Tarifas y precios, la impensada grieta que se profundiza entre Alberto y CFK
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Hasta fines de noviembre, la Task Force creada por el Gobierno para marcar el sendero de precios y servicios durante el año próximo había aceitado su mecanismo y definido el cronograma de descongelamiento que se debería poner en marcha a partir del primer mes del 2021.
Poco menos de un mes después, toda la estrategia se puso en revisión y ya nada será lo que en un principio se había definido para terminar con los habituales cepos que el Gobierno suele utilizar para mantener controlados los precios de miles de alimentos y de todos los servicios públicos.
En un principio, el grupo de funcionarios a cargo de analizar esta política para el año próximo había definido aumentos de tarifas segmentados según los ingresos de los clientes de las empresas distribuidoras de luz y gas que se iban a poner en marcha desde enero próximo y de manera paulatina.
Se hablaba de mantener los subsidios a los sectores de menores recursos y jubilados y de aplicar tarifas diferenciales según el poder adquisitivo del usuario que iban del 20% a más del 50% a partir de enero.
También se había llegado a un acuerdo con las empresas de telecomunicaciones para permitirles subas de hasta un 15% repartido en tres veces de 5% durante el primer trimestre del 2021 a cambio del lanzamiento de un paquete de servicios universal y más económico que los que hoy ofrecen las compañías de internet; telefonía celular y televisión por cable.
En el caso de los alimentos, el objetivo es seguir desarmando Precios Máximos trasladando la mayoría de los productos de primera línea a Precios Cuidados como una forma de permitir aumentos acotados, a partir de febrero próximo pero de manera gradual.
Es decir, se había optado por poner en marcha una política de desarticulación de los cepos tarifarios y de precios al estilo del camino que también seguirán las estrategias de ayuda y de subsidios a las personas y a las empresas afectadas por la crisis, como los programas de ATP y el IFE, entre otros.
La fórmula había sido consensuada por un pequeño grupo de funcionarios entre los que se encuentran los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, además de representantes de varios organismos a cargo de ambos funcionarios como las secretarías de Energía y de Comercio Interior que dirigen Daniel Martínez y Paula Español, respectivamente.
Para ese grupo de funcionarios, el descongelamiento era posible gracias a que había quedado atrás lo peor de la crisis económica que fue provocada por .la pandemia del Covid-19 y las medidas sanitarias para combatir el virus.
Estimaban que los niveles de operación de la mayoría de los sectores productivos se están recuperando y en algunos casos hasta creciendo más que antes de la llegada del coronavirus.
Los "fantasmas" que cambiaron el rumbo
¿Qué pasó en el medio para que las autoridades nacionales ahora pongan en dudas todo el trabajo que viene realizado este equipo multidisciplinario del Gobierno formado por varios ministros y funcionarios de segunda línea?
La respuesta se debe buscar en tres factores que rondan como "fantasmas" por la Casa Rosada y que finalmente definieron la balanza hacia el sostenimiento de la actual política más restrictiva que es fomentada por el ala kirchnerista del Frente de Todos.
Esos factores son la casi segura extensión de la pandemia del Covid-19 luego del verano; el repunte esperado de la inflación y las elecciones de medio término que se deberán llevar a cabo en octubre del 2021, si es que antes no se realizan las PASO de agosto, actualmente con un gran paréntesis y más cerca de que no se terminen organizando.
La lectura es lógica y se vincula con las chances que tendrán los candidatos del Frente de Todos de hacer una buena elección de medio término con una inflación alta, tarifas en aumento, suba de alimentos y paritarias acotadas.
Por eso, el primer "fantasma" que identifican tiene en cuenta el fuerte rebrote en los contagios que se están dando en el país que, dicen los funcionarios, seguramente se incrementarán durante toda la temporada de verano.
A esto se le suma la incertidumbre por la fecha exacta de llegada de la vacuna. Sea la rusa o cualquier otra que se pueda esperar, al punto que el propio presidente Alberto Fernández insiste con que la Argentina la terminará aplicando pero evita dar fechas precisas.
Si esto ocurre, es probable que, como está ocurriendo en Europa, el país deba regresar a los tiempos de las cuarentenas restrictivas, con el temor de que otra vez la economía sufra las consecuencias, con empresas que no podrán seguir operando casi de manera normal y con miles de trabajadores en riesgo.
Un escenario que echaría más llena a un fuego ya con llamas muy altas que acechan a casi el 50% de la población que ya se encuentra en situación de pobreza o desocupada.
Esto obligaría a mantener las medidas de ayuda dispuestas por la emergencia sanitaria y económica ya declarada en marzo pasado que, entre otras cosas, le permitió al Gobierno prohibir aumentos en los precios de miles de productos de la canasta alimenticia y los servicios de electricidad, gas, agua, telefonía, internet, televisión por cable y peajes.
No es casual que en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este jueves para dar inicio a una nueva renegociación de tarifas se estableciera la extensión del congelamiento de las facturas de luz y gas por otros 90 días contados a partir de fin de diciembre.
Es decir, hasta abril próximo, Edenor; Edesur y Metrogas no tendrán chances de recomponer sus ya castigadas finanzas en base a nuevos valores de sus tarifas. De hecho, entre las empresas se espera que este nuevo congelamiento se termine extendiendo el tiempo que dure la segunda etapa de la cuarentena obligatoria modelo 2021.
En el caso de las operadoras de telecomunicaciones, se optó por permitir un solo incremento en enero del 5% a pesar de que las empresas reclamaban un 20% y que un sector del Gobierno quería ceder hasta el 15% no acumulativo y en tres cuotas que la Task Force ya había adoptado como política para este sector.
El lobby empresario no tuvo eco entre los integrantes de la task force que sí veían con posibilidades un incremento en etapas hasta alcanzar un 15% para mazo.
Las empresas ya venían comunicando a sus clientes otro incremento, superior al 20% que ahora deberán dejar de lado y acceder a la decisión que finalmente tomen las autoridades.
Para justificar el pedido de incremento, desde Telecom, Movistar y Claro argumentan que el porcentaje incluye los aumentos que no pudieron realizar durante este año por disposición del Gobierno en el marco de la cuarentena.
También sostienen que dichas subas les permitirán mantener la calidad de los servicios", tal como informó en la factura de diciembre la empresa Cablevisión a sus clientes.
Sin embargo, el fallo final será el de permitir una suba de no más del 5% para enero y de recodarle a las compañías que telefonía, internet y cable tienen el status de servicios públicos esenciales, tal como fueron declarados por un decreto presidencial, y que a partir de esa nueva concepción será el Estado el que determine las políticas de retoques de las facturas y no las empresas del sector.
La pulseada en el Frente de Todos
Tanto en el caso de las tarifas de los servicios públicos como en el de las telefónicas, el ala albertista del Gobierno terminó cediendo a las presiones de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para que sean funcionarios de su confianza los que definan las estrategias.
Esto se vio reflejado en el DNU de tarifas que le otorga todo el poder a los entes reguladores de la electricidad y el gas como son el ENRE y el Enargas, presididos por funcionarios cercanos a las banderas del Instituto Patria, la usina ideológica del kirchnerismo.
Ambos entes optaron por volver a negociar las tarifas y no a defender el plan de aumentos según los ingresos de los usuarios que había sido pensado por el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez.
Con el aval del presidente, Alberto Fernández, y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el funcionario había delineado una etapa de transición bajo la modalidad de incrementos segmentados para que los valores se relacionen a la capacidad económica de los clientes.
Teniendo en cuenta que la emergencia tarifaria sancionada por el Congreso en el marco de la emergencia económica y pública, estará vigente hasta el 31 de diciembre, había establecido que a partir del día siguiente los aumentos de tarifas tengan relación al salario de forma que no le implique a los usuarios de luz y gas dejar de consumir otros bienes y servicios para poder pagar las facturas.
El planteo era cruzar la información que el Estado dispone de cada consumidor por medio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses).
De esta forma, se permite a los sectores de menores ingresos y a quienes estén por debajo de la línea de pobreza, seguir con tarifas congeladas a partir de las políticas de subsidios que para estos segmentos sociales lleva adelante el gobierno nacional.
En el caso de un gran porcentaje de la clase media, las subas también estarían vinculadas a las negociaciones salariales que logren durante el año próximo, en tanto que para el resto se pensó en tarifas más cercanas a los valores reales.
Es más, la Secretaría de Energía no quería reabrir las negociaciones con las distribuidoras para aplicar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que llevó adelante la gestión de Cambiemos dado que consideran que eso hizo que las tarifas quedaran atadas a los movimientos del dólar.
En ese contexto, las previsiones oficiales rondaban en aumentos de hasta el 60% para el año próximo pero solamente para los usuarios de mayores ingresos, mientras que el incremento promedio sería del 25% que se aplicaría de manera única durante el 2021.
Para identificar quiénes deben pagar esta suba, desde el Gobierno se están revisando las políticas de subsidios para reasignarlos, de manera que los sectores de menores ingresos reciban una mayor asistencia para cubrir los costos de las tarifas.
Pero, con la sanción del último DNU presidencial, toda esa estrategia quedó, en un principio, cajoneada. Una clara muestra del peso que la ex presidenta tiene para aplicar nuevamente políticas de persecución y desgaste a las empresas que participan en la distribución, especialmente de la electricidad como son Edenor y Edesur.
En el caso de la distribuidora controlada por Marcelo Mindlin, el anuncio del DNU podría trabar las negociaciones para vender la firma que el empresario viene manteniendo con el ex jefe de gabinete menemista, José Luis Manzano, y el dueño del Grupo América, Daniel Vila.
Por su parte, el Grupo Enel, propietario de Edesur, viene lidiando con un grupo de intendentes bonaerenses que reclaman el final de su concesión por entender que la empresa no cumple con el servicio adecuado y con su prometido plan de inversiones.
Hasta ahora, esta liga de mandatarios bonaerenses hizo presentaciones ante el ENRE para denunciar a Edesur y pedir que sea el Estado nacional el que se quede con el servicio.
Está más que claro que, a la luz de la historia de las anteriores renegociaciones tarifarias durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, no habrá definiciones concretas en el futuro cercano sobre el horizonte de tarifas para ambas compañías que ya avisan que les será cada vez más difícil poder cumplir con las prestaciones que emanan de los contratos de concesión si no pueden restablecer sus ecuaciones financieras a partir de una recomposición de tarifas.
Si bien no se trata de una política "oficial", queda claro que el kirchnerismo intentará terminar con el plan de estatizar el servicio de electricidad que le quedó trunco cuando perdió las elecciones del 2015 con Mauricio Macri.
En este caso, está por verse qué camino adoptará el otro sector del Frente de Todos, más alineado con la necesidad de reducir el peso del Estado y de propender a políticas públicas que permitan incentivar las inversiones privadas.
Quienes defienden estos postulados también recuerdan que el cambio radical de políticas en materia de tarifas y de precios no ayuda a las negociaciones que el ministro de Economía, Martín Guzmán, lleva a cabo para cerrar un acuerdo por la deuda con el FMI.
Por eso eran más propensos a una intervención más suave del Estado a la hora de marcar el sendero de precios durante el 2021 a partir de ir evaluando la evolución de la situación epidemiológica; haciendo un seguimiento de la crisis y encarando revisiones constantes de las medidas establecidas hasta ahora para asegurar el acceso equitativo de la población a bienes de consumo básico y a los principales servicios públicos, procurando un equilibrio que, a la vez, propenda a la recuperación y normalización de la actividad económica.
Sin embargo, esta mirada más realista y equilibrada de la situación perdió ante el discurso kirchnerista de querer intentar controlar la inflación con medidas simbólicas pero poco efectivas y, en el mediano y largo plazo, destructivas del aparato productivo privado.
El método kirchnerista para frenar los precios
Para CFK y sus seguidores, la inflación se controla con más regulaciones, aún a pesar de que todos los analistas ya estiman que para el año próximo rondará el 50%
Por eso hasta es más que factible que la estrategia de desarmar Precios Máximos de manera paulatina y de permitir nuevos aumentos en los precios de los miles de productos que componen esta canasta pueda también ser puesta en revisión en los próximos meses.
"Precios Máximos" fue lanzado al inicio de la cuarentena, luego de que las autoridades percibieran aumentos desmedidos en alimentos y productos de higiene personal, entre otros.
Fue pensado como una política de emergencia para mitigar los efectos económicos de los meses más duros del confinamiento. De hecho, en noviembre pasado ya se comenzaron a retirar productos del listado y desde febrero se empezará a desarticular el programa de manera "gradual" para que no tenga un gran impacto en la inflación.
Si la pandemia recrudece y otra vez se implementan medidas de aislamiento, no habrá chances de retocar precios de alimentos, en especial de los productos de la canasta básica y los más representativos del consumo popular.
Donde no parece haber grieta en el seno del Frente de Todos es en la política de hidrocarburos. En especial, en permitir recomponer las cuentas de YPF a partir de nuevos aumentos en los precios de los combustibles, tal como ocurrió durante la semana que pasó.
Las subas se mantendrán durante el 2021 teniendo en cuenta que en este sector, la política comercial la encabeza la petrolera estatal por ser la más grande del mercado y ser considerada por el gobierno de Alberto Fernández como una de las naves insignia de la política oficial de hidrocarburos.
En el caso de los peajes, la relación del Gobierno con el grupo europeo Abertis sigue siendo tensa. El holding controla las empresas Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) que, a su vez, lideran la concesión de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste.
Tras la llegada del Frente de Todos a la Casa de Gobierno, se inició una investigación del acuerdo de renegociación del contrato que había extendido Macri y se mantuvo la política de congelamiento de los peajes que ya lleva casi dos años.
En este caso, será difícil que las autoridades saquen el pie del freno para permitir retoques a los precios que abonan los automovilistas, más que nada por cuestiones políticas. Por lo menos, hasta que se llegue a una definición en cuanto a la continuidad o no de Ausol y GCO como concesionarios de esas rutas.