Otra vez la mano de Cristina en una expropiación: por qué el avance sobre Vicentin puede costarle caro al país

Como en diciembre del 2008 con Aerolíneas Argentinas, en abril del 2012 con YPF, y en agosto del mismo año con Ciccone Calcográfica, la mano de Cristina Kirchner también se extiende en la decisión del Gobierno de expropiar Vicentin.

Hubo muchas otras empresas privadas que también fueron estatizadas desde que en el 2003 asumió Néstor Kirchner, como el Correo Argentino (2003) y Agua y Saneamiento Argentinos (AySA, 2006), entre otras.

Pero bajo la gestión de Cristina Kirchner, se sumaron otras tres grandes empresas, además del final de las AFJP y la estatización del sistema privado de jubilaciones.

Ahora, la presencia y el protagonismo que en la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández para anunciar el futuro de Vicentin tuvieron la senadora Anabel Fernández Sagasti y Gabriel Delgado es un claro mensaje del rol que otra vez la vicepresidenta tiene en la estatización de otra empresa privada y emblemática.

En el caso de la legisladora nacional, fue candidata a gobernadora de Mendoza con el respaldo de la agrupación política La Cámpora, es hoy la persona de mayor confianza de Cristina en la Cámara alta y fue quien le llevó al Presidente el proyecto para que Vicentin pase a manos del Estado nacional.

Con respecto a Delgado, fue el último secretario de Agricultura de Cristina cuando Carlos Casamiquela era ministro de esa área, entre el 2013 y el 2015. Incluso llegó a ser también el candidato elegido por la vicepresidenta para ocupar la cartera de Agricultura que hoy está en manos de Luis Basterra.

Vicentin: Alberto Fernández anunció que buscará la expropiación de la empresa.

Una vocación expropiadora

Todos los datos anteriores demuestran el fuerte impulso expropiador que los gobiernos donde participó y participa la viuda de Néstor Kirchner adoptan con los argumentos de defender la "soberanía nacional" en actividades del sector privado.

En el caso de Aerolíneas Argentinas, la ley que el 17 de diciembre del 2008 votó el Congreso declaró de "utilidad pública" a la compañía que hasta ese momento pertenecía al grupo español Marsans con el argumento de recuperar la "soberanía aerocomercial del país".

En el caso de YPF, se ordenó tomar el 51% de las acciones que en la petrolera tenía el grupo español Repsol junto al empresario argentino José Eskenazi, haciendo referencia a la "soberanía energética".

En ese momento, el proyecto se denominó "Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina", y sostuvo que el modelo elegido para el futuro de YPF "no es de estatización sino de recuperación de la soberanía y control de los hidrocarburos".

Lo mismo ocurrió con Ciccone, la imprenta que Amado Boudou junto a dos amigos intentó comprar para quedarse con el negocio de la impresión de billetes en la Argentina y que terminó con el ex vicepresidente en condenado y en la cárcel hasta hace un mes atrás.

En ese caso, el kirchnerismo logró convertir en ley el proyecto para declarar de utilidad pública y sujetar a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), ex Ciccone Calcográfica. Los motivos se refirieron a la necesidad de "mantener la soberanía monetaria".

Ahora, el Gobierno eligió la soberanía alimenticia para expropiar Vicentin y crear un grupo agroalimentario estatal, cuyos activos pasarán a formar parte de un fideicomiso gerenciado por una nueva filial de YPF creada específicamente para ese objetivo.

Expropiación: qué ocurrirá en el Congreso

Desde La Cámpora están convencidos de que en el Senado la iniciativa será aprobada sin problemas, teniendo en cuenta que el frente gobernante cuenta con mayoría propia para convertir en ley lo que considera es u proyecto que dinamizará la producción de alimentos de la Argentina. En la Cámara alta, la alianza gobernante cuenta con 41 representantes, por lo cual se encuentran por encima del quórum necesario para aprobar una ley.

Congreso: la expropiación podría de Vicentin podría avanzar pese al fuerte rechazo opositor.

En Diputados, el Frente de Todos acumula 122 legisladores y necesita 130 para iniciar una sesión. Es decir, deberá convencer a ocho diputados de la oposición para poder obtener quórum y abrir el debate. Se especula que estos votos provendrán de la izquierda de Romina del Plá y Nicolás del Caño y también del Bloque Federal de Graciela Caamaño, que tiene 10 diputados propios que responden a Roberto Lavagna.

De hecho, durante el almuerzo que el ex ministro de Economía y candidato presidencial tuvo el jueves de la semana pasada con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos se cerró un acuerdo para que se pueda avanzar con ese respaldo parlamentario.

Si bien con estos números, el Gobierno podrá respaldar en el Congreso la expropiación de Vicentin a pesar de que habrá un fuerte rechazo opositor, habrá que analizar el camino judicial que tendrá esta determinación si es que los actuales propietarios de la cerealera recurren a la justicia para rechazar la medida o reclamar una indemnización ante una decisión que ya no tiene marcha atrás.

Argentina, expuesta a demandas

Se podría recordar que el Estado argentino todavía enfrenta reclamos de empresas extranjeras que fueron despojadas de sus activos locales a partir de la política de ruptura de contratos, expropiaciones, reestatizaciones y cambios de pautas tarifarias que se aplicaron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Estas demandas están asentadas en el CIADI, el órgano de revisión de controversias judiciales del Banco Mundial y son impulsadas por grupos internacionales como las iniciadas por la norteamericana Met Life, que reclama u$s444 millones por la estatización de su AFJP.

Hay además demandas con sentencia firme por u$s841 millones y en curso otros juicios por u$s1.571 millones, entre los que se encuentran los casos de las expropiaciones de Aguas Argentinas; Aerolíneas Argentinas; YPF, para citar algunas de las cuales se tomaron por orden o intervención del matrimonio Kirchner.

De hecho, en el caso de la demanda contra la Argentina por la petrolera estatal que se lleva a cabo en los tribunales de Nueva York, existe mucha preocupación en el Gobierno.

En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que la postura del Gobierno en el juicio por la expropiación de YPF "continúa siendo la misma" respecto de la jurisdicción y subrayó que se debe tratar de "ver de qué modo" llegar a un acuerdo ante la posibilidad de abonar un resarcimiento.

El funcionario hizo estas declaraciones luego de que la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló el pasado viernes en contra de la Argentina al decidir que el juicio seguirá en los tribunales de los Estados Unidos.

La jueza Loretta Preska es la que tiene en sus manos imporatntes litigios contra el país.

Tras esta decisión, los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio contra la Argentina por el caso YPF, podrían pedir que se ordene a la compañía y al Gobierno abonar un resarcimiento por presuntos daños económicos, que podrían alcanzar los u$s9.000 millones.

Si bien en el caso de Vicentin, al tratarse de una compañía de capitales nacionales, una eventual demanda no debería ser canalizada ante el CIADI sino en los tribunales argentinos, posibilidad que los accionistas de la empresa ya se encuentran estudiando con sus abogados.

De hecho, en los próximos días se conocerá la postura de los dueños de la empresa frente a esta situación de la cual, según fuentes cercanas a la empresa, se enteraron por la conferencia de prensa que brindó el presidente Alberto Fernández.