Empleo, ventas, dólar y más: el futuro de la economía post pandemia, según los empresarios

Si bien la economía argentina caía en el primer trimestre del año, la llegada del Covid-19 y las medidas sanitarias del Gobierno para combatir el virus empeoraron todas las percepciones que los empresarios ya tenían sobre el futuro del país y, por ende, de sus negocios.

Con un bajo nivel de expectativas que se había evidenciado ya en varias encuestas publicadas en julio pasado, ahora los hombres de negocios consideran que la crisis es más profunda y duradera que la del 2002.

Anticipan que las principales variables macroeconómicas como el dólar, las tasas de interés y el riesgo país seguirán siendo adversas y frenarán cualquier optimismo como base de planes futuros.

Por lo menos, así se desprende de un relevamiento hecho por la consultora D´Alessio IROL entre 250 empresarios que se acaba de dar a conocer en el marco del 56 Coloquio de IDEA que se está desarrollando de manera virtual.

Las conclusiones del trabajo, del que también participó el economista Luis Secco, muestran que los empresarios consideran que la profundidad de la actual crisis es mayor y más extensa de la prevista y que sólo dos de cada 10 entrevistados confía en una tendencia hacia la mejora para el próximo período.

Entre los datos positivos, rescatan el acuerdo por la deuda con los acreedores extranjeros; la reapertura de algunas sectores industriales y del comercio; aumento de la producción y los planes oficiales de asistencia a los trabajadores.

Perspectiva complicada para el país

Sin embargo, los factores negativos pesan más a la hora de analizar lo que vendrá y se basan en dos escenarios, uno vinculado a la pandemia y el segundo a problemas domésticos que no tienen directa vinculación con el coronavirus.

En el primer grupo se encuentran el daño que la pandemia le hizo a la economía y el contexto internacional, también afectado por el virus.

En tanto, en el plano local se advierte la inexistencia de un plan económico; el problema cambiario y la ausencia de dólares; el déficit fiscal; pérdida de poder adquisitivo y falta de confianza para atraer inversiones.

Los datos también son preocupantes a la hora de analizar la evolución de las ventas, las inversiones, las exportaciones y el aumento de la capacidad de producción.

Por caso, un 40% espera alguna evolución positiva de sus ventas, otro 28% considera que venderá menos al exterior; el 56% reducirá sus inversiones; y alrededor de un 67% mantiene o bajará su capacidad de producción.

Este complejo escenario también incide en las expectativas de rentabilidad que tienen los ejecutivos consultados por D´Alessio IROL y que, en general, continúa en retroceso.

De hecho, un 62% estima que se reducirá entre leve y dramáticamente, a lo que se suma otro 20% que espera mantenerlas en el actual nivel. Solamente un 2% cree que aumentarán significativamente y otro 14% que lo hará de manera moderada.

Y, al no pensar en ganar más pero sí en invertir menos, el empleo ofrece un saldo neto continúa siendo negativo: el 83% de las empresas prevé mantener o reducir trabajadores en los próximos meses, a pesar de todavía rigen ciertos cepos oficiales que impiden despidos de personal.

Es más, los factores fiscales y de legislación laboral siguen siendo barreras para el aumento del nivel de empleo.

Con respecto a los precios, tienden a equipararse con el aumento de la mano de obra pero están lejos de absorber el nivel de inflación actual, mientras que la cadena de pagos muestra un punto de Inflexión en la tendencia a la extensión de los plazos que, de todos modos, siguen siendo largos.

Expectativas y frustración empresarial

Todos los años, la encuesta se transforma en una radiografía del pensamiento empresario sobre la situación del país; le toma el pulso a las políticas económicas de los gobiernos y mide las expectativas frente a la realidad.

Entre el 2015 y el 2018, las conclusiones sobre lo que esperaban los hombres de negocios y lo que finalmente terminó ocurriendo fueron parecidas. Desde ese año comenzó un divorcio entre expectativas y realidad que ahora la pandemia parece haber profundizado más.

Al respecto, Luis Secco, explica que la dualidad entre la esperanza y lo concreto que se marca en la encuesta expone la frustración de los empresarios, al marcar un bajo nivel de expectativas sobre lo que vendrá, con muy bajos niveles de optimismo que se van confirmando con los datos de la realidad y que entierran el rebote que se había producido en mayo pasado, avizorando que todavía se puede estar peor.

En este sentido, los factores de importancia para un posible escenario de crecimiento que identificaron los empresarios se refieren a la competitividad vinculada con aspectos institucionales; cambios en las condiciones de contratación e incentivos fiscales.

D´Alessio asegura que la estabilidad Institucional vuelve a ubicarse como principal factor en la atracción de inversiones.

En este sentido, Secco explica que la referencia a la institucionalidad no solamente se vincula a críticas a la reforma judicial sino también a la volatilidad normativa que observan los empresarios.

"Refleja falta de estabilidad en las reglas de juego, en la seguridad jurídica, en que se pueden cambiar los mecanismos macro y micro de un momento a otro", detalla el economista.

También estima que esta preocupación "no ayuda a que haya una mejor percepción para atraer inversiones que hoy se encuentran en el índice más bajo de toda la historia del país, al representar 9,5% del PBI

"Nunca se invirtió tan poco como en el segundo trimestre, con derrumbes del 30% en alguno sectores, no importa el tamaño de la empresa", advierte.

Entiende además que la falta de inversiones frena las intenciones de generar empleo a pesar de que se tiene conciencia de que el capital humano es fundamental.

La encuesta evidencia también una marcada incertidumbre sobre las principales variables macroeconómicas y permite elaborar una lista de reclamos pendientes de los ejecutivos al Gobierno.

Para el 60% de los encuestados hace falta una profunda reforma impositiva; el 47% reclama cambios en las legislaciones laborales, y otro 43% pide buen funcionamiento de las instituciones y la Justicia.

A este podio le siguen pedidos para bajar la inflación (29%); garantías de resguardo a la propiedad privada (21%); mejora de la educación (15%); acceso al crédito (12%); políticas de tipo de cambio (12%), entre otras.