Empleo y sueldos encienden la pelea: La Salteña, Dánica, Techint y los conflictos que ponen en alerta al Gobierno

A tono con el parate que exhibe la economía a partir de la pandemia, y la incertidumbre respecto de cuándo se desactivará de una vez por todas la cuarentena, los cruces entre empresas, trabajadores y gremios recrudecen semana a semana.

Desde el entorno del Ministerio de Trabajo que encabeza Claudio Moroni reconocieron a iProfesional que la situación "en algunos sectores se está haciendo insostenible", además de exponer que "los organismos de Trabajo provinciales no colaboran como deberían para quitarles temperatura a los conflictos".

Fuentes ligadas a la cartera nacional pusieron como ejemplo lo que ocurre con Algodonera Avellaneda en Santa Fe. Los casi 500 operarios de esa controlada del grupo Vicentin "llevan semanas de conflicto, hasta un acampe, y desde el domingo a esta parte no ha mermado el nivel de protestado exigiendo mejoras salariales. Hasta ahora el Ministerio de Trabajo provincial parece no tomar nota de lo que ocurre para promover soluciones reales".

La acción de los empleados de la firma en cuestión cuenta con el respaldo de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Respecto de este escenario, el titular de dicha organización, Hugo Yasky, declaró a principios de esta semana que "es inaceptable que en el país haya salarios de entre 23 y 28 mil pesos, porque esa realidad es una afrenta a la dignidad de los trabajadores". Y alentó la continuidad de las medidas de fuerza.

Para dolor de cabeza de Moroni, el titular de Trabajo santafesino, Roberto Sukerman, se declaró prácticamente atadas alegando que el grupo Vicentin "no tiene voluntad de conciliación", para luego añadir que la firma "pone como excusa que los trabajadores cambiaron de gremio para no negociar".

Desde la dependencia nacional exponen "poca voluntad del ministro local para intervenir de manera contundente".

En Santa Fe también se reavivó el conflicto a partir de la decisión de distintas proveedoras del grupo Techint de aplicar despidos incluso entre delegados gremiales.

Como método para exigir la reincorporación, la planta de Tenaris-SIAT en Villa Constitución viene siendo objeto de continuos bloqueos desde la primera mitad de agosto. Sukerman sólo intervino de forma directa en una medida de fuerza ocurrida el 14 de agosto.

La Salteña, Dánica y petróleo

A comienzos de esta semana, la sede en Burzaco de la fábrica de tapas para empanadas y tartas de La Salteña frenó todas sus actividades a raíz de un cruce entre trabajadores y empresa por la extensión de la jornada laboral.

Según trascendió, la gerencia de la compañía -propiedad del grupo Pérez Companc- pretendía establecer jornadas de hasta 12 horas diarias para, de esa forma, recuperar parte de la producción perdida tras dos semanas de inactividad por el contagio del personal con Covid-19. Los delegados sindicales, alineados con el gremio de Pasteleros, rápidamente promovieron un paro.

"Se han dado denuncias de hostigamiento contra algunos trabajadores y eso le agregó tensión al escenario. La empresa tiene toda la intención de garantizar la armonía laboral y eso permite anticipar que bajará el conflicto", comentaron desde el entorno de Moroni.

En el caso de Dánica, la firma tuvo paralizadas sus plantas de Lavallol (provincia de Buenos Aires) y Villa Mercedes (San Luis) hace una semana por otra protesta laboral. Según fuentes gremiales, la empresa habría intimado a los empleados -alrededor de 100- a que abandonen el convenio aceitero y se pasen al de la alimentación o, caso contrario, presenten sus respectivas renuncias.

El Ministerio de Trabajo bonaerense, liderado por Mara Ruiz Malec, notificó a la empresa de la denuncia gremial pero el conflicto lejos está aún de resolverse por completo.

Vale recordar que la gestión de Axel Kicillof ya intervino en abril pasado cuando la fábrica de Lavallol bajó la persiana en respuesta a un paro en reclamo de protocolos sanitarios, junto con el rechazo a despidos y a la implementación de jornadas de 12 horas.

Ya en el ámbito de los hidrocarburos, y a sólo seis horas para el inicio de un paro total de actividades en Vaca Muerta, las autoridades del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, dejaron sin efecto la medida ante el compromiso que hizo YPF de reactivar equipos de perforación a partir de la semana que viene.

"La semana que viene van a empezar a mover equipos y de fractura porque tienen en Loma Campana como 80 pozos no terminados y van a poner dos equipos de fractura, dos sets, y también equipos de perforación en forma progresiva hasta alcanzar un nivel importante en diciembre", dijo durante la tarde del miércoles Guillermo Pereyra, titular del gremio, a medios patagónicos.

En la Patagonia crece el malestar ante la decisión de la china Sinopec de achicar cada vez más sus contratos con proveedores en Santa Cruz. Desde los gremios del ramo en esa provincia ya elevaron pedidos de intervención directa al Gobierno nacional ante la potencial pérdida de 400 puestos de trabajo.

Biocombustibles y leche

En simultáneo a este presente que transitan los petroleros, persisten las complicaciones para los productores de biocombustibles en el país. Ahora, las plantas distribuidas en territorio bonaerense paralizaron la producción y, en paralelo, comenzaron a aplicar cambios en el funcionamiento laboral.

"Hoy, las plantas tienen la totalidad de su personal suspendido, desde operarios hasta administrativos. La actividad está parada en toda la provincia de Buenos Aires y en gran parte del país", expresó Gabriel Matarazzo, secretario general del sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles en Bahía Blanca.

"Es una historia con los mismos problemas de siempre, que la venimos sufriendo todos. Estas empresas tienen la mayor parte de sus insumos y materias primas en dólares y un precio congelado desde diciembre. Por lo cual, llega un momento en que los empresarios deciden no perder más y frenan la producción de las plantas...", añadió. Sólo en la provincia de Buenos Aires, el rubro emplea a más de 500 personas.

En el ámbito de la producción láctea, en tanto, ATILRA sigue endureciendo su posición y sus referentes anticiparon que habrá un "conflicto a gran escala y sin tregua" si las empresas no aceptan incrementar sus aportes -16.000 pesos por cada empleado del sector- a la obra social del gremio.

Desde el ámbito de la lechería, fuentes de la Cámara de Productores de Leche Cuenca Oeste Buenos Aires (CAPROLECOBA) aseguraron a iProfesional que la protesta que viene promoviendo el sindicato "no tiene que ver con la mejora salarial de los trabajadores si no con el ingreso extra que persigue el mismo ATILRA".

"Las expectativas salariales han sido satisfechas. Lo que se discute, la tensión, está en los aportes extra que pretende el sindicato y que no son para sumarles ingresos a los trabajadores. Las empresas no están en condiciones de aportar un monto semejante por cada empleado y menos para un sindicato que no tendrá la obligación de explicar qué destino le dará a esos montos", se explicó.

Desde el sector lechero indicaron a este medio que, de cumplir con lo requerido por ATILRA, las compañías deberían desembolsar más de 400 millones de pesos en muy pocos meses "que se suman a los aportes convencionales y legales que las empresas, y a otro aporte al sindicato que si bien en su origen fue considerado extraordinario, nunca fue discontinuado".