¿Más presión al bolsillo?: las concesionarias de peajes reclaman aumentos de tarifas
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A pesar de que el Gobierno congeló los precios de los peajes el 30 de diciembre del año pasado y sin fecha cierta para revisar la medida, el mayor grupo concesionario de autopistas del país reclama un aumento cercano al 30% de los valores actuales.
Se trata del holding europeo Abertis, accionista mayoritario de las empresas Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), a su vez concesionarios de las rutas Panamericana; General Paz y Acceso Oeste.
A través de una carta enviada al Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), ambas sociedades aseguran estar posibilitadas por la normativa vigente para aplicar dichos incrementos de manera inmediata.
Respaldan la decisión en la Cláusula 4.2, inciso (c), punto (ii), del llamado Acuerdo Integral de Renegociación (AIR) suscripto con el Estado Nacional (aprobado por Decreto N° 608/2018).
Según dicha cláusula Ausol y GCO tienen derecho a que se haga efectiva una actualización de las tarifas de peaje en caso de que se produzca una variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) superior al 10% desde la fecha del último aumento.
Sostienen, en la misiva, que el 8 de noviembre se cumplieron esas condiciones previstas en el AIR y que entonces les corresponde aplicar dicha "Actualización Tarifaria por Variación del CER".
Sin embargo, desde el Gobierno por ahora prefieren hacer oídos sordos a estos reclamos. No está previsto que haya un incremento en el valor de los peajes, según pudo saber iProfesional.
Varios meses de reclamos
Ya el 29 de junio pasado, ambas concesionarias enviaro dos notas del mismo tenor que la actual, solicitando la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes del procedimiento de actualización establecido en la Cláusula 4.2, inciso (c), punto (i) del nuevo contrato, hasta ahora los valores se mantienen congelados.
Ahora, pusieron en conocimiento del Occovi, que es controlado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), los nuevos valores de los cuadros tarifarios resultantes de dicha actualización con el objetivo de comenzar a cobrarlo de manera inmediata.
Sin embargo, como hasta ahora el Occovi no respondió el pedido, ambas sociedades se manifestaron en contra del mantenimiento del congelamiento de los peajes asegurando en la carta que "no lo aceptan ni lo concienten".
"Solicitamos que en caso de que el órgano de control siga una interpretación distinta respecto de lo aquí manifestado en cuanto a la vigencia y aplicación de la medida de congelamiento tarifario, que la sociedad se ve igualmente en la necesidad de impugnar por afectar sus derechos, tenga a bien hacérnoslo saber a la brevedad", reclaman Ausol y GCO en las cartas enviadas al organismo oficial.
Advierten que la prohibición de aumentar las tarifas incide negativamente sobre la situación económica y financiera de ambas concesionarias, que amenaza con impedir el pago de los costos operativos de la concesión, como el pago de los salarios de los casi 1500 trabajadores de Ausol y GCO.
"En las condiciones expuestas, solicitamos respetuosamente que, en cumplimiento del convenio del AIR, se tenga a bien dejar sin efecto la aplicación de la medida de congelamiento tarifario y no se impida, al menos de forma parcial, la entrada en vigor y aplicación de los cuadros tarifarios resultantes de la actualización al 8 de noviembre de 2020 ni en general, se afecte la plena vigencia del régimen tarifario", reclaman las empresas propiedad de Abertis.
El cuadro tarifario que vienen aplicando Ausol y GCO es el mismo desde enero del año pasado, cuando el anterior gobierno del ex presidente Mauricio Macri decidió aplicar una medida de congelamiento, como parte de un plan económico para combatir la crisis financiera que se inició en el 2018.
En ese momento, tampoco se incluyeron en forma plena los ajustes contractuales cuando en ese momento, la inflación acumulada alcanzaba al 92% en promedio.
A esa circunstancia se sumó el hecho de que, entre el 20 de marzo y el 18 de mayo pasado, rigió la medida de suspensión total del cobro de las tarifas lo que, según las empresas, ha profundizado el déficit de ingresos de este concesionario y afecta su situación económica y financiera.
Por el momento, no hay señales de que el Gobierno quiera modificar la decisión de descongelar los peajes si se tiene en cuenta que ya se anticipó que la medida regirá hasta que se haya realizado una evaluación de la necesidad y el impacto de una actualización tarifaria, sin preverse plazos estimados.
El propio Presidente, durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso nacional, el 1° de marzo pasado, reiteró la vigencia del congelamiento por tiempo indeterminado.
El nuevo reclamo de las empresas del grupo Abertis se da en medio de un fuerte debate con el Gobierno por la continuidad de la concesión; de una investigación judicial que involucra a sus principales ejecutivos y de una operación que, precisamente por el congelamiento, acumula un rojo superior a los $3.200 millones hasta julio pasado.
La mayor pérdida la acumula hasta ahora GCO con $2.425 millones, mientras que Ausol llega a los $791 millones. Pero es probable que esas cifras se incrementen cuando ambas sociedades den a conocer los resultados financieros de los primeros nueve meses del año.
Los problemas financieros que atraviesan tanto Ausol como GCO también se deben a la drástica caída del 50% del tránsito en sus concesiones, producto de las medidas de aislamiento tomadas por el Gobierno para combatir la pandemia del Covid-19. A esto le suman dos meses (marzo y abril) donde no tuvieron ingresos porque las barreras permanecieron levantadas por decisión oficial en el marco de la cuarentena.
Además, se vieron afectadas por los efectos de la devaluación con sus consecuentes incrementos de costos operativos y administrativos que deben soportar para mantener los servicios.
Tanto Ausol como GCO vienen operando con peajes congelados desde febrero del 2019, cuando aplicaron el primer aumento establecido en el nuevo contrato de concesión acordado con el anterior gobierno del ex presidente Mauricio Macri.
A partir de ese mes, las tarifas para los autos particulares que transitan entre Capital y la zona Norte por la Panamericana en las horas de mayor circulación se mantiene en $60 (ramal Debenedetti Márquez; $65 (Tigre) y $75 (Pilar-Campana). Mientras tanto, el peaje del Acceso Oeste asciende a $65.
Luego, las mismas autoridades decidieron frenar las subas posteriores en el marco de "medidas económicas y sociales" que se aplicaron para mitigar los efectos de la recesión en los bolsillos de los argentinos.
Y en diciembre del mismo año, el nuevo gobierno del presidente Alberto Fernández optó por mantener el congelamiento. En realidad, las autoridades del Frente de Todos frenaron los aumentos hasta que se haya realizado una evaluación de la necesidad y el impacto de una actualización tarifaria, y se abran nuevas instancias de diálogo con las empresas concesionarias.
Con este escenario de fondo, el movimiento de Ausol y GCO no llega a cubrir los costos operativos y compromete la liquidez de las concesionarias, generando un agujero en la caja difícil de recuperar y colocando a las dos empresas en una situación complicada.
En realidad, profundiza la crisis si se tiene en cuenta que el año pasado ambas empresas acumularon pérdidas por $4.145 millones, de las cuales Ausol aportó $3.384 millones y GCO los restantes $761 millones.
En ese momento, sus directorios decidieron hacer frente al quebranto absorbiendo las pérdidas mediante la desafectación de parte de la reserva facultativa para la futura distribución de dividendos por hasta $500 millones por cada sociedad.
De hecho, las fuertes pérdidas contrastaron con los millonarios ingresos que ambas sociedades obtuvieron en el 2018: $7.750 millones en el caso de Ausol, y $6.265 millones de GCO. Es decir, un global de $14.015 millones.
Ese año, lograron renegociar sus contratos de concesión con importantes beneficios que ahora el Gobierno puso bajo la lupa por entender que existen irregularidades y cláusulas sospechosas.
Entre otras medidas, el nuevo acuerdo estableció una ampliación del plazo de la concesión hasta el 31 de diciembre del 2030; un ambicioso plan de inversión y un mecanismo de compensación de las inversiones no amortizadas que fueron reconocidas en dicho contrato.
También le puso fin a una demanda que la Argentina enfrentaba en los tribunales internacionales del Ciadi por u$s1.240 millones. La denuncia fue presentada por Abertis ante el incumplimiento del contrato de concesión en el que había incurrido el Estado nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner.
En su momento, se consideró que el acuerdo de renegociación ponía fin a años de incertidumbres y dificultades que vivieron Ausol y GCO. Sin embargo, las actuales autoridades consideran que se trata de un mal acuerdo para el país que fue concretado a partir de maniobras ilegales.
En la actualidad, existe una causa penal bajo la carátula "Macri, Mauricio y Otros s/ abuso de autoridad y violac, Deb.Func. Púb.", que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, Secretaría N° 11, a cargo de Julián Ercolini.
Hasta ahora, se encuentran procesados ex funcionarios del gobierno de Cambiemos y se llamó a indagatoria, aunque si fecha, al presidente de Ausol y GCO, Andrés Barberis Martin. El ejecutivo presentó un escrito ante el magistrado en la cual efectúa una detallada explicación, respuesta y valoración sobre los hechos de la denuncia y las pruebas producidas por el juzgado, argumentando que, del análisis de las pruebas "se desprende con claridad la improcedencia de la denuncia."
Barberis acompañó su presentación con carácter de prueba diversa información y documentación respaldatoria de las explicaciones aportadas a las actuaciones. "Tanto el Sr Barberis como la Sociedad han intentado en todo momento colaborar con la investigación y brindar toda la información y documentación que corrobora la legalidad de lo actuado durante el proceso de renegociación del Contrato", asegura la carta.