, a cargo de la jueza Mariana Lucía Tonto de Bessone, admitió una medida cautelar innovativa contra Cablevisión, mediante la cual ordenó que retrotraigan el valor de sus servicios de radiodifusión por suscripción, acceso a internet, telefonía fija y comunicaciones móviles a los precios vigentes en diciembre de 2020.

De hecho, la compañía podrá adicionar como máximo un aumento de 5%, que fue el habilitado por el Gobierno nacional.

La magistrada explica, en primer lugar, que "en cuanto a la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procura mediante la acción deducida, se advierte que nos encontramos frente a derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos".

Por otra parte, agrega que quien inicia la acción "se encuentran legitimados para la defensa de los derechos aquí esgrimidos, el Defensor del Pueblo, las asociaciones que concentran los intereses colectivos y, en su caso, el afectado".

El fallo también hace referencia a la Resolución 1466/20 dictada por ENACOM el 21 de diciembre, cuando se habilita una suba de sólo el 5% a partir de enero. "Sin embargo, debido a operatorias administrativas de algunas empresas, que procedieron a emitir facturaciones previamente a lo establecido por resolución, comunicaron incrementos superiores a los autorizados por el ente regulador", indicaron desde el organismo.

La magistrada resolvió hacer lugar a la medida cautelar para retrotraer los precios por los servicios mencionados a diciembre de 2020 (con la facultad de un incremento no superior al 5%) y ordenar la inscripción de la presenta acción ante el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia.

Según el ENACOM, hay millones de usuarios afectados por aumentos realizados de manera arbitraria por compañías de telecomunicaciones, cuando deberían haber esperado una autorización previa del Gobierno.

Nuevos aumentos: llegan días de definición

La semana próxima es posible que comiencen a haber definiciones sobre cómo continuarán los aumentos de los precios de los servicios de telecomunicaciones. Después de haberse autorizado el  5% de incremento para la telefonía fija y móvil, internet y la televisión paga, el próximo paso será un análisis de cada una de las prestaciones e, inclusive, de la situación de cada uno de los actores de la industria, compuesta por grandes jugadores, como Telecom, Claro y Telefónica, pymes  y cooperativas para evaluar aumentos en unos y otros casos.

Así lo pudo saber iProfesional de altas fuentes involucradas en las negociaciones que dieron a entender que el esquema que se seguirá posiblemente no repita lo que ocurrió con el aumento autorizado de enero. Sin embargo, a esta altura nadie se atreve a dar precisiones por cuanto las conversaciones son más o menos delicadas y están cargadas de más o menos tensión según de qué actor se trate.

Las empresas de todos los tamaños coinciden en que no es posible operar con eficiencia con aumentos de precios tan bajos

La intervención del Gobierno en los precios de los servicios de telecomunicaciones tiene exasperados a los distintos jugadores del sector. Como pocas veces, todos coinciden en el daño que provoca un aumento tan bajo autorizado para enero luego de un 2020 en el que los precios estuvieron congelados y los costos subieron por encima del 30% entre el aumento del dólar y la inflación. Esta situación, señalaron en divesas oportunidades, genera inconvenientes en la ecuación económica de las empresas que, de este modo, pierden capacidad de  reinversión.

Esto, en un contexto en donde, por las situaciones restrictivas que genera la pandemia –y en un escenario donde ya se advierte sobre un rebrote importante de los contagios de covid- las telecomunicaciones son la vía para mantener operativas distintas actividades a través de la conectividad y de manera virtual. El teletrabajo es, apenas, un ejemplo de ello. La virtualización y la automatización de los procesos de negocios también exigen de buena conectividad para ser eficientes.

Marcha atrás

Antes de que se conocieron las alzas permitidas para enero, algunas operadoras de telecomunicaciones habían comenzado a comunicar a parte de sus clientes que en enero los aumentos se ubicarían en torno al 20% en promedio. De hecho, muchas de esas facturas llegaron a los domicilios con esos incrementos no autorizados.

Si bien el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a cargo de las negociaciones vinculadas con estos aumentos, estableció mecanismos para reclamar para muchos clientes resulta más engorroso solicitar una nueva facturación que acceder al crédito que se habilita para el próximo período y, obtener así, un descuento.

El objetivo de los distintos operadores de telecomunicaciones consistía en lograr un ajuste de los precios de los servicios que, si no era posible ajustar en un 20% en enero, avanzara en un esquema paulatino pero ya claro al finalizar 2020.

Una de las ideas que se manejaba en el sector era acceder a un alza de 8% o 9% en enero, un porcentaje un poco menor en febrero, en torno al 4% o 5%, y luego otro 8% o 9% en marzo como modo de alcanzar ese 20% o un poquito más en el primer trimestre y, así, enfrentar las inversiones necesarias a las que se verán obligadas las empresas porque las demandas de conectividad continúan creciendo en distintos puntos del país.

Las pyme y cooperativas encendieron alertas por la supervivencia de ese segmento

De ahí el malestar cuando se confirmó que el presidente Alberto Fernández autorizaría un incremento de sólo 5% para enero, que alcanzó al 8% a los prestadores más pequeños. Algunas compañías protestaron porque no se entiende que, mientras los combustibles vienen aumentando de manera sostenida a lo largo de los meses con el impacto que provoca en la economía en general, no se tenga una mirada en sentido similar con las telecomunicaciones.

Pretensiones de incrementos

Hasta el último día del año el Gobierno estuvo emitiendo resoluciones vinculadas con el mercado de las telecomunicaciones. En una de ellas, las 1466, que refrendó ese aumento, estableció en su artículo 2 que "cualquier pretensión particular de incremento de un porcentaje superior a los establecidos en el artículo 1° deberá solicitarse con carácter excepcional y fundarse debidamente a a través de documentación fehaciente…"

Este texto motivó que el 30 de diciembre pasado las cooperativas nucleadas en distintas cámaras, como CATEL, COLSECOR, FEDECOBA y FECOSUR mantuvieran una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a quien expusieron la "delicada" situación del sector.

Previo a ello, la Cámara Argentina de Internet (CABASE) advirtió que los aumentos autorizados en diciembre "son una sentencia de muerte para las pymes y cooperativas del sector y constituyen el producto del absoluto desconocimiento que tiene el Gobierno de la estructura de costos de estos operadores, así como de la realidad en la que se desenvuelven los más de 1.200 prestadores pymes y cooperativas que hay en nuestro país".

Los pronunciamientos de los distintos sectores fueron ásperos. De ahí que las conversaciones que se encaran en estos días resultan cruciales para encontrar un punto en común que permita a las empresas continuar operando con salud, que los usuarios sigan recibiendo servicios con parámetros de calidad acorde a las crecientes necesidades de conectividad y que, así, se promuevan ambientes de negocios más amables que permitan la inversión. Las decisiones de inversión, tanto las más chicas como las más grandes, vienen postergadas.