Alquileres congelados: el vencimiento activa fuego cruzado entre sectores mientras el Gobierno evalúa cómo se sigue

A casi un mes de que ocurra el vencimiento del DNU 320 que estableció un congelamiento en el precio de los alquileres  el fin de la disposición ya activó un cruce entre los actores alcanzados por la medida. Desde el sector del ladrillo, actores duros como el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI) blanquearon el absoluto rechazo ante los rumores de potencial extensión de la medida, mientras que desde el ámbito de los inquilinos exigen un nuevo decreto que establezca la prolongación del beneficio.

En el medio se ubican desde el Gobierno hasta otras organizaciones de la comercialización de inmuebles, que con distintos matices entienden que la salida debe ser "salomónica".

La medida en cuestión -con vigencia pautada hasta el 30 de septiembre- dispuso la quietud de los precios de los alquileres al valor de marzo, además de establecer la prórroga de los contratos "con conformidad de la parte locataria", o sea, los inquilinos. De ahí que cualquier reajuste previsto recién entraría en vigencia a partir del mes de octubre.

El DNU también bloquea cualquier posibilidad de aplicar desalojos, por lo que sirve de amparo para quienes perdieron la capacidad de afrontar el pago de esos mismos alquileres.

El fin del 320 le permitiría a las inmobiliarias avanzar con los ajustes de valores que quedaron pendientes y, en simultáneo, exigir la regularización de estos deudores. Pero las versiones de que se podría promoverse la extensión del decreto ya crispó los ánimos en buena parte de las inmobiliarias.

Desde el COFECI oficializaron el malestar a través de un comunicado mediante el cual la entidad manifestó su "absoluto rechazo" a cualquier prolongación del congelamiento "ya que esta implicaría un daño irreparable al mercado inmobiliario de alquileres".

La cúpula del consejo entiende que, de promoverse una prórroga, "la oferta inmobiliaria se reducirá a la mínima expresión, causando una escasez inédita en la oferta de viviendas para alquilar".

La organización, que nuclea a más de 28.000 corredores inmobiliarios en todo el país, entiende que mantener el congelamiento representaría una "intromisión del Estado en los contratos entre particulares y un claro avance sobre el derecho a la propiedad privada".

"No sería razonable ni oportuno una extensión del DNU cuando la actividad económica comienza a normalizarse en el país en la mayoría de los sectores", señalaron desde COFECI, para luego remarcar que "una extensión del DNU implicaría un colapso total de la oferta de alquileres produciendo una masiva migración a la venta de propiedades, privando a los miles de inquilinos de la oportunidad de acceder a una vivienda".

Inquilinos aseguran que si no se extiende el congelamiento habrá una "catástrofe" habitacional.

Del lado de los inquilinos el titular de la federación nacional, Gervasio Muñoz, advirtió que "si el decreto no se extiende, puede generarse una catástrofe, porque nosotros hicimos una encuesta sobre el mes de agosto y arrojó que el 30 por ciento de las personas que alquila no puede pagar el mes".

"Dentro de ese porcentaje, la mitad tiene deudas de dos meses o más de alquiler. Es algo así como 500.000 hogares inquilinos en la Argentina que tienen deudas de dos meses o más", declaró.

Las opciones del Gobierno

Atento a la cercanía del vencimiento, el Gobierno evalúa opciones con vistas al final de septiembre. Según pudo saber iProfesional, en torno a la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat las opiniones están divididas.

Mientras que algunos asesores de María Eugenia Bielsa proponen la continuidad del congelamiento, la opción que hoy por hoy cobra mayor fuerza corresponde al desarrollo de una mesa con representación de todos los actores que defina acuerdos en común.

Esta alternativa cuenta con el acompañamiento de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) cuyo titular, Alejandro Bennazar, sostuvo ante iProfesional que de cara a octubre "hay que promover una negociación de partes".

En el Gobierno se impone la alternativa de integrar a inquilinos e inmobiliarias en una mesa de trabajo común.

"Nuestra mirada es que hay que elevar la actitud negociadora. Que a través del diálogo se evalúe la posibilidad de extender la medida según el caso o el sector. No todos los inquilinos tienen problemas para cumplir con el pago, pero tampoco podemos desconocer que hay afectados por la situación económica", expresó.

"El Gobierno tiene voluntad de promover una instancia de diálogo entre partes para la problemática de la vivienda en general", destacó Bennazar. Es en ese marco que el oficialismo activaría la mesa en el transcurso de septiembre, con participación de inmobiliarias, inquilinos y el mismo Gobierno.

De primar esta opción, los actores reunidos se ocuparían de revisar la capacidad de pago por sectores y, de llegarse a un acuerdo, se mantendría el congelamiento justamente para esos particulares. Ese es el ideal que por estas horas ostenta mayor aceptación entre las filas oficiales.

Resta conocer si inquilinos e inmobiliarias aceptarán el convite si es que, finalmente, resultan convocados por el Gobierno.