¿Puede Molino Cañuelas ser la próxima Vicentin?
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Cuando el gobierno nacional dispuso la intervención de Vicentin, empresa emblemática de la industria egroexportadora argentina, otras compañías alimenticias lo tomaron como señal de alerta.
La historia que siguió es conocida. Desde el oficialismo se habló de recuperar la soberanía alimentaria e investigar los millonarios créditos que los dueños de la mencionada empresa habían contraído con distintas entidades –incluido el Banco Nación- cuando ya no estaba en condiciones de saldar esos compromisos.
Desde la oposición se realizaron marchas y movilizaciones para defender la propiedad privada, así como escraches a los interventores designados a la salida de la empresa, mientras los dueños se reunieron con el presidente Alberto Fernández para conversar sobre esta decisión.
Pero este avance sobre una empresa endeudada y sin capacidad de pago encendió las alertas entre otras firmas alimenticias en similares condiciones, como la de productos lácteos SanCor.
La productora de leche y derivados mantiene permanentemente una situación de deuda con proveedores. Desde hace años que está desinvirtiendo y reduciendo su producción. Y durante la cuarentena también avanzó con suspensiones, recortes salariales y pago de sueldo en cuotas.
Otra empresa que puede verse complicada es Molino Cañuelas. Consolidada en el segmento alimenticio como la mayor procesadora de trigo de la Argentina, Molino Cañuelas podría ceder hasta el 90 por ciento de su estructura a los bancos acreedores.
La dueña de etiquetas reconocidas como los bizcochos 9 de Oro, los aceites Cañuelas y la harina Pureza, puede ser la primera impactada del sector en caso de que el Gobierno se decida a expandir la misma estrategia desplegada en el caso de Vicentin.
Empresa clave en la producción de harinas
Molino Cañuelas, según pudo confirmar iProfesional días atrás, se mantiene al borde de la liquidación de activos a partir de un endeudamiento cercano a los 1.400 millones de dólares.
"Lo que evalúa la compañía es descomprimir la situación tras casi dos años de default. No tiene acceso a más financiamiento pero tiene un entramado de 21 plantas industriales que podría utilizar de manera económica para captar algo de aire", dijo a este medio un analista con llegada a la compañía.
Molino Cañuelas mantiene deudas con Banco Nación, Macro, HSBC, Provincia y Santander, además de incumplimientos con CMF, COMAFI, Hipotecario, BBVA, Ciudad y Galicia. No mantiene deudas con proveedores como es el caso de SanCor, y sigue en negociaciones con los acreedores.
"Los acreedores quieren que los activos se liquiden. Del otro lado, Navilli trabaja con abogados para tratar de blindar los bienes de la empresa y después sentarse nuevamente a negociar", indicaron voces del sector.
Las sucesivas devaluaciones, sumadas a una baja en los números de comercialización, terminaron acentuando la crisis de una compañía que ya en 2018 debía más de 760 millones de dólares. No es la única empresa de Navilli en problemas: su controlada Compañía Argentina de Granos (CAG), dedicada al acopio de cereales y oleaginosas, también se ve aquejada por un endeudamiento multimillonario.
Según se detalla en la base de datos del Banco Central (BCRA), Molino Cañuelas tiene compromisos a saldar por más de 20.000 millones de pesos.
¿Puede haber más de un Vicentin?
Analistas del rubro alimenticio que observan la situación de cada una de estas compañías, no ven como algo ilógico que, una vez estabilizado el funcionamiento de la empresa santafesina, el Estado se sume a la discusión respecto de qué hacer con estos actores clave en la producción de harinas y el procesamiento de leche.
"Si la compañía termina de cerrar su intento de acuerdo con los bancos, la acción del Gobierno no tendría mayor sentido. La cuestión será diferente si profundiza la indefinición. Estamos hablando del mayor productor de harina del país. No se lo puede dejar caer", comentó un experto consultado sobre Molino Cañuelas.
Por eso, tanto en las empresas en condiciones complicadas como los analistas del sector se sigue muy de cerca todo lo que ocurre con la intervención de Vicentin, para saber si es posible que se convierta en un primer caso testigo de cambios más profundos en la intervención del Estado en la economía privada.
Por lo pronto, esta semana el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, dispuso que los interventores designados por el Poder Ejecutivo Nacional no tengan por el momento participación en la administración de la cerealera.
La disposición del juez implica la continuidad de la administración de la compañía por parte de sus dueños, hasta tanto se resuelva el pedido del gobierno santafesino, según informó Noticias Argentinas.
Lorenzini decidió que el planteo de cómo actuarán los interventores sea tratado de manera separada del concurso, para no demorar la resolución de la situación de los casi 2.700 acreedores de la empresa. De esta forma, resolvió el pedido de intervención realizado por el Gobierno de Santa fe a través de la Inspección General de Personas Jurídicas, a fin de no obstaculizar el proceso.
Polémica por la investigación oficial
El miércoles el Senado de la Nación decidió por mayoría simple –y sin el apoyo de la oposición- la creación de una Comisión Bicameral para investigar las deudas que Vicentin tomó con la banca pública.
El proyecto presentado por el oficialista neuquino Oscar Parrilli obtuvo 41 votos a favor y 29 en contra. Fue respaldado por el Frente de Todos y sus aliados de Juntos Somos Río Negro y el Frente Renovador de la Concordia de Misiones.
En tanto, Juntos por el Cambio y el Interbloque Parlamentario Federal votaron en contra, además de denunciar que no se habían reunido los dos tercios de los votos.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, sostuvo que la creación de la Bicameral "no requiere de los dos tercios establecidos por el Reglamento de la Cámara porque es un proyecto de ley que puede ser votado con mayoría simple".
Además, aseguró que la Constitución Nacional faculta al Senado a "poder avanzar con esta Comisión investigadora" y reiteró: "No requerimos de los dos tercios porque estamos frente a un proyecto de Ley y no de Resolución".
En cambio, el bonaerense Esteban Bullrich, de Juntos por el Cambio, aseguró que "esto pretende modificar el Reglamento de la Cámara y esa modificación debe ser aprobada por los dos tercios de los votos".
"Las Comisiones que se crearon por Ley se hicieron con mayoría especial", recordó el senador de la oposición, en declaraciones relevadas por Télam.