Lucha en el cemento: en plena Ley de Abastecimiento una parálisis pone en suspenso obra pública y reformas en el Aeroparque
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En medio de la pulseada del Gobierno con los proveedores para garantizar la disponibilidad de insumos y materiales clave para la construcción, un conflicto amenaza la evolución de una actividad que venía ganando velocidad a partir de la diferencia en el tipo de cambio.
Para dolor de cabeza del oficialismo, que viene de poner en vigencia la Ley de Abastecimiento como herramienta de presión sobre corralones y fabricantes, el conflicto en Loma Negra ya escaló al nivel de poner en riesgo la disponibilidad de cemento a gran escala.
El sábado pasado, la compañía apagó sus dos hornos de la planta clave de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Las instalaciones en cuestión representan el 70 por ciento de la capacidad productiva instalada en ese punto bonaerense.
El dato no presentaría relevancia de no ser que, indicó a iProfesional Pedro Brandi, presidente de Construya -organización que integra a los principales proveedores de insumos de la construcción del país-, Loma Negra representa casi el 50 por ciento del flujo nacional de cemento.
"Es la empresa clave. Si la situación se extiende por días, el desabastecimiento se hará visible. Complicaría fuerte a los grandes proyectos en tanto Loma Negra es la principal proveedora de cemento a granel, material básico para los emprendimientos a gran escala como la obra pública", aseguró el directivo.
El freno ocurre a muy poco de conocerse que la producción del insumo registró una suba interanual del 28 por ciento y una mejora del 4,3 respecto de octubre, lo que significó el tercer mes consecutivo de crecimiento y el mayor desempeño desde noviembre de 2017, de acuerdo a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).
Desde el entorno de Loma Negra, controlada por los brasileños de Camargo Correa, definieron como "inminente" el desabastecimiento. A la vez que anticiparon que entrará en suspenso "obras como, por ejemplo, la ampliación del Aeroparque metropolitano". El stock disponible de Loma Negra alcanzaría para menos de una semana de abastecimiento.
La base de esta complicación está en un freno en la entrega de la piedra necesaria para elaborar el cemento. Esto, por efecto de la parálisis que sufre la compañía Minerar, que además abastece a otras cementeras como Holcim. Sus trabajadores, afiliados al sindicato minero AOMA, reclaman un nuevo encuadramiento y mejoras salariales desde el mes de octubre.
"Los directivos de Minerar suspendieron a 12 trabajadores en plena conciliación obligatoria establecida por el Ministerio de Trabajo. Ante esa sanción, se decidió no retomar el trabajo. Llevamos más de un mes en este escenario de negociación y la compañía no reconoce los acuerdos ya alcanzados. Si falta cemento es por la postura inflexible de Loma Negra", comentó a este medio un representante sindical.
Contexto de faltante
La parálisis en la producción de cemento ocurre en un contexto de desabastecimiento generalizado de materiales para la construcción.
Desde organizaciones como el mencionado grupo Construya anticiparon a iProfesional que más allá de la presión oficial la disponibilidad de insumos recién podría normalizarse a fines del inminente verano.
La producción local, según la organización, todavía opera con un 30 por ciento menos de su dotación de personal habitual, por lo que el ritmo de generación de materiales continúa bajo. En contrapartida, el volumen de pedidos es tal que, hoy por hoy, la demora en la entrega de los materiales para la construcción que se elaboran en el país alcanza por lo general los 90 días. Y subiendo.
Pedro Brandi remarcó que las complicaciones actuales recién podrían estar superadas "para marzo". Nada de esto parece entender el Gobierno, que en los últimos días activó lo que en el sector de los comercializadores ya denominan con sorna la "policía del ladrillo" -mediante la Ley de Abastecimiento- con el fin de aumentar la oferta en los corralones.
En la última semana, y a tono con sus advertencias, la Secretaría de Comercio Interior llevó a cabo casi 100 inspecciones a corralones por presunto acopio y especulación. Desde el oficialismo informaron que la intención es evitar los sobreprecios y terminar con el desabastecimiento.
La Ley de Abastecimiento fija multas de hasta 10 millones de pesos a comercializadores y fabricantes en caso de comprobarse maniobras justamente especulativas. También otorga luz verde para clausurar establecimientos por 90 días, además de inhabilitar a los empresarios para el acceso a créditos.