Críticas de las distribuidoras de luz y gas al esquema de tarifas segmentadas por ingresos
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Luego de conocerse la decisión del Gobierno de segmentar por el nivel de ingreso y no por el consumo las tarifas de la luz y el gas, las distribuidoras de ambos servicios aseguran que se trata de una metodología compleja y que será difícil de aplicar.
Así lo entienden los máximos referentes de la gasífera Camuzzi y de la eléctrica Edenor, quienes coinciden en apoyar el esquema pero advierten que no será fácil implementar el cobro de diferentes tarifas según el grado de ingreso de cada consumidor.
El esquema oficial se basa en tener en cuenta otras variables que no sean solo la cantidad de gas o energía que se consuma, sino también la ubicación de los clientes y su capacidad de pago.
El sistema ya fue anunciado ya hace unos días por el secretario de Energía de la Nación, Darío Martinez, quien anticipó que a partir de marzo o abril del año próximo se comenzará a implementar un mecanismo de pago diferencial del gas y la electricidad, según el poder adquisitivo de los clientes de cada servicio.
Tres categorías de usuarios
El funcionario detalló que habrá tres categorías de usuarios con tarifas de transición que se distribuirán según tenga menor capacidad de pago y haya sido más golpeados por la crisis económica; posea una capacidad razonable para abonar una tarifa mayor o tenga un alto poder adquisitivo para pagar el costo real de la energía o el gas.
Al respecto, María Tettamanti, directora general de Camuzzi, se mostró en favor del esquema oficial pero sostuvo que será complejo de aplicar sin caer en errores o equivocaciones.
"Con la tecnología disponible es posible adoptar ese esquema de segmentación, pero también el Gobierno debe tener en cuenta los tiempos para implementarlo y que es importante que se reúna con las distribuidoras para definir cómo se aplica", asegura la ejecutiva de la distribuidora de gas.
Sostiene que ninguna de las empresas de este sector tiene información sobre la capacidad de pago de los clientes como para poder segmentar la facturación. "Contamos con datos del titular del servicio, del domicilio, historial de cumplimiento y consumo, pero no de sus ingresos", agrega.
Tettamanti participó de uno de los paneles del Energy Forum Social Day que fue organizado por el medio especializado ecojournal.com, junto a Rircardo Torres, presidente de Edenor.
En ese marco, pidió a las autoridades sentarse a definir el futuro marco tarifario y acordar los lineamientos del esquema de segmentación.
Lo mismo hizo Torres, quien coincidió en que Edenor no cuenta con datos sobre el lugar de residencia de sus tres millones de clientes, sino que maneja información sobre los medidores, el nombre del titular y el nivel de consumo.
De hecho, reconoció que la distribuidora le propuso al Gobierno otra variante para actualizar las tarifas que se vinculaba a un mecanismo de geolocalización para poder diferenciar los costos del consumo de electricidad.
Segmentación del pago
De todos modos, se mostró a favor de segmentar el pago de las tarifas. "No está bien seguir subsidiando al que puede pagar ", aseguró, aunque advirtió que "será difícil aplicar el modelo oficial si los indicadores son personales".
En este sentido, las autoridades de la Secretaría de Energía vienen explicando que se usarán los datos que aporte la AFIP y también la información que se fue generando a partir del pago del IFE a millones de personas afectadas por los efectos económicos derivados de la pandemia del Covid-19.
En este sentido, Torres advirtió que uno de los problemas que se pueden generar es que el titular del servicio no sea quien resida en el domicilio de facturación.
También recordó que muchos clientes de Edenor modificaron los datos de la titularidad del servicio para poner a algún pariente que reciba uno de los tantos subsidios otorgados por el gobierno nacional.
"Solamente en nuestra jurisdicción hubo más de 400.000 pedidos de cambio de titularidad cuando se otorgaron tarifas sociales a jubilados que cobran la mínima, o a trabajadoras domésticas o monotributistas", sostuvo Torres para reafirmar la complejidad de aplicar un sistema de segmentación que puede terminar favoreciendo a quienes no lo necesitan.
Para Tettamanti también es un método complejo de llevar a la práctica con la tarifa del gas. A los impedimentos enumerados por Torres le suma el alto nivel de economía informal que existe en la Argentina.
"El Gobierno no tiene toda la información de los consumidores, porque se puede dar que un jubilado que cobre la mínima no tenga declarado todos los ingresos o posea activos o una renta en negro y si esto no se tiene en cuenta el Estado estará orientado subsidios a personas que no lo precisan", señala.
Para Torres también se pueden producir errores si se toma la facturación por barrio, teniendo en cuenta que no en todas las zonas existe homogeneidad en el poder adquisitivo de sus residentes, lo cual podría producir errores, dejando afuera o adentro del subsidio a muchos de los residentes.
"Por eso es necesario que tengamos más información, que no sea tan compleja como para que no se pueda reflejar en los sistemas de facturación", reclama Torres.
En lo que ambos también coincidieron es en la necesidad de actualizar las tarifas de la luz y el gas, que se encuentran congeladas hace casi ya dos años. Tanto Torres como Tettamanti advierten que las empresas distribuidoras no tienen más recursos para poder sostener la calidad de sus servicios sin una urgente actualización tarifaria.
Por eso piden despolitizar la discusión y comprender que se trata de una situación extrema que atraviesan desde el 2018, con cuadros fijos, pero con una inflación que superó el 80% desde ese año y un dólar que pasó de $1 a más de $100 en el mismo lapso.
"Es fundamental transmitir por qué deben aumentar las tarifas, que tiene que ver con el nivel y la calidad del servicio que podamos ofrecer si contamos con recursos lógicos y adecuados para poder hacerlo", asegura Tettamanti.
En ese contexto, Torres recuerda que para poder seguir operando las distribuidoras de electricidad dejaron de pagar el costo mayorista del insumo a Cammessa, el ente mixto que regula este mercado.
Esa decisión acumula una deuda millonaria tanto de Edenor como del resto de las distribuidoras que, según Torres, va en línea con el nivel de aumento tarifario que precisa el sector.
"La sociedad y los políticos deben dar el debate sobre si se quiere o no pagar por la energía, un tema que ya lleva cinco gobiernos de debate y que, en mi opinión, debe darse por terminado porque un país pobre no se puede dar el lujo de financiar el costo de un servicio público", advierte el presidente de Edenor.